Parece broma, pero no lo es. A cada una de las 686 solicitudes de información pública en que las ciudadanas y ciudadanos han preguntado al gobierno federal sobre los contratos, la operación, el destino o cualquier dato relativo a las 612 pipas que el gobierno compró en 2019 -en el marco de la lucha anti-huachicol y en plena crisis por desabasto de gasolina- las dependencias públicas se echan la pelotita la una a la otra.
Entre la Secretaría de Energía, Pemex (en cada una de sus áreas) y la Secretaría de Defensa Nacional, principalmente, traen a los ciudadanos de un lado para otro, ganando tiempo en cada negativa de respuesta para hacer lo que han conseguido desde hace más de un año: no transparentar qué pasó con las pipas que se adquirieron a principios de 2019 y que, en teoría, estarían trabajando en su totalidad para marzo de ese año.
Incluso, Pemex en algunas de sus respuestas advierte que la compra se realizó a través de la empresa “I.I.I., S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos, cuyo marco normativo se rige por el derecho privado”. ¿Traducción?: las pipas fueron compradas por una empresa que no está sujeta a las leyes de transparencia y aunque sea dinero público, lo sentimos, no te damos la información. Omiten señalar que la misma Pemex publicó, en abril de 2019, algunos contratos (no todos y, claro, faltarían los modificatorios).
A ver, funcionarios públicos. Esa lana –alrededor de 1,700 millones de pesos– que costaron las pipas no es su lana, es de todas las mexicanas y mexicanos. Y su responsabilidad –sí, responsabilidad– es rendir cuentas por cada centavo, les guste o no.
No se vale que jueguen con el derecho a la información, que es un derecho constitucional (artículo 6, se los pongo en este link por si se les olvidó). Así como tampoco se vale que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) no haga nada al respecto. INAI, son 634 bateadas de información que debería ser pública y tú no haces nada para corregirlo.
Si en la comitiva encargada de negociar el precio de las pipas, encabezada por Raquel Buenrostro, entonces Oficial Mayor de Hacienda; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez, secretaría de Economía e Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, así como miembros de la Sedena y Pemex, ¿cómo es posible que nadie pueda decir qué demonios pasó con las pipas?
Lo peor es que, así como pasa con la información de las pipas, pasa con la que se les ocurra. La opacidad en esta administración llega a niveles ridículos: como que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca una cena a los 32 gobernadores o a 100 empresarios, y que la Oficina de Presidencia declare “inexistencia de información” de lo que se comió, bebió y, claro, gastó en esos eventos, tal y como Cuestione lo documentó.
Y si usted nota que estoy molesta con esta situación, pues sí, lo estoy. Y tengo derecho a estarlo. No solo como periodista, cuya materia prima para trabajar es precisamente la información, la cual este gobierno se aferra tanto en ocultar hasta la ridiculez.
También como ciudadana, pues mis derechos de acceder a la información y a informar están siendo totalmente pisoteados. Y usted también debería de estarlo, porque si este gobierno está dispuesto a hacer el ridículo para ocultar cuánto cuesta el kilo de pejelagarto, ¿qué no hará para ocultar los temas más delicados?
Ahora hablo de rendición de cuentas de la nada despreciable cantidad de más de 1,700 mdp, o de lo que se gastó en una cena. Pero, en realidad, la falta de transparencia puede llegar a ser funesta como, por ejemplo, cuando escuchamos a Jorge Alcócer, secretario de Salud, asegurar que no haya desabasto de medicamentos en los hospitales y clínicas, y que los padres de las niñas y niños con cáncer sigan denunciando la falta de medicamentos. ¡Y, en algunos casos, en los que no hay ni paracetamol!
La transparencia también es eso, saber a dónde y a quién van a parar los medicamentos.
La transparencia es saber por qué un juez decidió liberar o no a una persona –que resultó ser un funcionario del gobierno de Jalisco– sorprendido en flagrancia abusando de una menor de edad.
La transparencia también es saber cómo va el presidente con sus promesas de campaña, como aquella del acceso universal a internet, justo en este momento en que las alumnas y alumnos del país están en riesgo de ser una generación en que la desigualdad cause sus mayores estragos, por la falta de piso parejo para todas y todos.
La transparencia no es –es más, está muy lejos de serlo– dar conferencias diarias. Eso es propaganda.
Y entonces vuelvo a preguntar: ¿en dónde están las pipas? ?¿En dónde están los contratos? ¿En cuánto nos salieron? ¿Acaso no hubo contratos modificatorios? ¿Se pudo arreglar el problema técnico de que no cumplían con la normatividad del país? ¿Están estacionadas, oxidándose en algún patio? ¿Cuántos litros de combustible han repartido? ¿En dónde?
Y, sobre todo, si tanto les molesta rendir cuentas, ¿para qué se metieron a gobernar?
