Niñas y niños en situación de calle, migrantes, mujeres violentadas, mujeres indígenas… estas son algunas de las poblaciones que han quedado en desamparo por el cierre o reducción de las acciones de organizaciones civiles que atendían a grupos vulnerables y que, tras la falta de apoyos, han ido desapareciendo, de acuerdo a las y los representantes de agrupaciones ciudadanas con quienes platicamos.
El gobierno federal recortó tres de cada cuatro pesos que dio a organizaciones civiles en 2018, de acuerdo con el informe de 2019 de la Comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil.
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Mientras que en 2018 hubo 6,488 millones de pesos en apoyos a organizaciones civiles (equivalente al presupuesto de la Secretaría de Gobernación en 2021) para 2019, se redujo a 1,841 millones de pesos en 2019 (como el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
Los recursos económicos por parte del gobierno en 2018 apoyaron 2,611 organizaciones civiles, mientras que en 2019 sólo se beneficiaron a 153 agrupaciones. Es decir, que 2,486 OSC’s se quedaron sin recursos económicos.
La crisis de las organizaciones civiles comenzó en febrero de 2019, dos meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República y anunciara que las dependencias de su gobierno dejarían de apoyar a las organizaciones civiles. Según dijo en su momento, esto fue porque detectaron actos de corrupción y que los recursos no llegaban a manos de las personas beneficiarias.
López Obrador había dicho que la labor de las organizaciones civiles se trataba de una “una simulación” y agregó: “No conozco gente de sociedad civil de izquierda, todo tiene que ver con el conservadurismo”.
Por eso es que la administración federal cerró la llave de los recursos económicos que las dependencias públicas les otorgaban. Sin embargo, representantes de organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) o Red Nacional de Refugios (RNR), acusan que este discurso criminaliza a las asociaciones ciudadanas y ha llevado al cierre de algunas de ellas.
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Recortes ponen en riesgo a población vulnerable
Existen por lo menos 10 organizaciones civiles que cerraron por la falta de recursos y que atendían a niñas y niños indígenas con programas sociales, al igual que agrupaciones que apoyaban a adolescentes en zonas marginadas, nos dice Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Otras que fueron golpeadas por la falta de recursos son las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), que atienden a mujeres víctimas de violencia, con asesoría psicológica, legal, de salud, entre otras.
“Todas esas mujeres que recibían acompañamiento en casos de violencia, ¿a dónde van ahora? Algunas de ellas han tenido limitaciones para continuar, ¿quién las atiende?”, se pregunta Tania Turner, directora de Fondo Semillas, una asociación que ayuda a financiar organizaciones civiles.
“Prácticamente sólo estamos cubriendo el mantenimiento de las CAMIs, agua y luz. Además, hemos trabajado de enero a junio sin recursos económicos. Realmente es una violencia hacia nuestros derechos como mujeres indígenas y también es una forma simbólica de discriminación”, nos dijo Nelsy Marisela Ku Chay, coordinadora de las CAMIs, en julio de 2020. Mientras que el resto de año tuvieron que sufrir nuevos recortes.
Otro caso es el de la Red Nacional de Refugios (RNR), que atienden a mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. Los recursos que reciben por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se han visto amenazados desde 2019. “Hemos tenido una lucha constante de hacer que no nos quiten los recursos”, nos dice Wendy Figueroa, directora del RNR.
“En 2020 tuvimos retrasos en las entregas de los recursos y no hubo monto adicional para atender la pandemia de violencia contra las mujeres que hubo en el país por la COVID-19 y que hizo que atendiéramos a más víctimas”, dice Figueroa.
Para este año, además de que no hubo un incremento para la RNR, se pretende que operen con los mismos recursos que 2020, pero con un mes de operación más que el año pasado, es decir, tendrán que estirar su presupuesto para 10 meses, pues así las condicionó el gobierno federal, de acuerdo con Figueroa.
Otro ejemplo es el de las organizaciones civiles que atienden a las personas que viven con VIH. “Tenemos asociaciones que están desapareciendo. Hubo muchos centros comunitarios que definitivamente cerraron, que ya no tuvieron oportunidad de sobrevivir y dejaron de apoyar a las personas que acudían ahí”, nos dice Alaín Pinzón, fundador de VIHve Libre.
“La detección de VIH la hacen principalmente las organizaciones de la sociedad civil en los centros de salud. Por supuesto eso afecta para que la población tenga programas de prevención y detección a tiempo”, nos dice Pinzón.
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¿Cuál es su tarea?
Las organizaciones de la sociedad civil son grupos que nacen desde la ciudadanía, con objetivos comunes en diferentes sectores, que muchas veces atienden a grupos o necesidades de las que el gobierno no se ocupa. Las hay desde culturales, deportivas, políticas, feministas, indígenas, de personas con discapacidad, entre otras causas. Son importantes porque ayudan a hacer las tareas con las que el Estado no da abasto.
Además, están reguladas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Y para cumplir con ello, pueden recibir subsidios de las dependencias del gobierno.
La participación de la sociedad civil es el indicador de la calidad democrática de un país, es decir, entre más organizaciones ciudadanas existen, más saludable es la democracia de un país, nos dice Juan Martín Pérez.
Por eso es que retirar los apoyos es un “mensaje político grave”, pues lo que ha hecho es que afecte la operación de miles de organizaciones y que algunas de ellas hayan estado obligadas a cerrar, porque además les vino una segunda crisis: la pandemia por la COVID-19, nos explica Martín Pérez.
Los apoyos que recibían las asociaciones civiles son fundamentales para los grupos minoritarios, quienes han sido invisibilizados con los recortes que el gobierno federal ha hecho y eso ha hecho que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad.
