Las elecciones de 2021 serán históricas no solamente porque serán las más grandes que ha habido en el país, sino también porque los candidatos y candidatas tendrán que cumplir con un nuevo requisito: la 3 de 3 contra la violencia de género, a nivel federal y local, en la cual deberán demostrar que no han sido sancionados por acoso sexual, violencia familiar, ni por ser deudor de pensión alimentaria.
Si este requisito hubiera existido en elecciones previas, el gobernador de Nuevo León, Jorge Rodríguez El Bronco, el senador Martí Batres y otros funcionarios locales elegidos por el voto, como el presidente municipal de Armería, Colima, Salvador Arceo, habrían tenido problemas para obtener sus respectivas candidaturas, pues existían demandas por parte de sus ex parejas por violencia familiar o por haber mentido para pagar pensiones alimenticias más bajas a sus hijos.
No debe haber tolerancia a ninguna clase de violencia de género, y es una forma de proteger a las mujeres, sean o no candidatas, expresaron Adriana Favela y Carla Humphrey, consejeras electorales del INE, durante la la sesión del Consejo General del INE en la que fue aprobada la iniciativa.
Para las elecciones de 2021, “el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció tres requisitos más para poder postular a candidatos: no ser deudor alimentario (de pensión alimenticia), no estar sentenciado por violencia intrafamiliar y no haber sido sancionado por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal”, nos explicó Lorena Vázquez Correa, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Este avance es muy importante, porque si alguién quiere obtener una candidatura tendrá que comprometerse a no ejercer violencia, es decir, trascienden a lo político y personal, sino que llega al ámbito privado, destacó Vazquez Correa.
La propuesta para este cambio no salió de los despachos del gobierno o del INE, sino de Las Constituyentes CDMX, una red de mujeres feministas que buscan incidir en la elaboración de los contenidos de la Constitución de la capital, que impulsaron esta iniciativa.
“No legislar esto sería un mensaje muy grave de impunidad a favor de los agresores de mujeres(…) Desafortunadamente ningún partido se salva de tener entre sus filas a acosadores, agresores y deudores (…) No podemos permitir que alguien aspire a velar en lo público lo que viola en lo privado”, declaró al medio de comunicación Yndira Sandoval, defensora de derechos humanos y cofundadora de Las Constituyentes CDMX a Latinus.
Desde presidentes municipales hasta Peña Nieto tienen denuncias por estos delitos
El senador Noé Castañón –actualmente del partido Movimiento Ciudadano– tuvo que renunciar a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018, tras ser denunciado por su ex esposa, Mayte López, por violencia familiar y por usar sus influencias para quitarle la custodia de sus hijos y no permitirle verlos.
Un caso más reciente fue el de el diputado local de Morelos Marcos Zapotitla, quien era el presidente de las Comisiones de Igualdad de Género y sus compañeras le exigieron que solicite licencia para ser investigado, tras haber sido denunciado por violación. Su partido, Encuentro Social (PES), lo “exhortó” a separarse de la bancada.
Zapotitla ya arrastraba otras acusaciones por parte de mujeres. Meses antes, una trabajadora del Congreso de Morelos lo denunció por acoso laboral y por usar sus influencias para despedirla, como documentó el periodico El Financiero.
En Colima, Salvador Bueno Arceo, presidente municipal de Armería, que llegó al cargo de la mano de la Coalición Juntos Haremos Historia, fue denunciado por su esposa tras golpearla con el puño y la cacha de una pistola. Bueno Arceo negó los hechos y agregó que las peleas familiares se arreglaban en casa.
En 2015, cuando Jaime Rodríguez Calderón El Bronco se postulaba como candidato independiente para ser gobernador de Nuevo León, declaró que nunca había golpeado a una mujer.
Al ver eso, su ex esposa Silvia Mirella González Martínez reveló al peridico Milenio que El Bronco mentía. “Precisamente por eso me divorcié de él, me pegó delante de mi hija. Yo no puedo permitir que mi hija viera una cosa así, porque es contra su educación”.
El senador Martí Batres Guadarrama, quien fungía como presidente del Movimiento Regeneración Nacional en 2015, fue acusado ese mismo año por su ex esposa Cristina Gaytán, diputada del PRD, por haber falseado información para no pagar la pensión alimenticia de su hija. Gaytán declaró que Batres contó con la ayuda del mismo juez para evadir su responsabilidad.
Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de la república durante el sexenio 2012-2018, no se quedó atrás. En 2012, Maritza Díaz Hernández, con quien tuvo una relación extramarital por varios años, lo denunció por no hacerse responsable de su hijo, en Twitter publicó “es papá bimestral” y aseguró que éste pretendía bajar la pensión alimenticia.
¿Cómo funcionará a 3 de 3?
Los partidos políticos serán los encargados de supervisar que los aspirantes que van a postular a cargos de elección popular firmen una declaración de que no han incurrido en ninguno de los delitos ya mencionados.
Si se descubriera que alguno de las y los aspirantes mintió en sus declaraciones, se podrá revocar el registro del candidato. Por otro lado, si los partidos son quienes detectan esto, tendrán que sancionar y brindar lineamientos contra la violencia de género.
Además, el INE puede denunciar (jurídicamente) que el o la aspirante incurrió en falsedad, cuya sentencia va de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa, como explicó Vázquez Correa.
“La 3 de 3 son lineamientos, es decir, son criterios que establece el INE que tienen una validez durante el proceso electoral en el que son emitidos. Es un mecanismo de propia voluntad que será adoptado por quienes se postulen a los partidos políticos que presenten esas candidaturas ante el INE, pero si no se cumplen habrá consecuencias”, aclara Vázquez Correa.
