“Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. Mi compromiso es no fallarles a las madres y padres de Ayotzinapa… No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.
Esas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador en septiembre del 2018 durante una reunión con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Habían pasado poco más de dos meses de haber sido electo presidente. Hoy, cinco años después, esa promesa es una bomba de tiempo que tiene entre las manos.
Y es que ha pasado ya prácticamente el sexenio y el caso no solo está lejos de aclararse, sino que se ha convertido en una piedra en el zapato del mandatario aunque se empeñe acusar de clara provocación la ira de familiares frustrados por lo que han calificado de burla la respuesta del gobierno.
Porque, ¿qué ha cambiado en el Caso Ayotzinapa durante el gobierno de López Obrador? Sí, se creó la Comisión de la Verdad, ojo que aunque fue por decreto, su creación ya había sido un mandato judicial. Pero con pocos resultados: primero decir que con bombo y platillo se presumió que en la constitución de la Comisión se incluía a las víctimas, en este caso los padres acompañados por organizaciones civiles, y ahora acusa el gobierno a esas organizaciones de manipular a los padres.
Además es una Comisión de la Verdad desdibujada y desautorizada. Inolvidable que primero Alejandro Encinas, su titular, anunció una serie de pruebas que involucraban a diversas instituciones del Estado mexicano en la desaparición de los jóvenes y por primera vez señaló la participación activa de militares en el caso, incluso mencionó a un coronel llamado José Rodríguez, quien en septiembre del 2014, cuando se cometió el ataque a los normalistas, era Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Claramente dijo Encinas que ese coronel ordenó matar a seis de los normalistas que habían no solo sobrevivido al enfrentamiento, sino escapado de quien se llevó a sus compañeros.
Recordemos que investigar al 27 Batallón ha sido insistencia de los padres desde hace nueve años. Omar, uno de los estudiantes que logró escapar esa noche, siempre mencionó al Ejército como parte involucrada en el ataque, pero hasta antes de agosto del 2022, fecha de las declaraciones de Encinas, nadie lo había aceptado. Días después tuvo que poner la cara y decir que esas pruebas presentadas podrían ser falsas.
¿Fue error de Encinas como lo han señalado algunos o fue orden de arriba desdecirse? Y es que el Presidente no la tiene fácil: por un lado su promesa a los padres, por el otro su enorme compromiso con el Ejército. ¿Cómo se explica que sigan ocultándose los más de 800 documentos militares que desde 2021 el GIEI ha insistido son fundamentales para saber la verdad? Son documentos que contendrían conversaciones y mensajes de teléfonos intervenidos donde criminales y servidores públicos habrían hablado del destino de los normalistas.
La liga se está estirando y no debe olvidar el Presidente que el hilo se rompe por lo más delgado. La frustración de los familiares se está convirtiendo en pólvora: el ataque a la puerta en Palacio Nacional, ante los oídos sordos, y el enfrenamiento en Tixtla con un normalista asesinado por policías son una muestra de ello.
Pero el mandatario sigue posponiendo reunirse con los padres. Sigue intentando desviar la atención acusando manipulación de la investigación. Ahora es la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la OEA, el GIEI. Todos estos son el nuevo blanco para el mandatario cuando decenas de voces exigen mirar hacia otro lado.
Y retomo lo sucedido en Tixtla hace algunos días: nuevamente policías locales contra estudiantes. ¿Transgredieron la ley al robar camiones? Es una discusión añeja, ya que en este gobierno y en los anteriores es una práctica ilegal pero común en Guerrero.
Una práctica ilegal, pero tan común como la mala actuación policial carente de protocolos para contener manifestaciones de ese tipo, o como la presencia impune de grupos criminales ante la complicidad o miedo de los encargados de la seguridad.
Guerrero entero, como el caso Ayotzinapa, será una herencia de caos que se heredará nuevamente al siguiente gobierno.El peligro latente es si la promesa presidencial le estalla en las manos justo en la recta final de su gobierno.
