Vivimos en una era donde se puede obtener información sobre cualquier persona y al mismo tiempo nuestros datos son públicos. Hay gente que puede ser estigmatizada por un error que cometió hace años y por otro lado es importante conocer todos los datos posibles de ciertas personas. ¿Es justo entonces pedir a los motores de búsqueda que borre tus datos del pasado?
Los resultados en Google han sido perjudiciales para muchas personas que quieren rehacer su vida. Es así como surge el derecho a ser olvidado en la era digital, es decir, la posibilidad de solicitar que cierta información sea borrada de los buscadores y las redes sociales.
De acuerdo con Eric Tardif Chalifour, profesor por oposición de Derecho Internacional de la UNAM, el derecho al olvido digital “se deriva del concepto de droit à l’oubli, desarrollado en Francia, que es a su vez vinculado con la salvaguardia de bienes jurídicos como la reputación”.
Este derecho era invocado por los convictos que ya habían cumplido con su sentencia, y solicitaban que su persona fuera desligada de su pasado criminal, para que sus malas decisiones no pesaran al momento de reiniciar su vida. Por lo tanto este derecho se basa en la consideración del potencial que tiene el ser humano para rehabilitarse.
Sin embargo, no solamente hablamos de personas con pasado criminal. Existe el caso de la exactriz porno identificada como Diana Z. (2012), quien solicitó que se borraran de internet todos los enlaces a videos de su vida anterior.
Según Tardif Chalifour, este fue el primer caso que le ganó la justicia francesa a los motores de búsqueda y, en efecto, “el Tribunal de Gran Instancia de París otorgó un plazo de un mes a Google para cumplir con su mandamiento”.
¿Qué ocurre en México?
El primer antecedente de este derecho en México se remonta al año 2002 con la Ley federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental pero es hasta 2009 cuando se estipula en la Constitución.
El artículo 16 señala que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
En diciembre de 2019, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales en materia de Derecho al Olvido. En su argumentación señala que “aún hay vacíos legislativos”.
También indica que ya existen ordenamientos jurídicos internacionales para hacer frente a esta realidad, los cuales introducen la figura del derecho al olvido, basados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014, la cual determinó que bajo ciertas condiciones, los enlaces a los datos personales no figuren en los resultados de búsqueda.
Además, el senador cita “El derecho al olvido del pasado penal” del constitucionalista español Manuel Carrasco Durán, para definir su iniciativa: “El derecho al olvido digital no ampara en ningún caso que cada uno construya su pasado a su medida. No permite reescribir las noticias, ni impedir de modo absoluto que en una búsqueda específica en la hemeroteca digital pueda obtenerse una información vinculada a los afectados”.
De acuerdo con el documento, de lo que se trata es de “evitar que con una simple búsqueda en Internet pueda accederse al perfil completo de la persona, incluyendo informaciones obsoletas y gravemente perjudiciales para su reputación y su vida privada”.
¿México contra Google?
Así entonces, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales se compone de cinco puntos: incorporar la noción de datos personales digitalizados (incluidos los antecedentes penales); reconocer la ampliación del derecho a la cancelación; establecer los causales para ejercer este derecho; establecer sanciones en caso de que los responsables digitales no atiendan una solicitud justificada; y brindar asesoría a los titulares en la defensa de su derecho de cancelación ante instancias internacionales.
En Francia este tipo de medidas han enfrentado a las autoridades con gigantes de la información como Google. Según reportó Expansión, en septiembre de 2019, el motor de búsqueda le ganó la batalla al gobierno francés, después de que el Tribunal Supremo del mismo país determinó que “si bien debe eliminar los vínculos a información personal de sus búsquedas en Europa cuando sea requerido, no debe eliminarlos de las búsquedas en otras partes del mundo”.
El argumento de Google ante estas batallas legales con los gobiernos es que ellos no son un medio de comunicación.
En un comunicado de Google España, reconocen que a veces la información es perjudicial pero explican que ellos no pueden hacer una ponderación de derechos, “darnos ese poder no sería bueno para nadie. Esa labor la tiene que realizar en primer lugar el editor, la página web, y si no la hacen lo tienen que determinar los tribunales, pero no Google”.
El riesgo del derecho a ser olvidado
Lamentablemente, como todo derecho, este puede ser manipulado en beneficio de personas que quieran censurar ciertos datos y, por lo tanto, limitar el acceso a la información.
Como explica la doctora en derecho Isabel Davara “ningún derecho puede ser absoluto”. Por lo tanto es necesario tener claro cuándo es necesaria la conservación de los datos: “1) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; 2) por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública; 3) con fines de investigación histórica, estadística y científica; y 4) para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales”.
Sin embargo, Davara señala que estamos ante un debate ya que, por un lado, se podría argumentar que estas excepciones serían las excusas para que los motores de búsqueda no eliminen ninguna información y, por otro lado, “se podría pensar que la aplicación rígida de este derecho conllevaría al desmantelamiento del contenido informático de Internet, como lo conocemos”.
De acuerdo con Tardif Chalifour, la principal cuestión de este debate es “definir quién debería contar con la facultad de decidir qué contenido conservar o eliminar, y sobre qué bases”.
Todo esto bajo el riesgo de que se manipulen los datos almacenados en los motores de búsqueda, “aludiendo a George Orwell según el cual quien controla el pasado, controla también el futuro”.
Un debate que nos obliga a atender la próxima reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pues ante el argumento de tener un derecho que proteja nuestra reputación digital, se podría perjudicar nuestro derecho de acceso a la información.
