Hay 109 empleados de cárceles que podrían presumir que fueron a una escuela más cara que Harvard, pues el gobierno pagó, en promedio, 1.5 millones de pesos para que asistieran a alguno de los tres cursos que les impartieron.
La matrícula de la Universidad de Harvard –una de las más caras del mundo– cuesta poco más de 67 mil dólares (alrededor de 1.3 millones de pesos), tarifa que incluye dormitorio, según su página oficial.
Durante el corto tiempo de vida de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), ésta gastó casi 161 millones de pesos para impartir tres cursos, por un total de 274 horas a 28 empleados penitenciarios estatales y 81 federales, de acuerdo con información obtenida por Cuestione, vía transparencia.
Si calculamos a cuánto ascendió el costo por cada uno de los 109 participantes, o las 274 horas en total que fueron impartidas entre los tres cursos, las cifras son altas.
“Adiestramiento, actualización y especialización penitenciaria”; “Taller de traslados”; y “Protocolos de actuación” fueron los tres cursos que se impartieron, el primero en octubre de 2016 y los otros dos en 2018.
La Academia se estableció en las antiguas instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social 10 de Coahuila, el cual se separó del sistema penitenciario en enero de 2017, por no reunir “las condiciones y requisitos para seguir operando como centro de ejecución de sanciones y medidas de seguridad”.
Pero algo pasó y la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió que vuelva a operar como prisión. Esto hace de Coahuila la única entidad con dos penales federales: el 10, en Monclova, y el 18, en Ramos Arizpe.
Regresar la prisión a su función original puede responder a un análisis funcional y administrativo, explica Carlos Vilalta, experto en sistema penitenciario del Centro Geo. De acuerdo con él, había “desperdicio de recursos” por lo que es razonable “regresar el espacio para lo que fue construido, lo que me parece racional”, dijo en entrevista con Cuestione.
De prisión a escuela y… otra vez a prisión
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se emprendió el mayor crecimiento de estructura penitenciaria federal del país, al pasar de seis a 21 prisiones. Una de estas nuevas justo ese penal, que funcionó como tal menos de cinco años.
Que no se use bien un penal tan grande representa un alto costo para el gobierno. Tan solo en electricidad se gastaron más de dos millones de pesos, entre 2017 y mayo de 2019, a pesar de que se impartieron únicamente 274 horas de cursos.
Bajo el mando de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha decidido que vuelva a operar como penal, a pesar de las protestas por parte de la Unión de Organismos Empresariales de Monclova.
En esta nueva etapa del reclusorio, expone Durazo en el Diario Oficial, donde se publicó la decisión: “se diseña un modelo de reinserción social enfocado a las personas privadas de la libertad próximas a obtener la libertad”, aunque no hace mención de las fallas de seguridad que lo llevó a su cierre, en primer lugar.
