Qué rápido pasamos del “al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie” al “no me vengan con que la ley es la ley”. Ese es el aparente giro discursivo de la Presidencia que quizá debería preocuparnos, pero ciertamente no debería sorprendernos.
Hoy sabemos que la Guardia Nacional será militar o no será. Así nos lo hizo saber el presidente al anunciar el “Acuerdo” mediante el cual este cuerpo de seguridad pasa de forma absoluta al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, quitándoselo a Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto en realidad es casi simbólico: la Sedena ya controlaba gran parte de la parte operativa, incluyendo la financiera, de la Guardia Nacional. Pero ahora se podría lograr lo que se buscó desde el principio: una policía militarizada.
Mucho se ha hablado de un “decretazo”, pero vale la pena aclarar que un “acuerdo de la Presidencia” es un poco distinto de un decreto. La diferencia es compleja de explicar, pero en esencia sus alcances e impactos en la administración pública son diferentes: el decreto es más amplio, el acuerdo es más específico. Pero ambas figuras son herramientas del Ejecutivo para hacer cambios sin consultar ni al Congreso ni al Poder Judicial.
Y eso es lo que se busca: ante el bloqueo opositor para modificar la reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional, el Ejecutivo impone su visión y queda a la espera de las reacciones.
Esto responde a la ambición del presidente de militarizar la seguridad pública, a pesar de sus tuits y videos cuando era oposición diciendo lo contrario. Pero también responde a su estrategia y naturaleza.
Estrategia, porque logra lo que siempre busca: mantener el debate público centrado en él y lo que dice. Sabe que eso dinamiza a sus bases, radicaliza a los sectores, y hace difuso el debate de lo que realmente es importante. Por ejemplo, el hecho de que la Guardia Nacional simplemente no está funcionando y la violencia en México sigue a niveles inaceptables.
Responde a su naturaleza porque cualquiera que recuerde su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal sabe que su estrategia fue gobernar con los llamados “bandos”. Esta herramienta era el equivalente, manteniendo proporciones, a un decreto: establecía reglas sin tener que consultar a nadie.
Algunos de estos bandos tuvieron un profundo efecto en la calidad de vida de la Capital, como la gentrificación de muchas zonas céntricas. Esto demuestra que esas herramientas, sin un balance del Poder Judicial o del legislativo, son sumamente poderosas.
Y a López Obrador le gusta eso: el poder sin contrapesos. Por eso le puede exigir a su bancada en el Congreso que apruebe sus leyes con mínimos cambios, o amenazar a jueces o juezas que otorguen amparos contra sus políticas. También puede menospreciar la necesidad de estudios de impacto ambiental para sus grandes obras.
En el centro de este debate tiene que estar este hecho fundamental: en nuestro país, ninguna ley, ninguna decisión judicial, ningún decreto o acuerdo puede ir contra la Constitución. Esa es la base de nuestro orden político.
Todas las constituciones del mundo son imperfectas, a veces anacrónicas, y son mejorables. Pero para eso se crearon mecanismos, que la administración actual ha usado, para modificarla. Y eso está bien, si se diera en una discusión técnica, informada y con un proceso de debate democrático.
Lo que no puede ser es que cuando una reforma constitucional – además, una que aprobó este mismo gobierno – no quede al gusto de la presidencia, simplemente se ignore y se usen trucos burocráticos para violentar nuestras leyes.
Sí, esto pasaba antes. Sí, siempre estuvo mal. Sí, siempre hubimos voces que lo alertamos y denunciamos. Pero ahora se suponía que ya no iba a pasar. Se suponía que “nada al margen de la ley”.
Pero por lo visto, ni siquiera vivimos al margen de la ley. Vivimos bajo la ley de un solo hombre.
