En lo que va de las elecciones, autoridades electorales e instituciones judiciales han recibido casi treinta quejas y denuncias contra Andrés Manuel López Obrador por intromisión electoral.
El presidente ha usado su conferencia de prensa de las mañanas para emitir comentarios sobre candidatos y ha hecho propaganda a los programas sociales del gobierno federal.
Hoy el INE tiene 27 quejas al respecto; la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) tiene una denuncia penal; y la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene tres solicitudes de enviar observadores electorales a México.
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La discusión sobre si López Obrador debe o no intervenir en las campañas se basa en la incógnista de si estos comentarios son propaganda electoral que influyen o no en el voto. ¿Esto es legal o hay un área gris en la ley que le permite hacerlo?
¿Qué dice la ley?
Un integrante del Poder Judicial nos explicó que la legalidad o no sobre las “intervenciones” en el proceso electoral se basan tanto en la Constitución, como en la Ley General de Procesos Electorales.
Los artículos 41 y 134 de la Constitución obligan a la “equidad en la contienda”, ya que prohíben “la intervención de cualquier funcionario en las elecciones”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Tribunal Electoral) ha emitido sentencias en las que se restringen los temas que el presidente puede abordar en sus conferencias mañaneras, sin embargo, López Obrador no las ha acatado.
La autoridad electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF tienen funciones como árbitros que regulan los comentarios y conducta del presidente que, en sus propias palabras, no ha hecho nada malo.
El 19 de abril, la Comisión de Quejas del INE emitió una medida cautelar para evitar propaganda gubernamental en las mañaneras, ¿esto qué significa?
La medida cautelar sirve como “aviso” al presidente de una actitud indebida. En este caso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó a López Obrador que, durante las campañas electorales y hasta el día de la elección, tiene que abstenerse de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.
El INE busca que haya “piso parejo” para las y los candidatos de distintas partidos y que los apoyos del gobierno federal no tengan fines clientelares, es decir que no se usen como herramienta para captar votos para el partido del presidente.
López Obrador ha hecho comentarios directamente sobre el actuar del INE, institución a la que acusa de llevar a cabo ataques contra su gobierno, como cuando criticó que le cancelaran el registro a Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
Sin embargo, para Victor Aramburu, doctor en Políticas Públicas y conductor del programa económico de Capital 21 Economía con Sazón, las medidas que ha tomado la autoridad electoral van de la mano con la conflictiva relación que han tenido el presidente y la autoridad electoral en el pasado.
En opinión de Aramburu, López Obrador sí debe opinar sobre las elecciones dado que no sólo es un jefe de estado, sino de gobierno, y por lo tanto debe involucrarse. Además de que la relación “conflictiva” que tiene con el INE se debe al papel “claramente no imparcial que ha jugado el INE como árbitro”, agregó.
Cómo han respondido los partidos
Los partidos políticos que han presentado denuncias las basan tanto en peculado, por usar recursos públicos para propaganda, como en violación a las leyes electorales.
En el caso de la que presentó el PRD, el partido argumentó que las conferencias mañaneras usan recursos materiales y humanos que son pagados directamente de la Oficina de la Presidencia y que están siendo utilizados con fines de propaganda para favorecer a las y los candidatos de Morena.
El PRD presentó la primera denuncia penal contra el presidente el pasado 13 de mayo. Jesús Zambrano, líder de ese partido, denunció a López Obrador ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por intromisión en el proceso electoral. En un video, Zambrano acusó al presidente de “delincuencia electoral” y afirmó que debe “sacar las manos” de las elecciones.
Pocos días después, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se quejaron de López Obrador ante integrantes de la OEA durante una reunión virtual. Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, dijo que “el Ejecutivo Federal está interviniendo de manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las medidas cautelares impuestas por el propio el INE, algunas de las cuales han sido confirmadas por el Tribunal Electoral. López Obrador funge como vocero principal de la campaña morenista y realiza, desde Palacio Nacional, una campaña contra el PAN y la coalición opositora “Va por México”, integrada por ese partido, por el PRI y por el PRD.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de la OEA en Lima. Esta funge como instrumento legislativo que tiene como objetivo el “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” de los países miembros.
México, al ser integrante del organismo, formó parte de la elaboración de la Carta en 2001 y por ende, los artículos de la misma tienen validez dentro de su territorio.
El artículo mencionado por Castañeda, establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” y según el partido Movimiento Ciudadano, una intromisión electoral viola los principios de una democracia.
La sanción
Además de las solicitudes de enviar observadores a México ante la OEA, hoy el INE tiene 27 quejas del PAN y del PRD contra López Obrador y la FEDE tiene una denuncia penal.
Las quejas del PAN y del PRD se hicieron ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del INE, esta es la parte del INE que regula e infracciona las violaciones de las leyes electorales.
Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y exconsejero del IFE, dijo en entrevista con Proceso que López Obrador es el presidente “más interventor” y que la “intervención del presidente de la República, no se compara con ningún momento previo de 1996” principalmente porque ha atacado y criticado directamente al INE.
Merino, como el PRD, también cuestiona la autonomía de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la FEDE y del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“En Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua sigue la violencia contra comunidades enteras. ¿Dónde están las carpetas de investigación que abre la FGR contra esas personas que causan crímenes, miedo y terror en zonas completas del país? La FGR está ocupada investigando a un candidato porque Morena puede perder las elecciones; está haciendo boletines y propaganda electoral ¿No le parece a usted ominoso?” dijo Merino en entrevista con Proceso.
Panorama en otros países
Regular la “no intervención electoral” es común en América Latina porque parte de la idea que la democracia permite la alternancia y, no intervenir “evita” que el gobierno en turno se convierta en un gobierno autoritario que tome el control de las elecciones.
Al igual que México, tanto Guatemala como Chile establecen en su Constitución que los funcionarios no deben involucrarse en los comicios para evitar “viciar la elección”.
En el caso de Guatemala, la reelección está prohibida en la Constitución mientras que Chile la permite sólo en en periodos no consecutivos. Sin embargo, en ambos casos prohíben a los funcionarios entrometerse en las elecciones por el pasado militar y autoritario de ambos y se hizo con tal de evitar que el gobierno vuelva a intervenir abiertamente en las elecciones.
En democracias donde se permite la reelección, la no intromisión no figura en su legislación porque es necesaria la propaganda. Tal es el caso de Estados Unidos, donde los funcionarios no tienen prohibido apoyar a algún candidato con el que simpaticen. Como se vio con George Bush en 2008 cuando apoyó abiertamente a McCain o en 2016, cuando Obama acompañó a Hilary Clinton durante un evento en Filadelfia.
A dos semanas de las elecciones aún no sabemos si será positiva o negativa la relación entre los comentarios del presidente y la decisión del voto.
Lo que sí sabemos es que conforme se acerca el día de la jornada electoral las encuestas en algunos estados se han ido cerrando y muy probablemente las intervenciones de López Obrador aumenten. ¿Tendrá consecuencias y sanciones de verdad? ¿O es posible que estas leyes ya sean arcaicas?
