Todo el mundo puso el grito en el cielo cuando el diario Reforma publicó, el pasado 3 de febrero, que a partir de una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se habían rasurado las pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Los trabajadores de la llamada ‘generación de transición’ del régimen de retiro (alrededor de 20 millones de personas), que al jubilarse opten por una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrán un tope de 10 salarios mínimos, no de 25”, una reducción de dos tercios, advertía el diario.
Sin embargo, todo resultó en un malentendido que provocó que tanto el director del IMSS, Zoé Robledo, como la SCJN tuvieran que salir a desmentir el titular de Reforma y a explicar que la resolución de la Corte no “alteraba el régimen de pensiones” del Instituto.
Entonces ¿qué implica la resolución?
Sebastián Patiño, consejero del Consejo General de la Abogacía Mexicana, aprovechó el alboroto para explicar a detalle, en su cuenta de Twitter, de dónde surge lo resuelto por la Corte en la jurisprudencia numerada 2021504, así como en qué circunstancias aplica.
Patiño explica que esta es la tercera ocasión que la segunda sala de la Corte se ha pronunciado sobre el tope de pensiones:
- En 2010 cuando se estableció que “las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, debían otorgarse con una base de 10 salarios mínimos, a pesar de que trabajadores cotizaron con una base de 25”.
- En 2016 cuando se reafirmó la obligatoriedad para que las Juntas Laborales apliquen el límite previsto -de 10 salarios mínimos- cuando haya pleitos legales sobre pensiones.
- En 2020 cuando se estableció que en juicios en los que los trabajadores demanden al IMSS una pensión mayor, el Instituto podrá pagar la pensión tomando como base los 10 salarios mínimos, aún si el trabajador cotizó (pagó) con un tope de 25 salarios mínimos.
Sin embargo, en ninguna de las resoluciones se obliga al Instituto a reducir los montos de pensiones pues solamente sirve como guía obligatoria para los jueces de inferior jerarquía cuando resuelvan juicios laborales de trabajadores que demanden una pensión superior a 10 salarios mínimos.
Resalta que esta no es la primera ocasión que emiten alertas por titulares equivocados pues tanto en 2010 como en 2016 también se generó confusión por la supuesta reducción de las pensiones que generó que, en ambos casos, la SCJN tuviera que publicar comunicados aclarando la situación, justo como sucedió hace unos días.
¿Buenas noticias? No para las finanzas públicas
Esto implica que tanto los trabajadores pensionados como los que cotizan desde antes de 1997 -y que buscan obtener una pensión- no verán afectados los montos de sus pensiones.
Sin embargo, expertos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) consideran que es vital discutir una reforma al sistema de pensiones que “tope las pensiones” de las personas en el régimen de transición entre la ley 1973 y 1997.
Para la explicación sobre la diferencia entre la ley de 1973 y la de 1997 te recomendamos: Pensión: la prestación que la generación millennial nunca gozará pero tiene que pagar
De acuerdo con el documento Pensiones en México: 100 años de desigualdad elaborado por el CIEP, nuestro sistema de pensiones genera desigualdad ya que actualmente el 20% del gasto de gobierno en pensiones se reparte en tan sólo el 3% de todas las personas pensionadas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, entre otras). El motivo: las pensiones altas las reciben muy pocos, mientras la mayoría obtienen montos más moderados.
También catalogan a nuestro sistema como “poco transparente” ya que los datos de pensionados y los fondos recibidos no son públicos. Además los estados, municipios y universidades -que pagan sus pensiones a través de recursos públicos- no rinden cuentas y su información no es abierta.
Finalmente el documento lo clasifica como no sostenible ya que los ingresos del gobierno no están alcanzando para pagar las pensiones actuales. En 2019 el gasto en este rubro representó una quinta parte de todos los ingresos del país.
Además, resaltan que desde 2013 el gasto en pensiones ha desplazado al gasto en educación, salud e infraestructura. De acuerdo con las proyecciones del CIEP este gasto seguirá creciendo hasta 2030 dejando cada vez menos espacio para mejores políticas sociales.
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¿Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegará la (necesaria) reforma del sistema de pensiones? ¿Pesará más la presión de la opinión pública que la presión financiera?
