La mano del narcotráfico y la de la política mexicana fraguan alianzas peligrosas “que datan desde el ex presidente Lázaro Cárdenas”, cuenta el periodista Alejandro Almazán y agrega que el Estado y el crimen organizado en México “se benefician mutuamente” de su complicidad hasta nuestros días.
Las últimas semanas en varios estados del país la delincuencia organizada ha hecho de las suyas y los funcionarios públicos también, abriendo el debate sobre si México es o no un narcoestado, habiendo muchos hechos y años de relación extraoficial que así lo confirman.
En Chilpancingo, Guerrero, por ejemplo, la presidenta municipal Norma Otilia Hernández de Morena se sentó a desayunar con el líder criminal de la organización Los Ardillos. La funcionaria no solo reconoció el encuentro que se viralizó en un video, sino que pidió que el material saliera completo, porque estaba editado.
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“Yo quiero que se filtre bien el video, que se vea todo lo que se habló, porque no fue un pacto con la delincuencia, no fue una situación de ese tipo”, declaró la funcionaria. La respuesta de la delincuencia fue contundente. El pasado 24 de junio fueron localizadas siete personas asesinadas en calles de Chilpancingo junto a un mensaje dirigido a la alcaldesa en el que se hace referencia a un “segundo desayuno que me prometiste”.
La militarización; una de las características de un narcoestado
El poderío militar en México comenzó desde la Revolución que sacudió a México entre 1910 y 1917. La ecuación civil-militar la explica el académico de Sonora, Ramón I. Centeno, en su artículo: ¿Cómo entender la militarización de México en la presidencia de AMLO?
La Revolución, dice Centeno, trajo consigo una reestructuración del Estado, incluyendo al Ejército. Los militares y sus líderes adquirieron rápidamente un papel central en el escenario posrevolucionario y no fue hasta 1946 que México volvió a tener un presidente civil.
El presidente López Obrador reformó la Constitución para legalizar su promesa de una Guardia Nacional civil con presencia militar en las calles temporalmente.
Esto se logró en el Decreto de reforma constitucional No. 235 de marzo de 2019. Ahí se regularizó la militarización por cinco años, hasta 2024, y además se creó la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal. Con esta reforma, AMLO militarizó aún más a México y colocó a la Guardia Nacional bajo mando militar subordinada al Ejército mismo, lo que nunca había ocurrido antes.
“La militarización del aparato del estado y las estrategias fallidas contra el crimen organizado”, son algunas de las características que hacen que un país sea considerado como un Narcoestado, afirma la internacionalista Arlene Ramírez Uresti en Cuestione y explica que México cumple con ella.
“Tener al Ejército en la calle emula una estrategia de guerra contra el narco pero en realidad el Ejército no articula estrategias para disminuir los altos niveles de violencia y criminalidad presentes en el país”, explica Uresti.
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Violencia e inseguridad por el crimen organizado: otras señales de un narcoestado
“Este país se está yendo a la mierda”, escribió la académica mexicana Rossana Reguillo el domingo pasado en su cuenta de Facebook.
La maestra del ITESO documentó por la red social lo que ocurrió en el estado de Jalisco durante un viernes, sábado y domingo. “Este fin de semana hay mucha información sobre personas desaparecidas; desde la localización con vida de Mónica de León, hasta la desaparición y localización de un policía estatal en Zapopan”.
Reguillo se refiere a la liberación con vida de Mónica de León Barba, ciudadana estadounidense secuestrada el 29 de noviembre de 2022 mientras caminaba a casa con su perro en Tepatitlán, Jalisco.
La académica continúa con el recuento de la violencia en un fin de semana. “Después, el sábado, la madre de Karey Franco, Ivón, confirmó su hallazgo sin vida. Después de tres años desaparecida, regresó a casa, más no como la familia quería”.
“Hoy con lágrimas en los ojos y el corazón, digo que la búsqueda de Karey ha terminado. Promesa cumplida, después de 3 años regresa a casa”, dijo la madre de la muchacha desaparecida y asesinada e invitó a las madres buscadoras a no desistir en su lucha por encontrar bajo tierra a sus familiares.
