Recorte en presupuesto 2020 pone en peligro a 365 mujeres periodistas y activistas

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La periodista sinaloense Cynthia Valdez huyó de Sinaloa siete días después del asesinato de su colega Javier Valdez Cárdenas, en mayo de 2017. El Cártel de Sinaloa –grupo criminal que presuntamente asesinó a Javier– también la había amenazado de muerte unos meses antes.

Cynthia tiene 36 años, llegó como periodista desplazada a la Ciudad de México con su esposo y cuatro hijos e hijas en 2017 y le platicó a Cuestione  que no solo estaba en peligro ella, sino toda su familia. Valdez es una de las 79 periodistas mujeres que están protegidas por el Mecanismo de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Pero la seguridad de Cynthia y otras más de 365 periodistas y activistas mujeres están en riesgo para el año que viene, pues el gobierno recortó de 58% al programa de Protección y defensa de los derechos humanos del Anexo 13 (el etiquetado a género), al pasar de tener 17.3 millones de pesos (mdp) en 2019 a 7.2 (mdp) para 2020, de acuerdo con último dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Hasta marzo de 2019, en nuestro país había 365 periodistas mujeres y activistas bajo la protección de este mecanismo, el cual les brinda seguridad especial, refugios para que estén lejos de los lugares donde corren peligro y, en algunos casos, un botón de pánico para reportar situaciones de riesgo. 

Las periodistas y activistas que están inscritas en este Mecanismo son principalmente de Ciudad de México (62), Chiapas (32), Oaxaca (27), Estado de México, (32) y Michoacán (32).

Fuente: Mecanismo de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (con cifras hasta marzo de 2019)

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¿Cómo les afecta? Cynthia es co directora de La Pared Noticias, un portal que –hasta antes de las amenazas– cubría temas de seguridad y narcotráfico. Desde que llegó a la ciudad ha pensado incluso en abandonar el periodismo. Esto se debe a que el mecanismo no se encarga la seguridad de sus hijos e hijas.

En febrero de este año, por ejemplo, los responsables del mecanismo la cambiaron –sin avisar– del refugio en el que vivía en la ciudad de México, lejos de la escuela de sus hijos.

Además, un recorte para las acciones específicas a mujeres y activistas periodistas, hace difícil que se capacite a las personas que trabajan en el mecanismo con perspectiva de género. Por eso es importante que se tengan medidas específicas para ellas, explicó a Cuestione Itzia Montalvo, Coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19.

Las agresiones contra ellas

Hombres y mujeres periodistas están amenazados de igual forma en México, uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. Pero los casos de violencia contra las mujeres comunicadoras y activistas incluyen -además del asesinato- abuso sexual, violencia digital y acoso o amenazas por parte de, incluso, funcionarios públicos.

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“A ellas se les juzga por su imagen, por sus capacidad de ser periodistas siendo mujeres”, explica Montalvo. 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 422 casos de agresiones contra mujeres periodistas, de los cuales seis fueron feminicidios, según una investigación hecha por la asociación de periodismo Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC).

Las mujeres –dice un diagnóstico de la ONU–, no solo enfrentan riesgos específicos como la violencia sexual, sino también con situaciones que incrementan su vulnerabilidad, tales como la desigualdad económica, política y social.

Los rezagos del Mecanismo

El gobierno contempla un aumento general al presupuesto del Mecanismo de protección de periodistas y activistas para el año que sigue (no en específico para el etiquetado a género) esto luego del diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que dijo que éste no cuenta con los recursos suficientes para proteger a los y las comunicadoras y activistas, según dijo a Cuestione Artículo 19.

Sin embargo, este no es suficiente “si se toma en cuenta que hay un incremento de 900 a mil 400 personas que están solicitando la protección de este mecanismo pues la violencia en contra de ellos va en incremento”, concluye Itzia Montalvo.

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