Espionaje gubernamental o labores de inteligencia. Ése es el dilema que hace unos días confrontó el Presidente en un inusual suceso de la mañanera: fue cuestionado y tuvo pocas respuestas.
La periodista Nayeli Roldán de Animal Político le preguntó a López Obrador sobre el hecho de que su gobierno espía a personas que hacen activismo y periodismo, cosa que documentó ampliamente.
Fue interesante de mirar porque el Presidente se veía fuera de su zona de confort. Por supuesto negó que se espiase a la gente como “en el pasado” y argumentó que era trabajo de inteligencia. Pero no logró explicar por qué lo hace el Ejército, que no tiene facultades para ello, ni cuál era el fundamento legal para hacerlo.
Tampoco quedó muy claro qué tan informado está el mandatario respecto a las actividades de espionaje de su propio gobierno, lo cual sorprende considerando que siempre ha presumido sus reuniones de las seis de la mañana con el gabinete de seguridad.
Pero el hecho fundamental es que, se diga lo que se diga, al igual que en los infames “gobiernos anteriores”, esta administración sigue espiando a la ciudadanía que percibe como un riesgo. Lo hace sin respetar la ley. Igual que como espiaron antes, hoy lo hacen con personajes que son vistos como un riesgo por el Estado.
Esto obliga a una pregunta: ¿cómo decide el Ejército quién es un riesgo para la nación al punto de espiarle? Porque claramente eso aplicaría para narcotraficantes o redes criminales, pero hacerlo contra personas que defienden los derechos humanos o comunicadores es más un acto de intimidación y violencia institucional.
De lo que nos habla es de dos problemas clave: uno, la falta de respeto a la ley.
Las escuchas telefónicas están reguladas y deben responder a un proceso legal. El gobierno, y menos el Ejército, no pueden espiar a la gente arbitrariamente.
Dos, nos habla de una forma de hacer política. Una en la que cualquier crítico puede ser vigilado, en búsqueda de deslices o errores que pueda cometer con el fin de después ser chantajeado o intimidado.
Era sumamente grave que pasara antes, y sigue siendo fatal que pase ahora, en el gobierno “del pueblo”, en que se dice que son diferentes, que ya no violan derechos humanos. Porque debe quedar claro: espiar a la ciudadanía es una violación a los derechos de la gente.
Porque si no estamos siendo investigados, si no estamos haciendo algo ilegal, si ni siquiera estamos bajo sospecha, no hay justificación alguna para hacerlo.
Es siniestramente orwelliano que el gobierno piense que puede intervenir en la privacía de las personas, violando sus libertades, bajo el argumento de la seguridad. Sobre todo, en un país en que la violencia y la criminalidad están fuera de control; en una nación en la que militares pueden matar a personas por ser “sospechosas”.
Está claro que las agencias de seguridad tienen que hacer labores de inteligencia, y con frecuencia eso, combinado con buenas acciones de prevención, es la mejor solución para el crimen.
Eso, sin embargo, no incluye espiar opositores, algo de lo que López Obrador se ha quejado, y con razón, muchas veces.
Cuidar la democracia es también limitar al gobierno. Es no aceptar el uso arbitrario de sus instrumentos para intimidar a la gente.
Le suelo decir a mi hijo e hija: escojan sus peleas.
Esta es una pelea que vale la pena escoger.
