En una colaboración reciente hablábamos del enorme riesgo que implica para la sociedad la creciente militarización de la vida pública y nos referíamos particularmente a lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos y la falta de controles externos.
Sin embargo, hay otro aspecto menos documentado y muy preocupante de la militarización y que quizá sea el más relevante, me refiero a la cada vez más importante cantidad de recursos económicos que están en manos de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con un estudio realizado recientemente por México Unido Contra la Delincuencia, la dirección general de administración de la Sedena solía ejercer entre 2006 y 2018 un gasto inferior a 8 mil millones de pesos al año, sin embargo, gracias a las adecuaciones presupuestarias el monto ejercido en 2019 fue de más de 22 mil millones de pesos, para 2020 creció a más de 26 mil millones de pesos y en 2021 prácticamente se duplicó hasta alcanzar $48,741 millones de pesos.
Pero además, para finales de 2021 esta unidad acumuló $76,000 millones de pesos gastados sin aprobar, es decir un sobreejercicio promedio de 374%. Todos estos recursos se van a una partida única denominada “aportaciones a fideicomisos públicos” y el fideicomiso al que se va todo este dinero es el Fideicomiso Único de Pago y Administración de Equipo Militar que está pobremente regulado y por lo tanto, le permite a la Sedena utilizar el dinero público de forma opaca y sin responder a controles externos.
Los fines de este fideicomiso son: la administración de sus recursos, cubrir los gastos de adquisición de equipo militar y la contratación de servicios de obra pública, así como servicios de mantenimiento para dichos bienes y obras destinadas a la realización de carácter urgente.
Como se puede observar, estos términos son muy ambiguos y por lo tanto otorgan un gran margen de flexibilidad para ejercer esos recursos de manera discrecional.
Un ejemplo del tipo de proyectos en los que se están invirtiendo los recursos de este fideicomiso es el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, según el reporte consultado, desde inicios del sexenio y hasta enero de 2022 se habían utilizado más de 57 mil millones de pesos para la construcción de dicho aeropuerto, lo mismo ocurre con el Tren Maya, pero no solamente la construcción sino la administración de ambos proyectos está a cargo de la Sedena y 75% de sus utilidades se destinarán al pago de pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas .
Lo que estamos viendo entonces, es que a las Fuerzas Armadas no solamente se les está dando cada vez más poder político sino también mayor poder económico e independencia para el manejo de esos recursos.
Los fideicomisos públicos que dependen de otras Secretarías, cuentan con comités de administración integrados por funcionarios de distintas dependencias lo que contribuye a una gestión más transparente y a un mayor control. No es el caso del Fideicomiso Único de Pago y Administración de Equipo Militar.
El incremento gradual y sistemático de recursos que están recibiendo las Fuerzas Armadas va en detrimento del resto de las instituciones del Estado que cuentan con cada vez menos recursos para cumplir con sus funciones y el costo lo acabamos pagando los ciudadanos que recibimos cada vez peores servicios públicos.
Sin embargo, lo más grave, de acuerdo con diversos especialistas es que los mexicanos estamos viendo cómo, de manera gradual, las Fuerzas Armadas se están constituyendo en la institución más poderosa del país, incluso con más poder que el propio Presidente de la República.
