Aunque tú no lo creas, desde el 20 de enero pasado a nuestra larga lista de leyes por cumplir se ha agregado una más: la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Su objeto es establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales, ¿pero en realidad esta ley será útil?
Es cierto que ningún gobierno democrático del planeta puede sobrevivir sin un mínimo de confianza de su ciudadanía, sin embargo, contrario a lo que parecen creer las personas que integran el Congreso de la Unión, la confianza o falta de ella es el resultado de las acciones u omisiones del gobierno en turno y no el resultado de una mandato de ley.
Tener salud, contar con aire puro, practicar algún deporte, incorporar el hábito de la lectura a nuestra vida cotidiana o tener confianza en el gobierno son acciones que no se logran por mandato de ley, se logran a partir de información, educación, incentivos y eficacia de distintas políticas públicas. Toda ley está integrada por normas jurídicas que prohíben o permiten u obligan conductas humanas. Nada más. Las leyes no tienen por sí solas la capacidad de cambiar la realidad, necesitan instrumentos que las articulen.
Si la ciudadanía ha de confiar en su gobierno y viceversa se requiere empezar a construir elementos que faciliten esa confianza, como por ejemplo:
Calidad en la información.
Al realizar un trámite ante el gobierno, ya sea obtener un pasaporte o una licencia de conducir, inscribir a los niños en la escuela, solicitar un trabajo, una cita médica o tramitar los permisos necesarios para abrir un negocio, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que nos piden un documento que es emitido por el mismo gobierno que lo solicita? ¿Cuántas veces tenemos que presentar nuestra CURP o nuestra cédula profesional ante oficinas de gobierno para realizar un trámite o conseguir un servicio cuando esos documentos son emitidos por el propio gobierno?
El gobierno no confía en sí mismo, ni en su base de datos ni en sus registros, y le traslada el costo a los ciudadanos. ¿Quieres hacer la prueba? Pregúntale dos cosas muy simples al gobierno: a) ¿Cuántos maestros hay en el país? Y b) ¿Cuántos beneficiarios de programas sociales federales hay? Te sorprenderá el abanico de distintas respuestas que recibirás, dependiendo ante qué dependencia presentes tu pregunta.
El gobierno es malísimo recopilando y administrando nuestra información, y ahora tiene una nueva ley en la que, con el ánimo de fomentar la confianza, tú podrás inscribirte en un padrón que contendrá tu nombre, tu domicilio y la descripción de la actividad económica que realizas. Buena suerte con eso.
Relación basada en la confianza.
Las relaciones gobierno – ciudadanía están marcadas por un casi impenetrable tufo de desconfianza y aunque esta ley pretende revertir esta relación, algo ha de anticipar el gobierno porque lo dispuesto en esta ley no es aplicable a las materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social y de comercio exterior ni a los actos competencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ley esta última que representa el pináculo de la desconfianza del gobierno en sus ciudadanos y, sobre todo, su incapacidad para detectar a partir del cruce de datos información que sugiera la realización de ilícitos.
Dicho de otra manera, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana busca la confianza, pero en las actividades chiquitas. Las que no significan un peligro para los ingresos del Estado.
La desconfianza sale muy cara, pero tal parece que el gobierno no está dispuesto a afrontar el riesgo que supone el cambio de pista desconfianza – confianza.
Otro ejemplo de ello es que esta ley podría lograr la suspensión de actividades de vigilancia, inspección o verificación hacia los gobernados, con excepción de aquellas que tengan por objeto resguardar la seguridad nacional, la seguridad de la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal, la salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios. ¿Entonces de qué sirve?
Otra vez: parece que la directriz es “que haya confianza, pero en los bueyes de mi compadre”.
La confianza se gana, no se compra.
¿Queremos que exista confianza entre ciudadanía y gobierno? Sí, claro. ¿La economía se beneficiaría si hay una relación entre ambos? Absolutamente. ¿La confianza se trabaja y se gana? Definitivamente sí. ¿La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana solucionará algún problema? Yo creo que no, y lo creo porque parte de la misma espiral de desconfianza que impregna todos los trámites entre ciudadanía y gobierno.
Para muestra basta un botón: esta ley no promete hacerle más fácil la vida a la ciudadanía cumplida, lo que busca es facilitarle la gestión administrativa al gobierno, no vía una relación de confianza, sino una relación causalista “comportamiento – premio”, específicamente beneficios y facilidades administrativas. Una vez más: el clientelismo antes que la confianza.
Es con acciones y no con leyes como se logrará la tan anhelada confianza.
