El caso de Salvador Cienfuegos, quien fuera el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, pasará a la historia como uno de los más extraños.
Además, se da en un contexto muy particular: justo cuando México se quedó aislado del mundo al negarse a reconocer al ganador de las elecciones en Estados Unidos.
Solo Jair Bolsonaro, el ultraderechista de Brasil, Vladimir Putin, el autócrata de Rusia, y, claro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, retrasaron su felicitación al próximo jefe de Estado de esa nación, Joe Biden, y a Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta.
Las especulaciones han sido muchas. Recordemos que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, investigó con total sigilo al general durante más de un año. Jamás confiaron en nuestras autoridades, y la poca información que se nos dio fue tardía y en calidad de trascendido.
Cuando se le detuvo en California, causó una ola dentro de las líneas de las fuerzas armadas de México.
Nunca se había acusado a un mando tan alto de delitos tan graves: narcotráfico, lavado de dinero, conspiración criminal. Cargos que lo podría mandar de por vida a la cárcel.
Incluso le pusieron apodos como “el Padrino”, y se le presentó como cabecilla de toda una red de delincuentes.
México reaccionó erráticamente, como acostumbra. El presidente primero dijo que sí sabían, luego se quejaron diplomáticamente de que no se les informó. Los aplaudidores del régimen lo trataron de presentar como un éxito de este gobierno, y como una demostración de que ya no hay impunidad.
Sin embargo, las cosas cambiaron. Si Cienfuegos era el criminal que decían, significa que el Ejército está totalmente infiltrado por el narco. Esto, justo cuando López Obrador ha depositado más confianza y responsabilidades en las Fuerzas Armadas que ningún otro presidente moderno.
Pasan las elecciones en Estados Unidos. El presidente no reconoce el triunfo de Biden y Harris, tensando la relación con la próxima administración. Esto es delicado, porque fortalece la insostenible posición de Trump de que ganó y le hicieron un fraude, lo cual puede llevar a una gran crisis constitucional en su país.
Y de pronto, en un hecho sin precedentes modernos, la Fiscalía de EU decide retirar los cargos – que eran muy graves – al ex secretario y entregarlo a México. En un comunicado, aclaran que fue México quien pidió que lo entreguen y que lo harán porque confían en nuestro fiscal.
No confiaron jamás en nuestras autoridades durante la investigación, pero ahora hay mucha cooperación. El Fiscal de EU, William Barr, nombrado por Trump, tuvo un generoso gesto con López Obrador, amigo y aliada de su jefe.
Nos dicen que fue por “respeto a México”, pero en todo caso fue bastante irrespetuoso cómo fue detenido. Y mientras tanto, Genaro García Luna, el secretario de Felipe Calderón, sigue su proceso sin molestias.
También ha trascendido que México limitaría las acciones de la DEA en nuestro territorio y que frenaría la cooperación en combate al crimen. De ser así, estábamos dispuestos a pagar un altísimo precio, incluso en vidas humanas, para rescatar al militar.
Cienfuegos volverá sin cargos, investigaciones ni acusaciones formales. La promesa de que no habrá impunidad se desvanece cada día más, tras el fiasco de tratar de procesar a Luis Vidergaray y el teatro de Emilio Lozoya.
AMLO aseguró que no hay pacto secreto para su liberación.
Es simplemente imposible de creer. Se sabe que el Ejército no podía aceptar ese trato a uno de sus más destacados generales, y es claro que presionó al Ejecutivo para que suplicara que nos lo devolvieran. A cambio de eso, ¿nos negaríamos a reconocer a Biden, dando aire a las acusaciones de fraude electoral de Trump? Es una pregunta razonable.
Es un complejo equilibrio de poder entre las fuerzas armadas, el presidente, y la relación crucial que tenemos con los Estados Unidos. Sin embargo, ¿quién gana con esto al final?
Por lo pronto el acusado, claro, y el Ejército; gana AMLO al mantener quietas las aguas al interior de su gobierno. Gana Trump, también, al mantener el apoyo de su aliado en su delirante posición.
Sin embargo, también hay perdedores. Pierde la diplomacia, puesta al servicio de unos pocos intereses y no de la nación.
Pierde, sobre todo, el combate urgente contra la impunidad en nuestro país.
Ese es el verdadero precio de este acuerdo.
