Internos en cárceles concesionadas cuestan 100,000 al mes cada uno y no les dan ni aspirinas

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Beto, acusado de secuestro, y el millonario Olegario Vázquez Raña jamás se han visto. Sin embargo, una línea muy delgada los une. El primero está recluido desde hace siete años en el Centro Federal de Readaptación Social 14, en Durango, una de las ocho cárceles concesionadas que hay en el país y que justamente es propiedad del empresario. 

A la empresa DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria –parte de Prodemex, de la que es dueño Vázquez Raña– el gobierno federal le pagó 2,100 millones de pesos, tan solo en 2019, para una población penitenciaria que no superaba las 2,000 personas. Es decir, más de un millón de pesos por preso al año; 96,000 pesos mensuales; 3,213 diarios… Para que no les den, siquiera, los medicamentos que la Ley de Ejecución Penal establece que se les debe proveer a toda persona privada de la libertad. 

El costo por interno puede variar de una prisión concesionada a otra, pero en promedio, estaríamos hablando de 100,000 pesos al mes. En total, las empresas detrás de estas prisiones reciben más de 17,500 millones de pesos en 2019, como Cuestione documentó en este reportaje.

Para ser vistos por un médico, los internos deben girar un oficio a las autoridades de la prisión, cuya respuesta puede demorar tres meses. “Durante este tiempo sufrimos, sin remedio alguno, las consecuencias del padecimiento que cada quien presenta”, nos cuentan los internos de esa prisión a través de una carta. 

Cuando finalmente ven al médico y obtienen un diagnóstico, solo los internos que tienen dinero reciben una receta médica. A quienes no tengan los recursos para pagar por su medicina, ni siquiera se agrega el antecedente en su expediente médico. Esto, obviamente, para evitar documentar sus propias omisiones. 

Así nos lo hizo saber Roberto Huitrón Vega (nombre completo de Beto) en una carta de nueve páginas dirigida a esta reportera y que va firmada por un total de 18 internos del penal, acompañada de oficios solicitando atención médica y quienes solo piden se les escuche.

cárceles concesionadas

Fragmento de carta enviada a Cuestione, por parte de 18 internos del Cefereso 14, en Durango.

No solo eso. Tampoco les dan alimento suficiente. A pesar de que las ocho cárceles concesionadas del gobierno federal (entregadas a particulares durante el sexenio de Felipe Calderón) tienen un presupuesto cinco veces mayor que las manejadas por el gobierno, como publicamos en este reportaje, las internas e internos de las prisiones concesionadas tampoco reciben porciones de comida suficientes. 

“Los frijoles huelen como el aliento de una persona que está enferma del hígado”, nos dicen en su carta. Sin embargo no se quejan en sí del olor, ni de que la comida parece solo estar hervida y carece de sabor, lo que realmente les molesta son las porciones de los alimentos, que son insuficientes y los deja con hambre todo el día. Esto mismo también fue relatado por Alma, una ex interna de la prisión femenil –propiedad de Carlos Slim y ubicada en Morelos.

Además, si quisiera acceder a la tienda de la cárcel para completar su dieta y quedar satisfechos, los costos son cinco o seis veces más altos que en las tiendas del exterior. “Unas galletas María pueden costar 30 pesos”, nos dice Patricia, madre de Beto, en entrevista telefónica. 

La empresa a cargo de las tiendas de los Ceferesos es Klasnic, la misma que en 2018 se comprometió con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a igualar los precios de los productos al interior de las cárceles con los que se dan al exterior, algo que de acuerdo con los testimonios de los internos no ha sucedido. 

En la carta, los internos también indican que no tienen un plan integral de actividades, aunque reconocen que el trato por parte de las personas funcionarias de la prisión es correcto y respetuoso. 

La historia de Beto, siete años en prisión y sin sentencia

Beto estuvo reportado como “desaparecido” tres días, hasta que informaron a su madre, Ana Patricia Méndez, que había sido detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). “Lo encapucharon y nunca le dijeron que estaba siendo arrestado. Simplemente se lo llevaron. Tampoco le permitieron hacer una llamada, ni tener acompañamiento de un abogado”, nos cuenta Patricia. 

Primero fue arraigado por 20 días. Cuando la PGR no encontró pruebas para procesarlo, ampliaron el arraigo por otros 20 días (el máximo posible). 

Beto tenía apenas 18 años y ya era padre de dos niñas pequeñas (de uno y tres años). Acababa de entrar a trabajar a un taller de hojalatería, el mismo en donde fue capturado. “Lo acusan de haber secuestrado a un comerciante, pero la única relación es que una de las personas implicadas en el secuestro, al parecer, es el dueño de la casa en donde estaba el taller de hojalatería. El comerciante no reconoce a mi hijo, nadie reconoce a mi hijo como uno de los participantes”, nos dice Patricia.

Este año, Beto cumplirá 25 años de vida y siete de haber sido arrestado, los mismos que ha pasado en la cárcel sin sentencia, a pesar de que la Constitución establece un plazo máximo de dos años para recibir sentencia. ¿Por qué esto es grave? Porque significa que una persona puede estar en prisión ¡por años! sin que un juez haya confirmado si era culpable o no. 

Como Beto, más de 90,000 personas esperan tras las rejas a que un juez defina su situación. En México, cuatro de cada 10 personas que se encuentran en prisión, están ahí sin sentencia, de acuerdo con el Cuaderno de Estadística Penitenciaria más reciente (enero de 2021).

Lo anterior aunado a la probable injusticia que se puede estar cometiendo contra Beto (eso lo tendría que haber determinado ya un juez desde hace años).

Patricia, su mamá, se dedica a la limpieza de casas. Con los 250 pesos que cobra por día se las arregla para mantener a su hijo que va en secundaria y ayudar con lo que puede a Beto, mandar dinero para la que debe ser la “tiendita” más cara del país y para sus medicinas. 

Como sociedad necesitamos entender que lo que suceda en las cárceles sí debe importarnos. Primero porque el respeto a los derechos humanos es universal y pensar que hay personas que lo merecen menos nos deshumaniza. Segundo, porque las personas que están en prisión saldrán eventualmente. ¿Cómo queremos que salgan? ¿Llenos de rencor, con ánimos de venganza? ¿O con opciones para poder cambiar el camino? 

Lo que sucede en las cárceles, eventualmente, nos explotará en la cara.

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