ONG’s lamentan respuesta del Estado
Al mismo estilo que las administraciones pasadas, el gobierno federal que ahora encabeza Andrés Manuel López Obrador admitió frente al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) que no tiene datos desagregados que expliquen cómo impacta la tortura en las mujeres.
Durante toda su participación (las audiencias se hicieron por dos días y duraron hasta tres horas), las y los representantes del Estado mexicano que acudieron ante el CAT enumeraron los protocolos e instrumentos legales que desde las administraciones pasadas existen para la prevención e identificación de la tortura, pero omitieron resultados sobre la eficiencia de éstos.
Por si fuera poco, la comisión enviada por el gobierno tuvo que admitir la falta de datos desagregados por sexo y edad en materia de tortura, lo que es una exigencia que le han hecho al gobierno mexicano, desde décadas atrás, los organismos internacionales en recomendaciones de éste y otros temas.
A pesar de ellos, la delegación mexicana afirmó que la tortura y el feminicidio son prácticas que van a la baja.
Esto contradijo las declaraciones de Diego Rodríguez Pinzón, miembro del CAT, acerca de que la tortura en México sigue siendo una práctica “generalizada y endémica”, como ya lo había dicho en 2015 y 2017 Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles.
En su intervención el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Francesco Pipitone, dijo: “sobre la referencia usada el día de ayer en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México, el gobierno federal reconoce los retos y desafíos que representa la tortura. Sabemos que es un problema grave, lo tenemos claro, y lo estamos atendiendo, pero es igualmente cierto que no se trata de una política de Estado y ni que su práctica sea generalizada”.
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“Decepcionante” la respuesta del Estado
En entrevista para Cuestione, Olga Alaniz, responsable de incidencia internacional de la Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos) -que integra a decenas de ONG’s- dijo que la respuesta del Estado fue “decepcionante”.
Ello porque veían una buena oportunidad para que la nueva administración admitiera que la tortura en el país sí es generalizada, y para que se desmarcara de las prácticas y políticas de las administraciones pasadas.
Pero en lugar de eso, la delegación que representó a México dio respuestas contradictorias y difusas.
Y aunque las organizaciones señalaron en un informe alternativo los diferentes perfiles de las víctimas y de contextos en los que ocurre la tortura (como la violencia obstétrica y durante detenciones), el Estado no hizo referencia a este respecto y no fue capaz de responder cuando el CAT le hizo cuestionamientos específicos.
Otra afirmación desafortunada por parte de la comisión mexicana es que el feminicidio iba a la baja, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, aún cuando el contexto nacional evidencia una crisis de violencia contra las mujeres en todo el país, dijo la activista.
Lo que más sorprendió a las ONGs es que la nueva administración fue hasta Ginebra a presentar y defender los datos en un informe oficial que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar de aportar datos nuevos.
Por todo ello, las organizaciones exigen que en las iniciativas que trabaje la nueva administración -considere el impacto diferenciado de la tortura en las mujeres, y se incluya en su elaboración a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan-, “para que sean propuestas reales y no una simulación”, dijo la activista.
Alaniz enfatizó que México tiene al menos tres mil recomendaciones internacionales en diferentes temas vinculados a la violación de derechos humanos; aunque tiene una buena trayectoria de aceptar esas recomendaciones, no tiene la misma para implementarlas.
Los otros datos
Previo a la participación del Estado mexicano, una delegación que representa a más de cien organizaciones civiles presentaron a las Naciones Unidas un informe alternativo con datos, análisis y casos recopilados por ellas que evidencian la tortura como un flagelo sistemático en México en diversos contextos: migración, sistema de salud, sistema de justicia, entre otras.
En este documento, se detalla que, de las ocho mil 335 investigaciones por tortura, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura informó que había presentado cargos en apenas 17 casos, en 2018.
Señalaron que el Ejército y la Armada han sido identificadas como los peores perpetradores, ya que los arrestos por parte de estas fuerzas armadas conlleva un 86% de riesgo de tortura, y las mujeres encarceladas y arrestadas por la Marina señalaron que fueron violadas en 41% de los casos.
De acuerdo con el informe, la tortura sexual a mujeres incluye, además de violaciones sexuales, la amenaza de realizarlas, tocamientos y/o descargas eléctricas en pechos, glúteos y/o genitales.
La tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (por ejemplo, refiriendo que las víctimas son “putas” o “rejegas”, o que “les gusta” la tortura sexual), así como la violencia y tortura física para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones).
Las organizaciones declararon que hasta ahora, el nuevo gobierno federal se ha mantenido en silencio ante esa “epidemia de tortura”, y que es probable que las nuevas leyes que incluyen la creación de la Guardia Nacional militarizada aumenten la incidencia de esta práctica.
¿Y ahora, qué falta?
México aún puede enviar información complementaria al CAT a más tardar el próximo 30 de abril; mientras, el organismo internacional tiene hasta el 17 de Mayo para emitir su informe sobre este examen. México volverá a ser examinado por el CAT dentro de cuatro años, dos años antes de que acabe el sexenio de López Obrador.
