Recortan a refugios de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia
¿Qué opciones tiene una mujer que sobrevivió y escapó de una violencia extrema, tal vez en su núcleo más cercano? ¿A dónde van para recuperar sus derechos, a reiniciar la vida?
Ésta es la pregunta que le hace la Red Nacional de Refugios –que agrupa refugios públicos y privados para mujeres en todo el país– al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la Secretaría de Salud informara que recibió, el pasado 14 de febrero, la instrucción (firmada por el mandatario federal) de suspender la Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa (servicios de primer contacto) para mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia extrema.
Sin embargo, esta convocatoria ya se había publicado desde el 31 de enero y se esperaba que cerrara en marzo, ya que hasta tenía dinero para llevarse a cabo; la Cámara de Diputados le asignó 346 millones 482 mil 708 pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Salvan vidas con mínimos recursos
Año con año, estos centros de atención para las mujeres –públicos y privados– se pronuncian públicamente para que los diputados no disminuyan el presupuesto asignado, ya que apenas alcanzan a cubrir las necesidades que requieren las aproximadamente 25 mil víctimas –mujeres y niños– que atienden y los requerimientos que les pide el gobierno para operar.
Los refugios y centros de atención externa son espacios públicos y privados, habilitados para recibir y contribuir a la recuperación de mujeres y sus hijos, que sobreviven a diferentes formas de violencia, generalmente en la antesala de la forma más extrema: un feminicidio.
De acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR) –que integra 70% de los refugios en todo el país–, la nueva medida de López Obrador pone en peligro a estas 25 mil mujeres y sus hijos que actualmente atienden.
Los refugios brindan protección temporal y atención especializada e interdisciplinaria (médica, psicológica, y acompañamiento legal) a mujeres y a sus familias víctimas de violencia familiar, sexual o trata de personas. Es decir, no sólo brindan a las mujeres un espacio físico dónde quedarse durante una emergencia, sino que también atienden las consecuencias, por ejemplo: alguna condición de discapacidad, mutilación, pérdida irremediable de la salud mental, lesiones, entre otros.
Pero el gasto de los refugios va más allá del acompañamiento a las mujeres; de acuerdo con la convocatoria que se canceló, para que se asignen recursos a estos centros necesitan: operar los 365 días del año, durante las 24 horas del día; tener la capacidad operativa para brindar servicios básicos; contar con personal de vigilancia todo el día y todo el año; tener una plantilla básica con cédula profesional correspondiente al área en que desarrollan sus funciones.
Además, debe tener al menos cuatro habitaciones, y que a cada familia o usuaria se le designe una de manera exclusiva; que tenga espacios exclusivos e individualizados para otorgar atención especializada, y que garanticen plenamente en todas sus instalaciones, las condiciones de seguridad, protección civil y saneamiento básico y secrecía de la ubicación.
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¿Por qué son importantes?
En 2015, último año del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, se contabilizaron 83 refugios para toda la república, más de la mitad operados por asociaciones civiles.
Y es que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, último año de publicación, al menos siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha vivido una o más formas de violencia en los diferentes ámbitos de su vida. No nos vayamos tan lejos, durante la primera semana de 2019 se cometieron 28 casos de feminicidio en diferentes entidades del país, la gran mayoría a manos de las parejas de las víctimas, según un recuento de Vice.
La existencia de estos espacios, así como su operación y los servicios básicos que debe brindar, está reglamentada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en los instrumentos internacionales –obligados para México– sobre los derechos humanos de las mujeres.
¿Qué sigue?
El pasado 20 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio una conferencia de prensa en Nuevo León, sobre incorporar la perspectiva de género en el ámbito judicial pero –al cierre de esta edición– ninguna entidad del gobierno federal ha reaccionado a las críticas que ya llueven en redes sociales por la cancelación de este recurso… ¿política de doble moral?
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Actualización, horas después de que se diera a conocer la suspensión del presupuesto para la Red Nacional de Refugios, la Secretaría de Salud anunció vía Twitter que los recursos estaban garantizados y que solo se estaba haciendo una revisión del proceso administrativo:
