Usted quizá no lo sepa, pero hay reos en este país que cuestan más al día que el salario diario del presidente. Sí. Usted quizá no lo sepa, pero ese dinero no se destina a mejoras de seguridad, a prevención del delito o a readaptación social. Va a parar a algunos de los bolsillos más robustos de este país, como los de Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña.
Usted quizá no lo sepa, pero quien fraguó esos contratos, que hasta la fecha nos han costado alrededor de 70,000 millones de pesos, fue Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien hoy está siendo juzgado en una Corte de Nueva York, acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa.
Usted quizá no lo sepa, pero cuando anunciaron que se construirían esos ocho nuevos penales fue porque Calderón pensaba que iba a apresar a todos los delincuentes de este país y que entonces, las nueve cárceles federales existentes en ese 2010 no se darían abasto. Si realmente lo creyó, qué ingenuo, pero si no lo creía y solo lo dijo, qué corrupto.
Entonces, necesitaba de la ayuda de empresarios para construir y manejar las cárceles, bajo la lógica de que la iniciativa privada es más eficiente que el gobierno. Solo que en este caso, le importó poco menos que un pepino, que ninguno de esos empresarios tuviera experiencia en operar cárceles, porque, claro, hasta ese momento, en México no existían las cárceles privadas.
Tampoco reparó que las empresas tienen un fin lucrativo –tener ganancias–, el cual estaría por encima del objetivo de una cárcel, que es la readaptación social, a través de programas bien diseñados y seguimiento puntual.
Pero no. Las ocho cárceles privadas no son ni más efectivas, ni están mejor equipadas, ni se les ofrecen a los internos e internas mejores opciones para salir y no delinquir, como Cuestione ha informado en Cárceles, un negocio multimillonario en manos de Slim y Vázquez Raña (en 2019) y AMLO aumenta pagos a las cárceles concesionadas de Calderón (en 2020).
Y no solo eso, Calderón y García Luna, incluso, reservaron la información de esos contratos por 12 años (el plazo máximo de reserva), bajo el argumento de que se trataba de información de seguridad nacional. Sin embargo, Cuestione logró demostrar que la información comercial de los contratos (montos de pagos, características del servicio, incluso nombres oficiales de las empresas) eran de interés público y pudo acceder a versiones públicas de los mismos, gracias al fallo del Instituto Nacional de Información Pública y Datos Personales (INAI).
¿Y AMLO?
Calderón quería inaugurar las cárceles privadas que mandó a hacer y aunque la idea era que se tardaran dos años en construir, solo alcanzó a inaugurar dos antes de terminar su mandato, el Cefereso No. 11(Sonora) y el No. 12 (Guanajuato), ambos en octubre de 2012. Con él estuvo García Luna.
Llegó la administración de Enrique Peña Nieto, que no le movió un pelo a los contratos ni a los pagos a los empresarios. Y continuó la que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador desde hace dos años.
El actual presidente dijo esta semana que esos contratos se revisarán, pero ¿cuándo? Canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) casi de un plumazo y estos contratos que cuestan, en promedio, 15,000 millones de pesos cada año siguen intactos, e incluso, en 2019 fue cuando más dinero recibieron (17,558 mdp).
Dos años. 14 meses. Más de 750 días han pasado con el actual gobierno y esos contratos siguen sin ser revisados. Y lejos de pensar en una renegociación, se sumó un jugador, el fondo de inversión estadounidense BlackRock, cuyo presidente, Larry Fink, ha sido un aliado cercano con López Obrador para tejer su relación con Estados Unidos.
Justo hace un año, cuando me encontraba reporteando la primera entrega de nuestra investigación, tuve una breve conversación con el entonces director de Prevención y Readaptación Social (PyRS), Francisco Garduño, quien desde entonces dijo que los contratos se revisarían.
Lo mandaron después a dirigir el Instituto Nacional de Migración y no lo hizo. En este año pedí entrevista con José Ángel Ávila Pérez, el actual director de PyRS, y me dejó en visto. ¿Realmente hay interés en traer luz y revisar estos contratos?
Mientras tanto, las que han ido cayendo como fichas de dominó son las cárceles federales que son manejadas por el gobierno, que cuestan una quinta parte que las privadas. En total, cuatro Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que han dejado de operar oficialmente en los últimos cuatro meses de este año: los de Jalisco, Tabasco, Tamaulipas y Chihuahua.
Con excepción del de Tamaulipas, que no tenía internos desde 2016, por estar en “mantenimiento preventivo y correctivo”, entre los demás Ceferesos manejaban una población de casi 1,800 internos, que debieron ser trasladados, en muchos casos, alejándolos de sus familiares, lo cual va en contra de los derechos de las personas en reclusión.
A éstos, habría que sumar los 624 que fueron trasladados o preliberados del penal de Islas Marías, que dejó de operar en marzo de 2019.
Así es: pareciera que el gobierno federal cierra cárceles manejadas por él mismo, que tienen igual o mejores resultados que las públicas y cuestan menos dinero, mientras que las privadas continúan operando y continuarán, si todo sigue igual, hasta la siguiente década.
