México es un país de tradiciones. Muchas enriquecen nuestra cultura, nos hacen especiales, nos dan pertenencia. Pero no todas nuestras tradiciones son buenas. Y algunas son muy malas.
Una de nuestras malas costumbres es el pacto de impunidad entre presidentes.
Es algo que durante el largo periodo de hegemonía del PRI era normal: quién llegaba no se metía con quién se había ido. Esto por lealtad, pero también por complicidad: todos sabían cosas de todos.
Así que mejor ni moverle. Con la llegada de la transición democrática en el año 2000 se pensó que esto iba a cambiar. Pero pues no. El acuerdo se mantuvo: cada nueva administración se permitió encarcelar a alguien emblemático para aparentar que las cosas habían cambiado, para que al final no cambiara gran cosa.
Eran casos que resonaban en la opinión pública, como el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo por parte de Enrique Peña Nieto o de Rosario Robles, por parte de Andrés Manuel López Obrador. Aunque eran más venganzas personales que verdaderos actos de justicia.
Pero esta semana pasó algo inusual: supimos que la Fiscalía General de la República lleva a cabo varias investigaciones contra el ex presidente Peña, poco tiempo después de que Pablo Gómez anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía denuncias contra él.
Durante todo este sexenio se ha hablado de un pacto de impunidad, explícito o implícito, entre Peña Nieto y López Obrador. Porque a pesar de todas las promesas de acabar con la corrupción, el presidente siempre ha mostrado deferencia y cortesía con su antecesor, y ciertamente no lo habían perseguido.
Ahora pareciera que lo están haciendo. Sin embargo, estamos expectantes de que salgan vídeos de cercanos al mandatario haciendo algo ilegal, como ha pasado en otras coyunturas sospechosas que matan o duermen cualquier proceso legal. Y también podemos suponer que es parte de una, otra, cortina de humo.
Solo el tiempo nos dirá si esto va en serio o no, y si Peña Nieto termina enfrentando a la justicia. Pero si llega a suceder, puede pasar otra cosa interesante: que López Obrador pierda la protección de quién lo suceda en el cargo.
Porque por mucha lealtad que le profesen hoy sus famosas “corcholatas”, a alguien le tendrán que echar la culpa de lo que tengan que resolver, suponiendo, como parece, que Morena siga en el poder otro sexenio.
Tendrán mucha tela de dónde cortar. Todas las acciones emblemáticas de este gobierno están envueltas en la opacidad y el sobrecosto. Segalmex, el Sistema de Seguridad Alimentaria del gobierno, por ejemplo, está sumida en una gigante crisis de corrupción. Tan grande que tuvieron que quitar al titular; pero no para investigarlo sino que para sacarlo de la escena. Ahora tiene otro puesto. Y dicen que se está investigando, pero otra vez, como en tantos casos, serán mandos medios quienes paguen el precio, si es que alguien lo hace.
El Tren Maya ya está costando más del doble de lo que se proyectó; se construye sin estudios de impacto ambiental y contra amparos, además de no responder a transparencia. Pero algún día, con otro gobierno, se sabrá qué pasó ahí. ¿Quién será el chivo expiatorio?
Lo mismo ocurre con los Siervos de la Nación, que se han vuelto evidentes operadores políticos de Morena, usando los apoyos que pueden dar a cambio de votos. El AIFA es otro ejemplo: opera bajo el control de las Fuerzas Armadas y gran parte de su información financiera es confidencial. Pero no lo será por siempre. Como estos ejemplos hay muchos más.
Es muy bueno que se rompa el pacto de impunidad. Ojalá sea verdad; ojalá no sea un distractor más como nos han acostumbrado.
Pero si se rompe, quienes hoy nos gobiernan van a tener que responder a la pregunta que más les gusta hacer: “¿Y dónde estabas tú cuando nos saqueaban?”
Veremos si tienen una respuesta.
