La conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador nos ofreció este lunes 17 de abril una nueva expresión de aparente inconsistencia en su discurso.
Por un lado lanzó una tajante condena a la “intromisión” que representan los operativos encubiertos de la DEA en nuestro país pero, a pregunta expresa, negó que su gobierno fuese a realizar un reclamo formal por ello. Esta declaración, más que ser una más de las inconsistencias en el habla del Presidente, hace evidente la delgada línea roja sobre la que se ha decidido construir el trabajo bilateral contra el trasiego de fentanilo de nuestro territorio al estadounidense.
Detalles sobre la delgada línea discursiva que se ha decidido enarbolar son evidentes en la conferencia de prensa que el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, ofreció al dar a conocer las acusaciones y levantamiento de cargos en contra de 28 individuos (mexicanos, chinos y guatemaltecos) sospechosos de una u otra fase de la producción, elaboración o venta, ya sea de precursores o del mismo fentanilo.
Ciertamente en su conferencia de prensa el fiscal Garland tiene cuidado de ofrecer una versión curada del problema en un diagrama de flujo en el que se muestra la cadena de producción y distribución de fentanilo.
Este diagrama evita enfatizar el grave problema que significa la amplia y profunda red de distribución de estupefacientes en el interior del territorio estadounidense; además, al referirse a los consumidores estadounidenses el fiscal en lo particular y todo el Departamento de Justicia estadounidenses optan por usar una vieja narrativa de inocencia al enfatizar que la gran mayoría de quienes consumen fentanilo lo hacen sin saberlo.
Pero, de manera muy importante, Garland no solo reconoce la colaboración con el gobierno mexicano sino que agradece enfáticamente la labor de los cuerpos policiacos y de seguridad mexicanos que se han enfrentado especialmente al Cártel de Sinaloa y envía condolencias a las familias de aquellos quienes han perdido la vida en servicio en la lucha contra la fabricación y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.
Y para no escatimar en el esfuerzo diplomático (porque recordemos que el fiscal Garland fue el único funcionario de alto nivel que se reunió con la plana mayor de seguridad nacional del gobierno mexicano que visitó Washington D.C. el pasado jueves), el discurso también incluye de manera relevante el trabajo conjunto que los dos gobiernos están haciendo para reducir el tráfico de armas a territorio mexicano desde el estadounidense.
Es decir que, mientras desde el gobierno mexicano se lanzan consignas discursivas como la de “en México no se produce fentanilo” y se “condena” sólo retóricamente la “intromisión” que implican los operativos encubiertos de la DEA, el gobierno estadounidense lanza un mensaje de contraofensiva radical contra el fentanilo que asesina a miles de estadounidenses, cuidando mantener un lenguaje equilibrado que reconozca los reclamos y precisiones hechas por parte del gobierno estadounidense.
Más allá de lo efectivo o no que pueda resultar la coordinación binacional sobre el tema, hoy es claro que ambos gobiernos están realizando importantes esfuerzos propagandísticos para evitar que la nueva guerra contra el fentanilo se contamine por una posible disputa binacional.
