Conacyt, el drama que no termina

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Es un drama que parece interminable. Pero es también una peligrosa comedia de absurdos. El caso del Conacyt podrá ser usado en los libros de historia como un retrato perfecto de cómo funciona la llamada Cuarta Transformación.

Porque es una historia de venganzas, de abusos de poder, de difamación y engaños. No sabemos aún cómo terminará el melodrama, pero hay algunas pinceladas de lo que se contará en el futuro.

Todo parece haber comenzado hace mucho tiempo, antes de que llegara este gobierno al poder. 

Dos mujeres son clave en el cuento: María Elena Álvarez-Buylla, hoy directora de Conacyt, y la doctora Julia Tagüeña, quien era la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

Ambas hijas de exiliados de la Guerra Civil Española, recibidos por el General Cárdenas, siguieron carreras en la ciencia. Ambas, sin duda, se conocían desde hace años, dada la cercanía de esa comunidad en México.

Imposible saber si eran amigas o no, pero sin duda hoy son adversarias. Y es fácil suponer que existía alguna rivalidad entre ellas, considerando el nivel de hostilidad que la directora de la institución que debe promover la ciencia y el desarrollo está teniendo contra Tagüeña.

Lo que sí sabemos es esto. Desde muy temprano en la administración actual se ha cristalizado un gran desprecio a quienes se dedican al conocimiento. Ya sean intelectuales, personas de la academia, la ciencia o las artes, han recibido una y otra vez una condena retórica por parte del gobierno.

Vistos como una burocracia dorada, llena de beneficios, lejos del pueblo bueno y carentes de patriotismo, han sido atacados reiteradamente. Y no es accidental: responde a una lógica discursiva que busca fomentar la idea de que hay buenos y malos, y que estos últimos son aquellos que se creen superiores al pueblo.

Así, Álvarez-Buylla desde muy temprano en su gestión asumió el discurso presidencial de que la ciencia era neoliberal y extranjera y que había que convertirla en una herramienta al servicio de la gente. Lo cual puede sonar bien, pero en realidad no tiene sentido: las vacunas contra la COVID-19 fueron desarrolladas por científicos de múltiples países, con recursos públicos y privados. Eso demuestra que nada beneficia más a la población que conocimientos diversos trabajando en conjunto.

Llega entonces la hora de la venganza. El Conacyt mete una denuncia contra los miembros del Foro diciendo que recibieron recursos de un fideicomiso que había desaparecido. Se defienden y ganan: la Suprema Corte determinó que lo que recibieron está de acuerdo con la ley de la época.

Viene el contragolpe: Gertz Manero, el Fiscal de la República, se cuadra con el discurso oficial. Él, que gracias a la actual directora recibió una plaza de investigador que siempre se le negó por falta de méritos también quiere venganza. Fueron  estas mismas personas quienes lo criticaron por recibirla.

Entonces, les acusa de los peores delitos posibles: delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros. Sin miramientos, pide mandarlos a un penal de máxima seguridad, dónde se envía a los peores criminales. Y bueno, pues que se defiendan desde ahí.

“Quién nada debe nada teme”, dice el presidente, y da su respaldo a Álvarez-Buylla y a Gertz. Explica que no será tapadera de nadie, y que había mucha corrupción.

Otra vez los jueces fueron al rescate de los 31 científicos y científicas, rechazando las órdenes de aprehensión: no tienen fundamento, dicen. Gertz insiste, al tiempo que Álvarez-Buylla asegura que no tiene nada que ver con el asunto, a pesar de que fue su institución la que puso las demandas.

Sube el tono y aseguran que el dinero del Foro se usó para lujos y comer rico, pero aún si fuera el caso eso está lejos de ser delincuencia organizada. La comunidad académica se une para apoyar a los científicos, pero el gobierno no desiste. 

Y en uno de los momentos más esquizofrénicos de esta historia, el Conacyt publica en sus redes sociales un mensaje condenando el “escarnio público” contra las 31 personas que está tratando de meter a la cárcel y decide misteriosamente agregar a la misma Álvarez-Buylla en la lista.

Claro, si algo han aprendido de su líder, es que nada es más rentable que hacerse la víctima, así sea de sus propias acciones. 

Y ojalá solo fuera contra estas 31 personas, pero cientos de miembros del sistema de investigadores han sufrido acoso. Al punto que trataron de irse a huelga, pero se les negó el derecho. Esto, en un gobierno que se dice de izquierda.

No sabemos cómo terminará al final la historia, pero sí sabemos esto: atacar el conocimiento no beneficia al pueblo de México nunca. Y si queremos conocer un ejemplo de ello, siempre está la Unión Soviética de Stalin para confirmarlo.

La historia no solo recordará esta persecución. Recordará también a quienes, ante el abuso, escogieron guardar silencio.

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