En las calles del país hay 23,577 policías estatales, municipales, ministeriales y de penales en activo que han reprobado los exámenes de control de confianza (lo que representa el 7% del universo de agentes que hay en el país), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De estos policías reprobados, 932 son mandos. Además, hay 3,927 policías en activo (el 1% del universo total de agentes) que ni siquiera han sido sometidos a alguna prueba. A estos se suman otros 6,500 que ya fueron evaluados pero que no han recibido sus resultados, por lo que la cifra podría ser más alta.
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¿Para qué sirven los exámenes de confianza?
Las pruebas de control de confianza se convirtieron en obligación para todas las policías del país desde 2009, cuando se creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el objetivo era evitar que se infiltraran los grupos criminales en las filas de los cuerpos de seguridad del país.
Estos exámenes, aplicados en todos los niveles de las dependencias de seguridad estatales (desde los operativos hasta los mandos), se componen de evaluaciones psicológicas, socioeconómicas, médicas, polígrafo (detector de mentiras) y exámenes toxicológicas. El personal tiene que someterse cada tres años a este proceso.
La aplicación de estos exámenes se llevan a cabo en centros autorizados y certificados. De acuerdo con el reporte del SESNSP, existen 40 de estos, de los cuales 36 son estatales y cuatro federales.
Las pruebas son importantes porque forman parte de la preparación que deberían tener nuestras policías, ya que son los encargados de cuidarnos, pero lamentablemente ha habido un rezago para lograr que todo el personal las acredite, nos explica Raúl Rosales, investigador de la organización Causa en Común.
El artículo 73 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que los agentes policiales que no acrediten los controles de confianza deberán ser separados de su cargo, pero en la realidad esto no sucede. Las entidades los mantienen activos, pues se ha detectado que lejos de que se les dé de baja, se les reorienta a tareas administrativas o simplemente no se les hace nada, de acuerdo con lo documentado por Causa en Común, una organización que se encarga de investigar temas de seguridad.
“Si realmente se cumpliera la ley, nos quedaríamos sin policías”, lamenta el investigador.
Algunas de las secretarías de seguridad estatales se justifican diciendo que, por falta de recursos, no existen las condiciones para liquidar a los policías que no aprobaron estos controles. Y así, sin ser confiables siguen activos, nos explica también Raúl Benítez, especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).
Por ejemplo, en 2019 sólo fueron dados de baja 22 policías que no acreditaron las pruebas de control de confianza de un total de más de 26,000 elementos reprobados (a noviembre de 2019), mientras que en 2018 sólo fueron despedidos 13, de acuerdo con la información del SESNSP, obtenida vía transparencia:
Campeche es la única que cumple
Si bien el nivel de aprobación de exámenes de confianza a nivel nacional es de 89%, hay entidades como Guerrero en dónde se reduce al 72% de agentes que pasan las pruebas o casos como en Campeche, la única entidad federativa en donde el 100% de los policías acreditaron sus diagnósticos.
Rezagos laborales
El problema es que los policías estatales también se enfrentan a otros obstáculos para acreditar estas pruebas de confianza, primero porque sufren de diversas carencias laborales: más de la mitad han tenido que pagar su equipamiento (botas, uniforme), el 70% de ellos nunca ha recibido un ascenso y trabajan en jornadas extenuantes, nos explica Raúl Rosales.
En México, el salario promedio que percibe un policía estatal es de 12,800 pesos netos al mes, como documentamos en esta nota.
Otra limitante para que las instituciones de seguridad cumplan con la aplicación de pruebas es que no cuentan con los suficientes recursos humanos ni económicos para llevar a cabo las aplicaciones y desisten de hacerlas, porque además son procesos burocráticos, de acuerdo con los especialistas.
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“No existe un compromiso por parte de la federación para que se impulse el desarrollo de las policías en el país, al contrario, se están disminuyendo presupuestos destinados a la certificación y, en cambio, se les está dando mayor importancia a las fuerzas armadas en detrimento de las policías”, nos dice Raúl Rosales.
Tampoco cumplen con el CUC
Pero las pruebas de control de confianza son sólo uno de los requisitos para que los policías obtengan el Certificado Único Policial (CUC), un documento obligatorio para permanecer en el puesto como policías, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2016 se aprobaron los lineamientos de los CUC y había un un plazo de tres años para tendrían certificados al 100% de sus elementos. Sin embargo, dicha fecha concluyó y no lo hicieron.
En julio de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública abrió un segundo plazo límite para que en marzo de este año todas las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública contaran con su CUP. Quien no lo tuviera, no podría llevar a cabo funciones de seguridad pública, el problema es que llegó la fecha y otra vez no cumplieron.
Hasta marzo de este año, sólo el 54% de los policías estatales y federales cuenta con el CUP y, de acuerdo con lo que la ley marca, no podrían seguir desempeñándose como policías, como documentó Animal Político.
Sin condiciones laborales dignas, pruebas superadas de confianza y con agotamiento físico, así trabajan las policías que conforman la primera línea de seguridad pública de nuestro país, lo cual se traduce en mayor inseguridad para toda la ciudadanía.
