Los programas de vacunación contra la COVID-19 están en marcha y a todo vapor, por lo menos en los países que mejor acceso tienen al medicamento –es decir en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y miembros de la Unión Europea-.
Un puñado de otros países, incluyendo el nuestro, tiene acceso todavía de manera restringida a la cadena de distribución mundial de las vacunas. Mientras tanto, muchos otros países, la gran mayoría en el mundo, solamente tiene acuerdos y contratos de adquisición, pero no acceso real.
Hoy en día, los países de ingresos altos tienen acceso al 70% de las vacunas disponibles; el acceso prioritario obtenido por esos países se debe no sólo a su capacidad financiera sino a su poder político.
Es decir, por una parte, el acceso prioritario es resultado de haber invertido fuertemente en el desarrollo del medicamento pero también, por el otro lado, es resultado del poder que sus gobiernos tienen para obligar a las farmacéuticas, de una manera o otra, a que se les otorgue dicho status.
En este contexto se presentó el debate sobre el acceso de las vacunas en la última sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
En México fue fuertemente publicitado el cuasi-quijotesco discurso del canciller Marcelo Ebrard en el que señaló el acaparamiento de vacunas y exhortó a un acceso más equitativo de las mismas que incluso privilegie la distribución a países de menores recursos quienes, según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “tendrían acceso a las vacunas hasta la mitad de 2023”.
Pero más importante parece ser el hecho que el Canciller reconoce la “insuficiencia” del mecanismo Covax (instrumento de la Organización Mundial de la Salud a través del cual se financia investigación y la distribución de, por lo menos, 9 de las vacunas) para promover un “acceso equitativo” a las diversas vacunas.
Este es un problema de origen que queda al descubierto en el mismo discurso de Ebrard, quien querelló: “Lo que está ocurriendo hoy abre una enorme brecha entre ese pequeño grupo de países… y el resto de los países, el grueso de la comunidad internacional.”
En realidad el acceso inequitativo de las vacunas es resultado de la “enorme brecha” entre países de renta alta y el resto, no su causa; ciertamente, el acceso inequitativo a las vacunas ampliará la brecha entre unos y otros, pero reducirla requiere mucho más que un pozo de buenos deseos y llamados a la solidaridad internacional.
Es precisamente por ello que el mecanismo Covax era, es y probablemente será insuficiente en el corto plazo.
Las crisis sanitaria, económica y política generadas por la COVID-19 ha dejado en claro que la reacción internacional primaria no es una de solidaridad y altruismo sino de ejercicio de influencia y poder.
La prioridad de los gobiernos –de nuevo, de aquellos que tienen mejor acceso– ha sido asegurar el aprovisionamiento nacional de materiales médicos, tratamientos y vacunas.
Tal vez, en vez de apostar por un incremento exponencial de la solidaridad internacional, los países en condiciones más o menos vulnerables deben asegurar el buen funcionamiento de mecanismos multilaterales que permitan respuesta mucho más rápida y eficiente ante una epidemia similar a la que estamos sobreviviendo.
Mientras tanto, puede que no quede otra alternativa que seguir tirando monedas al pozo (internacional) de los deseos.
