Por Blanca Juárez
México rindió cuentas en torno a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Y, pese al optimismo de las autoridades mexicanas, el racismo estructural está lejos de ser desmontado.
La semana pasada, el Estado mexicano sustentó su informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés). La reunión se llevó a cabo en Ginebra, Suiza.
“México reafirma su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, indicó el gobierno mexicano en un comunicado. Además subrayó “su apertura al diálogo y al escrutinio internacional”.
A finales de 2023 quedó listo el reporte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicho documento fue utilizado por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a inicios de este 2024.
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El reporte comienza mencionando a las mujeres, las comunidades afromexicanas, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales. La discriminación que experimentan esas poblaciones son la primera preocupación expresada por el Consejo.
Dicho organismo celebra que México cuente con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Sin embargo, la realidad cotidiana revela profundas inequidades arraigadas en la sociedad.
Por ejemplo, aunque hubo una reducción respecto a lo reportado en 2017, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, el 17% de la población mayor de 18 años todavía opina que “las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres”. Y el 20% de la población mayor de 60 años sostiene que si las mujeres son violadas es porque provocan a los hombres.
Esa misma encuesta revela que una cuarta parte de la población no le rentaría un cuarto a una persona afrodescendiente. También muestra que al 10% de la gente no le gustaría que su hijo o su hija se case con una persona negra.
Los prejuicios raciales también afectan significativamente a la población indígena. Un 33.5% de la sociedad mexicana sostiene que “las personas indígenas no valoran la continuación de sus estudios”. Esta afirmación oculta las barreras reales que enfrenta este grupo para ejercer su derecho a la educación.
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Denuncias al interior de Conapred
La delegación de México estuvo conformada por las siguientes dependencias:
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
• Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
• Representación permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas
El titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos INPI, Krhistian Hernández, expuso al comité “que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son una prioridad” para el gobierno. Sostuvo que prueba de ello es la iniciativa de reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Dicho proyecto modifica el artículo 2º de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es decir, “podrán tomar libremente sus decisiones en sus asambleas comunitarias, instituir sus formas de gobierno y organización, implementar su desarrollo económico, social y cultural”, indicó Hernández ante la ONU.
Según dio a conocer el gobierno federal, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Conapred, “resaltó el compromiso del Estado mexicano para escuchar las voces de quienes enfrentan el racismo y el clasismo”. Además, reconoció “la deuda que aún persiste en estos ámbitos”.
Sin embargo, recientemente, ex trabajadores y ex trabajadoras del Conapred han denunciado despidos injustificados, prácticas discriminatorias en su contra. Mediante un correo electrónico firmado por el grupo organizado de extrabajadores del Conapred, señalan también actitudes que denotan racismo y clasismo de funcionarios de esa dependencia.
“La funcionaria despidió a muchas de nosotras sin justificación alguna. Muchas de las consideraciones para nuestro despido rondaron justificaciones absurdas como ‘hacer chismes de ella (la presidenta de Conapred)’ o ‘no responder y honrar su autoridad’”, señalan en la carta.
Las personas que ocuparon las vacantes “son cercanas a ella (Claudia Morales Reza)”. Según las denunciantes, la capacidad técnica y el interés en los derechos humanos del nuevo personal “es limitado”.
Señalan también que “la agenda del Conapred notablemente se ha debilitado, pues (la presidenta) ha dirigido su atención únicamente a la agenda del Plan de justicia de su pueblo indígena, pero no a otros”, sostienen.
Lo anterior contraviene una de los encargos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Dicho organismo “recomendó que México intensificara sus esfuerzos para dotar” a Conapred “de los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados”.
En administraciones pasadas, el Conapred fue un motor clave en la promoción del diálogo y la comprensión acerca de la discriminación. Apoyó agendas como las trabajadoras del hogar, el trabajo de cuidados, la brecha salarial de género, las poblaciones afromexicanas e indígenas, entre muchas otras.
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Pobreza y racismo
En México, hay más de 2.5 millones de personas que se identifican como afromexicanas. Son el 2% de la población, según el Censo de Población y Vivienda 2020.
Además, habitan más de 23.2 millones de personas mayores de tres años que se autoidentifican como indígenas. “Lo que equivale a 19.4% de la población total de ese rango de edad”.
Debido a la discriminación estructural, “la población indígena ha estado asociada a mayores niveles de precariedad que el resto de la población”, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, “históricamente ha sido uno de los grupos poblacionales que enfrenta mayores rezagos sociales y económicos”, señala en el reporte Pobreza por grupos poblacionales a escala municipal.
En 2020, la última medición de la pobreza, poco más de 9.6 millones se encontraban en esa condición.
El Coneval refiere una disminución en la precariedad y carencia de servicios básicos en los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 2010 había 641 municipios indígenas donde el 50% de su población no tenía un adecuado acceso a la alimentación. Para 2020 esta situación se redujo a 281 municipios en todo el país.
No obstante, la deuda histórica con estos grupos discriminados aún está pendiente de solución. Aunque en menor medida, continúan lidiando con la pobreza y los prejuicios sociales que obstaculizan su progreso y les impiden superar estas condiciones adversas.