Por la tarde, continúa su relato Reguillo en la red social, un policía estatal fue desaparecido mientras tenía una misión en un restaurante Los Salseados de Mazatlán en Zapopan; personas armadas se lo llevaron.
“Este domingo a las 9 de la mañana, un contingente de 1,200 personas de 20 colectivos, partió desde la glorieta de las y los desaparecidos hasta palacio de gobierno para exigir que las acciones de búsqueda sean retomadas”, finaliza la maestra del ITESO.
La violencia en México repunta no sólo en Jalisco.
De acuerdo con la información estadística más reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicada en junio de este año, hay 21,142 homicidios dolosos entre enero y junio del 2023 sin que varíe drásticamente el promedio de asesinatos durante estos seis primeros meses.
En enero se registraron 3,601 homicidios, en febrero 3,189, en marzo 3,610, en abril 3,475, para mayo 3,647 y hasta junio 3,620.
Mientras tanto, la internacionalista Arlene Ramírez Uresti en entrevista para Cuestione agrega otras dos características para identificar si un país es un Narcoestado; “cuando la amenaza del narcotráfico representa un detonante de inestabilidad nacional y hay altos niveles de violencia e inseguridad”.
Porfirio lo sabía y las pruebas están en sus bóvedas
Fue Porfirio Muñoz Ledo quien colocó la banda presidencial al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018 y fue también el ex presidente de la Cámara de Diputados quien aseguró en vida que todas las fuerzas de AMLO se manejan con dinero mal habido, dinero del narcotráfico, aunque sin aportar ni una sola prueba.
“México es un narcoestado, este es el tema del país y no sé si sea bueno, bonito o feo pero México tiene un gran problema internacional porque esto es un narcoestado y tengo las pruebas por si me quieren escabechar mañana”, confesó el político en entrevista con Adela Micha.
“Lo tengo todo embovedado y tengo grabado todo lo que hay”, afirmó Muñoz Ledo en la entrevista de poco más de 14 minutos donde aseguró que tenía conversaciones, archivos, casos, que demuestran que México es una Narcoestado.
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Antes de morir, el ex diputado federal había acusado a López Obrador y a su gobierno de estar coludidos con el narcotráfico y calificó como una tragedia el operativo en Sinaloa en octubre del 2019 donde se detuvo a Ovidio Guzman para después dejarlo en libertad. ¿Sabremos algún día si esas pruebas existen?
La infiltración del narcotráfico en la política mexicana; una vieja alianza
El periodista Alejandro Almazán relata a Cuestione que la relación entre el narcotráfico y la política mexicana data desde 1934 con el presidente Lázaro Cárdenas y se extiende hasta nuestros días.
“Con el priismo se consolida esa maquinaria, con el panismo esa maquinaria es nuevamente aceitada y ahora con Morena, la maquinaria parece estar dividida, pero sigue funcionando”, afirma el autor de seis libros sobre política y narcotráfico en México.
Almazán no está seguro si al gobierno actual hay que llamarle narcoestado o no “porque, a diferencia de Echeverría, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, el gobierno de AMLO ha dejado que el narco se autorregule y en los otros fueron los presidentes quienes lo regularon”.
Lo que es cierto, agrega el periodista de investigación, es que en algunos estados hay una relación muy profunda entre el narco y los gobiernos.
“Son hoy los regidores, alcaldes y gobernadores los que atienden sus propia parcela y regulan la presencia del narco y regular significa que permiten que un grupo crezca o sea eliminado en su entidad”, explica Almazán y da el ejemplo del estado de Guerrero “donde la relación entre políticos y el grupo delictivo de los ardillos, ha hecho que se consolide en el centro del Estado”.
Tres casos de narcoestado; desde Calderón hasta López Obrador
Estos son un par de casos que muestran la oscura sombra del narcotráfico en la política mexicana en los últimos tres sexenios gobernados por el PAN, PRI y Morena.
Genaro García Luna; de “Zar” antidrogas a preso en EU
En febrero del 2023, Genaro García Luna, quien fuera el rostro de la lucha contra el narcotráfico en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado en Estados Unidos.
