El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en sus conferencias mañaneras al Instituto Anticorrupción como una obra del neoliberalismo, un artificio para simular el combate a la corrupción emanado de una reforma cosmética que permite seguir considerando esa podredumbre como un delito menor, lo que ha garantizado la captura de puestos y presupuestos, en total impunidad y a manos llenas.
Coincido con el presidente en muchas de sus premisas con relación al combate a la corrupción, como el hecho de que nada ha dañado más a México como la deshonestidad de sus gobernantes. Pero respecto al Instituto Anticorrupción y a los actos simulados, me atrevo a dar otros datos. En principio porque no existe ningún Instituto Anticorrupción en México. Desde julio de 2017 opera una instancia de coordinación de autoridades, denominada Sistema Nacional Anticorrupción. Y aunque es cierto que Peña Nieto intentó crear una especie de Instituto, una Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, también es cierto que no logró su cometido. El escándalo de la casa blanca, seguido de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, obligaron a los legisladores a desechar su propuesta, y a escuchar las voces que, en su lugar, proponían un sistema coordinado en el que concurrieran diversas autoridades de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
En mayo de 2015 se reformó la Constitución para crear al Sistema Nacional Anticorrupción. Su lucha no recae en un instituto, al contrario, convoca a las principales autoridades del país que tienen injerencia en el control, la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia, los procesos de investigación y los procesos de sanción, a trabajar de forma coordinada a efecto de crear políticas públicas contra la corrupción. Se creó también el Sistema Nacional de Fiscalización que permite a todas las instancias de control interno y auditoría colaborar articuladamente en fiscalizar los recursos transferidos a estados y municipios. Es de destacar que antes de la reforma, todas las autoridades actuaban de manera fragmentada, sin vínculos y con trabas. Por ejemplo, no era posible seguir el rastro de las participaciones federales, uno de los principales componentes de los presupuestos de los estados de la república. La reforma también habilitó a los ciudadanos para participar de manera activa en la denuncia de ese insidioso lastre, un cambio sustancial, considerando que la corrupción siempre afecta, directa o indirectamente, en los derechos de los gobernados. Sobra decir que hace una clara clasificación de las irregularidades graves consideradas actos de corrupción, lo que se refleja en las reformas al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En junio de 2016 se expidieron las 7 leyes secundarias que le dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Su creación obedeció a un proceso parlamentario abierto y participativo, en donde se dio voz a la ciudadanía. La iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, se presentó ante el Senado con un respaldo de casi 640 mil firmas y fue la puerta de entrada que permitió a investigadores de organizaciones de la sociedad e instituciones académicas como Fundar, México Evalúa, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Barra Mexicana de Abogados, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, o el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a trabajar de la mano con legisladores, principalmente con los de oposición, para impulsar un nuevo marco jurídico.
En 2017 se constituyó el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde concurren el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el Auditor Superior de la Federación, el presidente del órgano garante de la transparencia; la titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscal especial de Combate a la Corrupción, y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, una instancia colegiada constitucional encargada de ser el vínculo entre la sociedad y las instituciones académicas con las autoridades del sistema para garantizar la participación ciudadana en la denuncia, y control de la corrupción. A la fecha se han conformado 29 sistemas locales al interior del país. Sin embargo, no ha sido posible su cabal implementación.
La Administración de Peña Nieto no quería un Sistema sino concentrar todas las facultades de control, investigación y sanción en una sola instancia dependiente del ejecutivo, por ello una vez que se expidió la legislación secundaria del SNA, se evitó dotarlo de suficiente presupuesto y se entorpecieron los nombramientos de los magistrados y del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, sin estas designaciones, pero principalmente sin haber hecho una introducción formal del nuevo paradigma al Estado Mexicano, era de esperarse la falta de resultados.
El Sistema Anticorrupción fue fuertemente impulsado por personajes que hoy son prominentes miembros de Morena, como Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla; Dolores Padierna, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, o Zoé Robledo, Director General del IMSS. Requirió de un trabajo sin precedentes de la sociedad civil organizada, la cual también ha sido fuertemente estigmatizada por el nuevo gobierno de manera equivocada e injusta, pues pone en entredicho el compromiso y la ética de muchos ciudadanos que creemos firmemente en el cambio y participamos con trabajo y evidencia para lograrlo.
El Sistema Nacional Anticorrupción no es una simulación, al contrario, es un activo muy valioso para la transformación de la vida pública de México; incluso, ya se cuenta con una propuesta de política nacional anticorrupción, que, de armonizarse con la retórica oficial, pudiera ser la herramienta para lograr el objetivo más importante de la Cuarta Transformación, barrer la corrupción de la estructura gubernamental.
