La Auditoría detectó anomalías
Entre Oaxaca y Chiapas suman más de dos mil quinientos millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no logró justificar al analizar el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante 2018.
Esa cantidad equivale a casi tres veces los recursos que el Congreso aprobó para la Secretaría de la Función Pública (SFP) -sí, la encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos federales- en 2019.
Transferencias a cuentas bancarias de otros programas con objetivos distintos y gastos no justificados en materia de nómina y compras fueron los principales resultados que registró la ASF al analizar el uso de estos recursos cuyo objetivo es que los estados brinden la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social.
A partir de estos resultados, el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales hasta el momento solo emitió recomendaciones para atender estas anomalías. Sin embargo, dichas acciones solo funcionan como una sugerencia para que las entidades fortalezcan sus procesos administrativos y sistemas de control.
Oaxaca, sin indicios claros
El séptimo estado que más recursos recibe de la Federación a través de este fondo fue el gobernado por Alejandro Murat del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien recibió más de cuatro mil 300 millones de pesos para atender a la población que no puede acceder a servicios de salud.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 (fecha del último dato disponible) cerca del 17% de la población no estaba afiliada a ningún tipo de institución de salud (pública y privada). Esto equivale a que más de 918 mil personas requieren del apoyo de este programa.
Frente a esta cifra, resulta preocupante que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) -encargados de manejar los recursos de dicho programa- no pudiera demostrar el uso que le dieron a mil 446 millones de pesos (que representa 33% del total de transferencias por parte de la Federación).
En un primer punto los Servicios de Salud de Oaxaca proporcionaron a la Secretaría de Finanzas -quien reparte todas las transferencias del gobierno federal- dos cuentas para recibir y administrar los recursos del FASSA.
La ASF detectó que a partir de ahí, los SSO utilizaron nueve cuentas bancarias para el manejo de los recursos, incumpliendo el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin explicar a detalle el destino de los recursos.
A través de su investigación, la Auditoría encontró irregularidades en la transferencia de dichos recursos a cuentas bancarias de otros fondos y programas que tienen objetivos diferentes al FASSA y también al fondo del ejercicio fiscal 2017, sin presentar una justificación.
A través de la recomendación emitida, la Auditoría exhortó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Oaxaca para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie un procedimiento administrativo para sancionar las irregularidades de los servidores públicos involucrados.
Chiapas: entramado financiero
La entidad, gobernada en 2018 por Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista fue el quinto estado que más recursos recibió a través de este fondo, al obtener cuatro mil 425 millones de pesos a través de este programa.
Revisando las cifras del INEGI, en 2015 17.3% de la población no podía acceder a servicios de salud al no contar con afiliación a alguna institución pública o privada. Esto equivalía a cerca de 900 mil personas sin acceso a atención médica.
En este contexto, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH) quedó pendiente de aclarar a la ASF poco más de mil 68 millones de pesos (equivalente al 19.4% del total de los recursos del FOSSA transferidos por el gobierno federal).
La Federación transfirió a la Secretaría de Hacienda de Chiapas el monto total correspondiente al fondo en una sola cuenta proporcionada por el organismo estatal. Sin embargo el Instituto de Salud de Chiapas no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de estos recursos.
En cambio, utilizó 13 cuentas bancarias diferentes para manejar los recursos: tres cuentas para la recepción de los recursos del fondo, una cuenta puente como administradora, cuatro cuentas para el pago de servicios personales y gastos de operación, tres cuentas para la dispersión de servicios personales y dos para los viáticos.
En ellas, las ASF identificó la mezcla de recursos de diferentes fuentes de financiamiento. Al igual que el caso de Oaxaca, como primera acción recomendó al gobierno para que realizara las investigaciones pertinentes.
¿Qué sigue?
Los informes individuales fueron entregados al Congreso el 30 de junio. A partir de esa fecha la Auditoría cuenta con 10 días hábiles para notificar a la entidad de los resultados del análisis. Posteriormente los estados cuentan con 30 días hábiles para responder a los comentarios.
Finalmente la ASF tendrá 120 días hábiles para atender la respuesta y emitir un pronunciamiento, por lo que todo parece indicar que para la resolución de esta situación aún le queda mucho camino para resolverse.
¿Crees que con la 4T haya consecuencias por estos hechos? ¿podrán los estados explicar a detalle el manejo de estos recursos?
