A las ancestrales condiciones de discriminación, violencia y sometimiento que enfrentan las mujeres mexicanas, hoy se suma una política del Gobierno Federal que atenta contra los avances, aún precarios, que se habían conseguido en los últimos años y que obstaculiza el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres a la cual se aspira. Un propósito elemental de derechos humanos y de justicia.
Las mujeres representan el 51.2 % de la población y son el grupo social más grande en situación de discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida social.
Solo el 48% de las mujeres mexicanas tienen empleo, el segundo porcentaje más bajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Turquía, cuando el promedio es del 62%. Ganan el 34% menos que los hombres, mientras que en el resto de América Latina la diferencia es del 21%. Situaciones muy similares de desigualdad se pueden apreciar en todos los rubros que tienen que ver con la vigencia de sus derechos como personas.
Uno de los problemas más graves es la violencia contra las mujeres en todas las modalidades. Desde el asesinato, la violación y las agresiones físicas, hasta la violencia psicológica, económica, institucional y política. Según las cifras de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tan solo en los primeros cinco meses de 2021 la cifra de feminicidios se incrementó en un 7.1% respecto del mismo período de 2020. El mes de abril de 2020 fue el más violento con 339 mujeres asesinadas, 11 mujeres por día; otra pandemia dentro de la pandemia de la COVID-19.
A esto debe agregarse una cifra del 98% de delitos de violencia contra las mujeres que no se denuncian y una impunidad escandalosa que alcanza el 90% de los casos de feminicidio que no resuelve la justicia.
Frente a esta situación, no debe extrañar la reacción de indignación, reclamo y protesta de las mujeres; su creciente organización y movilización para exigir justicia y, sobre todo, para que se establezca una política pública y una agenda prioritaria de equidad de género que permitan avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres. Estoy seguro que el proceso social más relevante en estos momentos, que habrá de provocar una transformación radical de nuestro modo de vida, en México y en el mundo, es el movimiento de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y por la igualdad.
Es tal su potencial de cambio, que el movimiento feminista ha sido capaz de develar la verdadera naturaleza, conservadora y retrógrada del régimen político que se pretende instaurar como dominante en el país. El Gobierno Federal desestima la creciente violencia contra las mujeres, desmantela programas como las estancias infantiles en apoyo a las mujeres trabajadoras, reduce el presupuesto a los centros de refugio y apoyo a las víctimas de violencia y, en el colmo del engaño, el Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del presupuesto de egresos 2022 se infla con los programas sociales del Presidente que representan el 92% y solo un 8% se destina a programas con perspectiva de género o a acciones que buscan erradicar las situaciones de discriminación, violencia y sometimiento que padecen las mujeres.
Y para que sea clara la postura del Gobierno Federal, las feministas han sido calificadas como “conservadoras”; “adversarias” de la cuarta transformación; un invento, así como las causas ambientales y los derechos humanos, del “neoliberalismo”. Quien piensa de este modo, no puede ser más que un auténtico representante del conservadurismo y del retroceso.
No cabe duda de que uno de nuestros mayores desafíos es avanzar hacia la igualdad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un quehacer de ruptura de viejos estereotipos, de renovación de valores, de reconstitución de prácticas y relaciones sociales. Por fortuna, es mucho lo que se puede hacer desde los gobiernos locales, desde el frente ciudadano, la vida comunitaria y la responsabilidad personal.
Es una transformación que vale la pena.
Más del autor: Someter a la inteligencia
