Gasto baja 14% en 2019
“En la medida que se vayan consolidando los programas sociales, va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 22 de abril.
El gobierno ha dado dinero a personas beneficiarias, pero no ha evaluado si eso disminuye la inseguridad, coincidieron especialistas. “Sin encuesta, la política de prevención va a ciegas”, dijo Juan Salgado, especialista en seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La última se hizo en el 2014. “El gasto social no se está canalizando a través de proyectos, sino de transferencias directas… así es más difícil levantar esta información”.
Una fuente que pidió el anonimato, explicó a Cuestione que “no necesariamente hay una relación entre el presupuesto y la calidad de gasto”. Es decir, aumentar presupuesto en prevención no significa que tendrá un impacto en la cantidad de delitos; “de lo que se trata es de gastar bien, no de gastar más”, dijo.
Lo que considera la fuente es que ha cambiado la premisa de prevención en este gobierno, y se ha apostado a que los programas sociales cambiarán la dinámica criminal. “Ha perdido relevancia la institucionalidad de la prevención en esta administración”, advierte. Y también asegura que el gasto en seguridad, considerando el tamaño del problema que enfrenta México, “ha sido históricamente bajo”.
La nueva administración apartó 900 mil millones de pesos para programas sociales en 2019, prácticamente lo mismo que el expresidente Enrique Peña Nieto destinó en 2018.
La austeridad alcanzó a la seguridad pública, a pesar de ser prioritaria. Con casi 240 mil millones de pesos para este año, representa 14% menos que lo que se gastó en 2018, de acuerdo con un estudio hecho por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y la organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Las tareas de prevención del delito, como patrullajes, arrestos y mejoras institucionales (controles) también sufrieron recortes de 16% este año. “Los programas (sociales) ayudan, pero no es un ataque directo contra la inseguridad”, explicó Héctor Villarreal, director del CIEP.
Cambios en la repartición del pastel
La operación del nuevo cuerpo policial de la Guardia Nacional requerirá 15 mil millones de pesos por año. Esto es igual al 60% de los recursos de la Policía Federal.
Si bien la Guardia Nacional está compuesta por elementos de la PF y de las Fuerzas Armadas (Policía Militar y Policía Naval), no está claro que los militares darán de su presupuesto para la Guardia Nacional debido a la opacidad del gasto, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio: “Hoy no podemos saber ni siquiera la diferencia entre el gasto del Ejército y de la Marina”.
El estudio “Gasto público en seguridad: Una mirada a la ruta de los recursos” del ONC y el CIEP, concluye que las Fuerzas Armadas reciben la mayor parte del dinero destinado al combate al crimen; 84% de los 101 mil millones de pesos.
Esto es así en buena medida por las operaciones contra el narcotráfico, dijo Salgado. En el sexenio pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos indicó que sus tropas “no estudiaban para perseguir delincuentes”.
Todo apunta a que los militares seguirán recibiendo dinero por esta las labores en las que apoyan a policías, dijo Rivas. Y no hay señales de que regresen a los cuarteles, ya que la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional dio cinco años para que retornen, explicó.
Arranque inesperado
A nivel nacional, entre enero y abril, se registraron nueve mil 550 carpetas por homicidio doloso (intencional), 6% más que los mismos meses del año pasado. Pero, lejos de atajar estos delitos, la Guardia Nacional arrancó sus labores con la detención de migrantes.
Esto, después de las negociaciones con EU que nadie en el gabinete de México anticipó. Seis mil elementos del nuevo cuerpo policial, 9% del total, serán desplegados en la frontera sur como resultado de las presiones de Estados Unidos. Su presencia en Chiapas no va de acuerdo a las necesidades del país, dijo Rivas. Sobre todo, considerando los problemas que atraviesa el país en otras entidades, como Michoacán.
“¿Habían otros elementos que podían hacerlo (ir a la frontera)? Tal vez no”, reflexionó Villarreal.
