Los procesos internos de las alianzas que buscarán el poder presidencial el próximo año han terminado, y nos han dejado varias lecciones valiosas.
Primero que nada, aprendimos que como dijo el presidente López Obrador, “nada de que la ley es la ley”. Desde hace mucho que el mandatario tomó las riendas del proceso interno de los partidos para empujar una elección anticipada. Fue en sus conferencias mañaneras que determinó no solo los tiempos sino incluso a los candidatos y la candidata que podrían representar a su movimiento en el próximo sexenio.
Los espectaculares y bardas, en particular de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López han sido parte de nuestro horizonte por largos meses. Su costo, diseño e instalación, siguen siendo un misterio: nadie sabe quién los paga, los hace, los organiza. Pero ahí están.
El presidente hasta definió el método de selección: las encuestas que “recomendó” desde el Palacio Nacional para legitimar la decisión final.
Logró tal arrastre con su narrativa que a la oposición no le quedó opción. Tuvo que adelantar también su proceso de selección, en una versión distinta pero no demasiado del proceso oficialista. No podían quedar fuera de la jugada y no se podían dar el lujo de respetar los tiempos electorales dejando todo el escenario a Morena y sus aliados, mientras miraban el techo.
Así, hoy ya tenemos representantes. Ninguno de los procesos estuvo falto de escándalos y complicaciones, ni de denuncias y protestas. Pero al final, esto es lo que sabemos: la oposición irá con Xóchitl Gálvez, quien sacudió el tablero político y despertó ilusión en su sector.
En el oficialismo, y como era predecible, Claudia Sheinbaum será la candidata. Desde hace mucho sabíamos que era la opción favorita del presidente, y a pesar de los reclamos y evidentes inequidades, será quién busque la presidencia. Lo que suceda con Ebrard es la gran incógnita.
Pero más allá de los reclamos, que seguro nos seguirán dando noticias, hay algo evidente: el Instituto Nacional Electoral quedó rebasado. Ante el manejo manipulador de términos para referirse a actos de campaña y cargos electorales, le doblaron la mano para evitar ser acusados de actos anticipados de campaña. El INE fue incapaz de detener el proceso y mucho menos de fiscalizarlo.
Al final, se redujo a una institución que exigía que se bajen posteos en redes sociales y documentos de sitios públicos, sabiendo bien que eso no tiene el menor efecto en la realidad política del país.
Así, mientras funcionarios y ciudadanos -de todos los colores- reclamaban las advertencias del INE, los hechos no cambiaron. Las simulaciones políticas continuaron sin que nadie las pudiera parar, así como no pudieron parar la intromisión del presidente no solo en su movimiento, sino en el ejercicio de la oposición.
Y lo que nos demuestra todo esto es que al final, a pesar de todas las luchas sociales por construir instituciones y legislaciones que garanticen piso parejo, legal y sostenible para nuestros procesos políticos, sigue siendo insuficiente.
Porque cuando hay un presidente suficientemente poderoso y convencido de que las leyes no aplican para él, puede alterar el curso de nuestra política sin temor. Y por eso es hora de repensar nuestro sistema para buscar una mejor manera de decantar candidaturas de forma que sea legal y sobre todo, supervisada.
Un ejemplo que puede servir es el de Argentina. Con todos sus problemas políticos y de gestión, las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas, las llamadas PASO, le dan estructura legal a lo que hemos visto. Forzan a todos los aspirantes, incluso dentro de las alianzas, a ser parte de un proceso legislado que decanta a quienes no tienen posibilidad de ganar y determinar a quienes sí.
Como sea, lo que este proceso ha demostrado es que nuestras instituciones democráticas y nuestra legislación es fácilmente rebasada por líderes que no respetan la ley. Y eso es algo que va a tener que cambiar.
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