Hoy quiero hablarte de justicia, aunque es difícil hablar de ella en un país como el nuestro en el que la justicia ni es ciega, ni pronta, ni expedita. Por el contrario, parece ser más un arma de venganza e intimidación.
Y es que hace unos días llamó mi atención la sentencia de 46 años de prisión que dictó un juez de Oaxaca a David Hernández, un indígena zapoteco, activista defensor de las tierras de su comunidad Puente de Madera, Oaxaca. Pero ¿qué hizo que resolvieron que debía pasar 46 años de su vida en la cárcel además de pagar una multa por reparación del daño de casi 200 mil pesos?
Desde 2017 David ha sido un férreo defensor junto con otros hombres y mujeres de “El Pitayal”, un espacio comunitario de 300 hectáreas que para ellos es sagrado, ya que de ahí se proveen de leña y maíz zapalote, base para preparar totopos, un producto de consumo prioritario para la comunidad.
Primero se defendieron de privados que buscaban extraer material pétreo del cerro, después de la instalación de una subestación eléctrica del gobierno; pero sus más grandes problemas comenzaron con la construcción en sus tierras de uso común de los llamados Polos para el desarrollo del Bienestar del Gobierno Federal.
Esto es parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que pretende conectar Oaxaca con Veracruz en el que se integrarán vías férreas, aeropuertos, puertos, parques industriales y hasta un gasoducto, pero nadie tomó en cuenta a los dueños de esas tierras.
Los pobladores denuncian que hubo una encuesta con firmas falsas y hasta de comuneros muertos hace años. ¿Pero por qué se oponen si se les está llevando el desarrollo, han preguntado muchos? Para ellos industrializar a cambio de entregar sus tierras, su agua y su aire no vale la pena.
Así, alertaron que las obras ponen en grave peligro de tener niveles críticos de escasez de agua en la zona. Nadie les hizo caso. David encabezó varias manifestaciones, en una de ellas junto con otros activistas incendiaron una patrulla en señal de protesta. Acusaron al gobierno de Salomón Jara y de Andrés Manuel López Obrador de ignorar a los pueblos indígenas y criminalizarlos.
¿Pero cuál es el delito y por qué 46 años de prisión? Como dije, quemaron una patrulla ¿eso es un delito? Sí, se considera destrucción de propiedad ajena y en el Código Penal se establece que utilizando fuego, atentando contra un bien público y para presionar a una autoridad puede constituir terrorismo y se sanciona con prisión de 15 a 40 años.
Pero la clave es ésta: las autoridades determinan qué delito perseguir y qué castigo pedir. Puede ir desde una falta administrativa y una multa, hasta terrorismo y décadas en prisión. ¿Por qué la aplicación selectiva de la justicia?¿Cuántas quemas de patrullas u otros vehículos policiales, camiones y más comete el crimen organizado y a ellos cuesta tanto considerarlos terroristas o hasta se les ofrece abrazos y no balazos?
¿Por qué es más peligroso un indígena protegiendo sus tierras que un asesino? En México estorban los defensores medioambientales. De acuerdo con el más reciente reporte de Global Witness, en 2022 hubo más de 580 agresiones con 90% de impunidad a pesar de que 31 fueron asesinatos.
Al menos 16 de los asesinados eran indígenas, de esos a los que el presidente se refirió hace unos días como los más olvidados e ignorados; a esos a los que prometió siendo candidato los tomaría en cuenta, pero que de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2018 y 2022 los ataques a activistas en defensa de la tierra aumentaron 302%.
Y es que en tiempos electorales las promesas creen que pueden hacernos olvidar la realidad. En sus iniciativas de reforma recién presentadas vuelve a usar a los pueblos indígenas y propone el reconocimiento de su derecho a mantener el control de sus territorios, y a ser consultados de manera previa y libre en asuntos que pudieran afectar sus derechos y bienestar.
Pero, ¿por qué buscar elevarlo a rango constitucional si en la realidad los ignoran, matan y encarcelan?
