El presidente López Obrador buscaba desesperadamente un recurso legal para poder entrometerse en la campaña electoral del 2021. Sabedor del desastre desacreditado que es su partido Morena, busca salvar su gobierno haciendo campaña aprovechando algún tema ajeno, para coincidir con el desarrollo de las campañas constitucionales. Primero lo intentó con el tema de la revocación de mandato, pero el Senado lo bateó hasta 2022.
Luego intentó convertir a Lozoya en su alfil de campaña, pero el video de Pío acabó con ese sueño. Ahora sacó de la chistera el juicio a los expresidentes, y mandó una propuesta de “consulta popular” a la SCJN.
En su propuesta de consulta popular a la SCJN, López Obrador propuso enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. En su respuesta, la Corte propuso estudiar los casos de “actores políticos” para conocer si podrían haber afectado intereses o derechos.
La Corte jugó a la política con su respuesta. Aprobó la petición presidencial de hacer una consulta popular, aunque será en agosto de 2021, no coincidiendo con el día de la elección constitucional, que es el 6 de junio.
Pero los Ministros cambiaron la pregunta, quitando los nombres de los expresidentes y añadieron la frase “actores políticos” del pasado. ¿Quiénes son esos enigmáticos “actores políticos” del pasado?
Pues, podrían ser los expresidentes, pero también la lista incluirá, inevitablemente, al propio López Obrador en su paso por la Jefatura de Gobierno de la CDMX por la obra corrupta de los segundos pisos y el cobro de derecho de piso a todos los empleados de confianza de su gobierno; también a Claudia Sheinbaum por la misma causa y el dinero ilegal recibido de Ahumada.
También se puede referir a Manuel Bartlett por su complicidad con el cártel de Guadalajara, los asesinatos de Buendía y Camarena y el fraude de 1988, a Marcelo Ebrard por el fraude de la Línea 12 de Metro en la Ciudad de México, y lo mismo a Mario Delgado, a Porfirio Muñoz Ledo por su encubrimiento y defensa de la masacre del 2 de octubre de 1968. Y así, al infinito, con los funcionarios del actual gobierno. Monreal, Barbosa, Encinas, etcétera.
Hay quienes piensan que la jugada de la Corte fue muy inteligente. Pero, el problema es el siguiente: los ministros decidieron complacer políticamente al presidente, dándole una consulta popular para hacer campaña el próximo año, pero vaciando de contenido su propuesta, e, incluso, apuntándole en su contra.
La consulta popular perdió completamente su razón de ser. Especialmente después de la declaración del presidente de la SCJN, quien señaló que no tendría ningún efecto vinculante sobre el Ministerio Público ni sobre el Poder Judicial. Es más, sólo podría servir para establecer comisiones de la verdad.
La Corte jugó a la política, mas no a la defensa del orden constitucional del país. Una vez más, en voz del Ministro Zaldívar: “En tiempos de polarización, la mitad del país iba a estar en contra de nuestra decisión. Teníamos que decidir a qué mitad íbamos a enojar…”. Obviamente no quería la Corte enojar al presidente (y su mitad del país), ya de por sí molesto con el deterioro que vive México bajo su incompetente mando.
¿De qué le sirve a México una SCJN que juega a la política, no a la defensa del orden constitucional?
La Corte le falló a México.
