Noé Jiménez Pablo era un líder indígena de Chiapas. Cuidaba del agua, rechazaba las megaobras que dañan el ambiente y buscaba un cambio de autoridades locales en Amatán, su pueblo natal. Él y un grupo de activistas ocuparon el palacio de gobierno del municipio desde agosto, en protesta en contra del alcalde Manuel Carpio Mayorga.
En la madrugada del 17 de enero, decenas de hombres los desalojaron por la fuerza. A Noé se lo llevaron. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un basurero, con huellas de tortura.
La trágica muerte de Noé se pudo y debió haber evitado. Estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Programa que, en la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido un recorte atroz en su presupuesto.
Como Noé, el periodista Rafael Murúa Manríquez, también bajo el “amparo” del Mecanismo, fue asesinado en enero.
En menos de tres meses de gobierno de López Obrador, fueron asesinadas dos personas “protegidas” por el Mecanismo del gobierno federal. De seguir con este ritmo, muy pronto superará la cifra de cuatro defensores y periodistas –inscritos al Mecanismo– asesinados durante el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto.
“Todo el mundo sabía que Noé estaba incorporado (al Mecanismo), que había una agresión en curso, y que varios defensores de derechos humanos estaban siendo atacados, y nadie hizo nada”, dijo Leonel Rivero, compañero y abogado del activista. Sin embargo, Noé aún no contaba con ningún tipo de protección, porque estaba pendiente la evaluación de riesgos.
En el caso de Noé, el riesgo era aún más inminente, pues su hermano, Andrés, ya había sido asesinado en 2017. Pero el proceso de la evaluación de riesgos suele estar empantanada por la falta de personal y recursos, explicó a Cuestione Alejandro Cerezo, activista del Comité Cerezo. “No hay un buen análisis de riesgo, de género, ni comunitario… Tiene que ver con la capacidad del analista, pero también con la voluntad política del Estado de hacer un buen análisis”, dijo.
“Es preocupante que, en todos estos casos, las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos… El hecho de que tanto el señor Murúa, como el señor Jiménez, fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia”, dijo Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado en el comunicado.
Uno de los puntos débiles del Mecanismo, señala Amnistía Internacional en un informe de 2017, es la: “Rotación continua del personal, lo que hace prácticamente imposible que todas las solicitudes sean abordadas por autoridades con formación”.
Menos dinero, más personas inscritas
A pesar de que el número de personas que buscaron la protección del Mecanismo creció, el presupuesto para el mismo disminuyó.
Cuando se creó el Mecanismo, en 2012, había 211 personas inscritas a él, para enero de 2019 son ya 831, es decir, en siete años se cuadruplicó el número de activistas y periodistas que buscaron la protección del Estado; mientras que el presupuesto pasó de alrededor de 54 millones a 207 millones de pesos, incremento de 279%.
Hoy, el Mecanismo no cuenta con suficientes recursos para proteger a quienes lo requieren, coincidieron tanto activistas, como integrantes de un grupo ciudadano que vigila el mecanismo (Consejo Consultivo). La política de austeridad del presidente López Obrador asignó 207 millones de pesos para 2019, lo que representa 27% menos que en 2018, cuando obtuvo 285 millones. Por el contrario, López Obrador debe atender con menos dinero a 7% más de personas inscritas, que pasaron de 771 en noviembre a las 831, ya mencionadas.
“Continúan los casos llegando a los mecanismos, cada vez son más. No hay dinero que alcance para atender a tanta gente… Se termina dando una atención insuficiente”, dijo Julio Colín, investigador del programa Protección y Defensa de Artículo 19. En 2019, al final de enero, el Mecanismo disponía de 48 millones de pesos.
No sólo es un problema de dinero lo que no permite a las autoridades brindar mayor protección, sino que existe una retroceso en la actuación de quienes integran el Mecanismo, que no anteponen la seguridad de las personas amenazadas por encima de los largos trámites que tienen que llenar periodistas y activistas, apuntaló el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl Carrasco. “Desde que empezó este gobierno hay una crisis administrativa y crisis de dirección… Hemos visto que el subsecretario Encinas tiene otras prioridades y el Mecanismo no lo es”.
