¿Y la Ley de Amnistía?
En México ya van 85 personas fallecidas por COVID-19 en centros penitenciarios, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Para evitar un escenario como este, países como España, Francia, Marruecos, y Estados Unidos han dejado salir a personas privadas de su libertad.
De acuerdo con la CNDH, en nuestro país hay más de 500 casos sospechosos de COVID-19 en prisiones.
Y la esperanza de libertad que prometía la Ley de Amnistía, de la cual se habrían podido beneficiar unas 4,200 personas, según estimaciones de Equis Justicia para las Mujeres, es aún lejana, nos explicó Maissa Hubert, subdirectora ejecutiva de esta organización.
Esto a pesar de que ante la pandemia, la CNDH recomendó la liberación de personas que hayan cometido delitos menores y que estén en prisión. La falta de infraestructura penitenciaria y de personal médico para la atención de las personas privadas de la libertad eran algunos de los motivos de recomendación de la Comisión.
La añeja promesa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, la de liberar a personas encarceladas injustamente con una Ley de Amnistía, va a tardar.
Porque aún cuando esa ley ya se aprobó en la Cámara de Senadores el 20 de abril pasado, todavía falta la instalación de la Comisión de Amnistía, que tendrá que analizar cada uno de los casos de preliberación.
La instalación de la Comisión podría tardar hasta un mes más, asegura Maissa Hubert.
Mientras, 205 mil personas continúan privadas de su libertad en 295 centros penitenciarios en todo el país. De estos, 263 son estatales, 19 los maneja el gobierno de AMLO y 13 el gobierno de la Ciudad de México).
Del total de penales en el país, 111 -es decir, poco menos de la mitad– tienen problemas de sobrepoblación, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En tiempos de pandemia, la liberación de personas privadas de la libertad que cometieron delitos menores importa porque los centros penitenciarios, además del hacinamiento, enfrentan condiciones de insalubridad, que son ingredientes perfectos para la dispersión del virus, dijo Hubert.
Además, dejar a las personas que podrían ser candidatas a obtener su libertad encerradas en prisión en medio de la pandemia vulnera sus derechos a la vida, y a la salud, aseguró la directiva de esta organización.
CDMX ya liberó a algunas personas.
En la Ciudad de México fueron liberadas 250 personas de 800 que ya estaban por cumplir sus sentencias y así aliviar la sobrepoblación en cárceles capitalinas, de acuerdo con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quienes fueron puestas en libertad en el marco de la Ley de Ejecución Penal, vigente desde hace cuatro años.
El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, nos precisó que se trata de 190 personas beneficiarias, y no de las 250 que dijo la jefa de Gobierno. Y aunque prometió ampliar la información, hasta el cierre de esta edición no lo había hecho.
Al solicitar información sobre la situación de las personas privadas de su libertad en el país, personal de comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo explicó que gestionaría la petición, sin que hasta el momento hubiera una mejor respuesta.
De las personas que han sido liberadas en el contexto de la pandemia, se tiene un registro de 779 personas en todo el país al mes de mayo, según datos de un monitoreo en medios de comunicación realizado por la organización Documenta.
Ley de Amnistía y Ley de Ejecución Penal ¿cuáles son las diferencias?
Ley de Amnistía
No es que se vaya a liberar a todas las personas privadas de su libertad. Esta Ley, aprobada en la Cámara de Senadores apenas el 20 de abril pasado, solo se podrá aplicar en algunos casos. Se estima que podrían beneficiar a unas 4,200 personas, de las cuales, poco más de 600 son mujeres, dijo Maissa Hubert.
Para que las personas privadas de su libertad puedan beneficiarse de esta ley deben reunir ciertos requisitos:
1.- Que hayan sido presionadas para cometer algún delito
2.- Que los delitos que cometieron no hayan sido contra la vida o la salud de otra persona.
3.- Que sus procedimientos penales hayan sido irregulares (sin traductores en caso de personas indígenas, o con violaciones a sus derechos humanos).
4.- Para ser una persona beneficiaria de esta Ley no es necesario que haya una sentencia condenatoria.
5.- Haber realizado una reparación del daño, en este sentido, esta puede ser con dinero, o bien, las personas privadas de la libertad pueden llegar a otros acuerdos para hacer esta reparación de otras maneras.
6.- Es para personas en condiciones de vulnerabilidad, como adultos mayores y mujeres que sean sostén económico de sus familias, aunque también contempla a hombres que hayan enfrentado irregularidades en sus procesos .
Uno de los riesgos de esta legislación es que se presta a interpretaciones subjetivas. Un ejemplo: si una mujer es presionada por su pareja para la comisión de un delito, queda a la interpretación del juez si hubo o no presión, dijo Maissa.
Ley de Ejecución Penal
Esta es la Ley bajo la que han sido pre liberadas las más de 700 personas en el contexto de la pandemia en el país, según Documenta. Existe desde 2016 y es para garantizar los derechos de las personas que ya están en centros penitenciarios. Esta legislación contempla dos esquemas: la libertad condicionada y la liberación anticipada, explicó Nohemí Juárez, abogada, integrante del área de acompañamiento jurídico de Documenta.
Las personas que participaron en actividades de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas no pueden acceder a ninguno de estos esquemas de liberación.
Para las personas que quieran acceder a cualquiera de estas dos modalidades, deben cubrir los siguientes requisitos:
1.- Que no haya riesgos para las víctimas.
2.- Haber tenido buena conducta.
3.- Cumplir con un plan de actividades al interior del centro penitenciario (laborales y educativas, entre otras)
4.- Haber cubierto la reparación del daño.
Para tener una libertad anticipada las personas privadas de su libertad deben haber cumplido 60% de la pena impuesta, mientras que quienes busquen una libertad condicional deben haber cumplido la mitad de la pena, dijo Juárez.
El procedimiento para obtener alguno de estos beneficios es de unos tres meses en promedio, y con la pandemia pueden llegar a ser más largos, dijo Noemí Juárez, en entrevista con Cuestione.
¿Y qué sigue ?
Mientras se espera la puesta en marcha de la Ley de Amnistía, la Ley de Ejecución Penal podría aliviar la sobrepoblación que hay en las cárceles para evitar mayores contagios en tiempos de la pandemia, sin embargo, las autoridades penales estatales son las que deciden a voluntad si implementan o no esta legislación, dijo Juárez… y la pandemia sigue avanzando.
