Lo sucedido este fin de semana en Zamora y La Huacana, Michoacán es retrato fiel del grave problema que representa el crimen organizado en México. El gobierno de López Obrador no puede negar el problema, por más que ha querido evadir definiciones contundentes y permitió seis meses de gracia a las organizaciones criminales. Peña Nieto hizo lo mismo al inicio de su sexenio, dejando una herencia de violencia creciente.
El primer informe del fin de semana vino con el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la ciudad de La Huacana. Tomó como rehenes a una docena de soldados integrantes de la Quinta Compañía de Infantería, exigiendo que le devolviera armamentos que éstos le había incautado en un operativo previo.
Entre otras armas, los delincuentes recuperaron una Barrett, que es un arma reglamentaria de varios ejércitos del mundo y que podría incluso usarse para derribar helicópteros. Circularon en redes videos durante todo el fin de semana mostrando a los soldados sometidos y en clara situación de detención. Era un acto insolente de supremacía militar y poder del CJNG sobre el Ejército mexicano y el Estado mismo.
En Zamora, el mismo fin de semana, llegó otra columna militarizada del CJNG integrada por alrededor de 30 vehículos y unos 200 miembros armados con el logotipo del cártel impreso en sus vehículos y tomó la ciudad por sorpresa. Los policías en guardia de turno, unos 130, fueron atacados y avasallados.
Murieron cuatro y siete fueron heridos, algunos de gravedad. Representaban el 10% de la fuerza policial de Zamora en guardia en ese momento, de un total de 400 elementos en los tres turnos. Fue el “turno de la mala suerte” según dijo un policía a reporteros en el lugar de los hechos. Durante varias horas el CJNG gobernó la ciudad de Zamora, mostrando su poderío militar superior a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
Fue un fin de semana durante el cual el Ejército mexicano fue humillado, arrodillado, mientras el Presidente de la República aparentemente optó por callar la situación. El Estado mexicano brilló por su ausencia y mostró su falta de capacidad de reacción ante una crisis de esa envergadura.
Hablando de lenta reacción, no fue sino hasta el martes cuando el Presidente refirió el tema. Dijo que “abusar de nuestros semejantes…es cobardía…”. Insólitamente queriendo justificar el riesgo de sacrificio de vida de soldados ante el crimen organizado, el Presidente afirmó que “Es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo…”. De estos comentarios el crimen organizado se burla, confiado que nunca será sometido al mando de la ley, pues un sermón desde el púlpito presidencial nunca será muro de contención. Moralizar al crimen organizado es un camino sin retorno.
En este contexto, el ofrecimiento de amnistía y “una vida feliz” que el Presidente extiende a los integrantes del crimen organizado no sólo es ingenuidad. Representa la claudicación del Estado de su responsabilidad ante los ciudadanos.
Es notoria la impunidad con que actúa el crimen organizado en Michoacán y, por extensión, en el país entero. El Estado debe decidir si va a ser garante de la seguridad de todos los mexicanos o va a permitir que opere la ley de la selva, lo que favorece al crimen organizado. La respuesta debiera ser obvia, pero, pues ya saben…
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