Con el enemigo en casa
Actualmente hay 831 personas inscritas al Mecanismo, 533 de ellas son defensoras de los derechos humanos y 298 periodistas. Las entidades que más acumulan inscritos son Ciudad de México con 127, Chiapas 93, Oaxaca 65 y Estado de México 59.
Patricia Espinosa, la hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado en 2015 en la Ciudad de México, es una de ellas. Sin embargo –dice Espinosa a Cuestione–, las medidas son insuficientes y no protegen a los beneficiarios de nadie, acusó.
“Las entrevistas se hacen cada seis meses y es cuando podemos hablar un poco de lo que pasa… pero en realidad no hay una acción contundente. Se siente uno vulnerable. Yo he aprendido a tener mi propio mecanismo de defensa. Lejos de hablar al botón (de pánico), mejor lo hablo con mi familia”, dijo Patricia Espinosa.
Espinosa indicó que su hermano desconfiaba de las autoridades, al grado que prefirió no pedir ayuda al Mecanismo. “Creo que si él eligió esa forma para protegerse, es porque era la mejor. No le funcionó, pero creo que tampoco le hubiera funcionado acercarse a las autoridades porque tampoco hay evidencia de que esta situación (el crimen) no venga de las autoridades”.
Para ella, el hecho de que las autoridades entrantes estén realizando disculpas públicas puede traer paz a las madres, pero critica que se use a las víctimas en actos públicos para que las autoridades digan que están avanzando, cuando en realidad casos como el de su hermano se mantienen estancados: “Van a ser cuatro años de impunidad (en el homicidio de Rubén) y, desgraciadamente, no hay avances. Qué bueno hubiera sido que con el caso de mi hermano esto hubiera cambiado, pero por desgracia su muerte no sirvió para que no hubiera más asesinados”.
La impunidad es generalizada en México: de mil 140 investigaciones por agresiones contra periodistas, sólo 10 terminaron en sentencia. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en los casos a nivel federal, indicó el último informe de Artículo 19 “Protocolo de Impunidad“.
Y es que, como señala Amnistía Internacional, el gobierno de México “no ha implementado ninguna medida estructural encaminada a crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos o para atajar la impunidad”.
Además, el mecanismo ha fallado la hora de dar seguimiento a los casos de quienes han sido amenazados, así como en análisis de riesgo más profundos, dijo Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras. Y pese a que es optimista en que dichas deficiencias se pueden corregir, ve al Gobierno federal “detenido” para enmendar la plana. “En una situación tan urgente como la que vivimos ahora pues no podemos esperar mucho tiempo”.
“Lo que nos falta es una respuesta institucional donde nos garanticen un plan de acción, con estos resultados esperados y que el mecanismo va a dejar de ser una simulación… Hasta el momento no hemos tenido esa respuesta, y es lo que hemos estado exigiendo a casi cien días de Gobierno”, dijo Leopoldo Maldonado, subdirector de la organización de defensa a periodistas Artículo 19, a Cuestione.
¿En qué consisten las medidas de protección?
Dependiendo el caso, el Mecanismo, creado en 2012, otorga medidas como escoltas, rondines de la policía, botones de pánico para pedir auxilio a las autoridades, cámaras de seguridad y acompañamiento de trámites oficiales. Sin embargo, la organización Artículo 19 desestimó que esté dando resultados.
Entre julio de 2010 y 2018, el Mecanismo brindó escoltas a seis personas, en tanto que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) facilitó escoltas en 23 casos.
¿Qué sigue?
Organizaciones civiles preparan una iniciativa de ley para ser discutida en la Cámara de Diputados la próxima semana. En ella buscarán dar herramientas al Mecanismo para ser más efectivo, así como agregar una unidad dentro del mismo que se encargue de reparar los daños a las víctimas, detalló Cerezo.