El exsecretario de Seguridad, quien se encontraba bajo arresto desde 2019 en Texas, fue hallado culpable de beneficiarse con millones de dólares provenientes del cártel de Sinaloa. El caso de García Luna ha despertado gran interés debido a su papel clave en la política y la seguridad de México.
Enrique Peña Nieto y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
FOTO: CUARTOSCURO
En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, presuntamente a manos de la policía local y el cártel Guerreros Unidos. Este trágico incidente expuso las estrechas relaciones entre el crimen organizado y las autoridades locales, revelando la impunidad y la corrupción que prevalecen en ciertas áreas del país.
Además de Ayotzinapa, en el transcurso del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ocho exgobernadores fueron detenidos por delitos como peculado, irregularidades en el desempeño de la función pública, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, defraudación fiscal, tráfico de influencias y encubrimiento.
Andrés Manuel y el desborde la violencia
Desde el inicio de su gobierno, AMLO ha buscado un enfoque basado en la “paz y la reconciliación” en lugar de la confrontación directa con los cárteles de la droga. Ha propuesto abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, mediante programas sociales y desarrollo económico en las áreas más afectadas por el narcotráfico.
El sitio web Con Copia Oculta, desarrollado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, han revelado cifras alarmantes sobre los homicidios vinculados con la delincuencia organizada en México.
Según los datos recopilados, el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha experimentado un aumento del 11% en las muertes relacionadas con el narcotráfico en comparación con su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Animal Político, durante el gobierno de López Obrador, el 59.3% de los homicidios registrados en todo el país están relacionados con el crimen organizado, en contraste con el 48.25% contabilizado durante el mandato de Peña Nieto. Esta cifra incluso supera el porcentaje del 52% registrado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien desató una violenta guerra contra los cárteles de la droga.
Temor a la responsabilidad internacional
Estos hallazgos plantean interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas durante los últimos 17 años en México pero sobre todo, aviva el interrogante por saber por qué no se reconoce que México es un Narcoestado.
El periodista Alejandro Almazán lo considera pero no lo asegura. La internacionalista Arlene Ramírez afirma que “México cumple con las principales características de un Narcoestado”; Carlos Abascal, abogado y especialista en temas legislativos dice que sí, que México es un Narcoestado por su incapacidad de frenar la violencia desbordada.
¿Y entonces por qué no reconocerlo en lugar de negarlo? La respuesta está en el marco jurídico internacional, advierte Ramirez Uresti. Implica la posibilidad de que cualquier presidente que lo admita pueda ser llevado ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad “e incluso por vinculación con el terrorismo transnacional”.
El espejo de Colombia y el proceso 8,000
El término “Narcoestado” se empezó a conocer en los años 80 en Sudamérica, exactamente en Colombia. Diez años en los que académicos e internacionalistas colombianos lo titulan como “La década del terror”. Y el proceso 8,000 se convirtió en un capítulo oscuro y revelador de la historia política colombiana.
Descubierto en 1994 mediante la filtración de los famosos narcocasetes, el proceso 8,000 sacudió los cimientos de la política colombiana al revelar a más de 8,000 personas involucradas con el narco.
Los traficantes de droga no solo habían financiado campañas a nivel regional y al Congreso, sino que habían logrado introducir aportes millonarios en la campaña presidencial que llevó a Ernesto Samper a ser presidente de Colombia.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo una exhaustiva investigación que resultó en la detención de importantes personalidades políticas y testaferros del cártel de Cali y de Medellín, donde estuvieron deportistas, comerciantes, políticos, abogados, jueces y terminó en la absolución del propio presidente Samper por el Congreso de la República.
El proceso 8,000 provocó un profundo revolcón en las costumbres políticas de Colombia. Los actuales candidatos a la Presidencia se esfuerzan por evitar cualquier vínculo con dineros ilícitos, mostrando una mayor conciencia sobre la gravedad de la corrupción y sus efectos en la sociedad. ¿Algún día habrá en México un proceso similar?
