El ejercicio de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril, mediante el cual se podría retirar la confianza ciudadana al Presidente de la República para que siga gobernando hasta que concluya su periodo constitucional en 2024, es una trampa del populismo autoritario a la democracia.
Contrario a lo que se pretende hacer creer, la revocación de mandato no abona a mejorar nuestro sistema político con la práctica de la democracia directa, más bien introduce una anomalía en nuestro régimen electoral. La revocación, que es resultado de una reforma constitucional promovida por el propio partido en el poder, distorsiona el concepto de un Gobierno electo por seis años y será factor de inestabilidad política.
Los futuros presidentes tendrán que dedicar gran parte de su tiempo a defenderse de sus enemigos que le quieren revocar su mandato y a realizar todo tipo de acciones de gobierno, responsables o no, que les permita granjearse la simpatía de los votantes. O sea, no van a gobernar.
En el remoto caso de que, aún con toda la promoción ilegal que ha hecho el Presidente, las instituciones del Gobierno Federal y su partido para que la gente acuda a votar (por la “ratificación de mandato”, como tramposamente le llaman), que la mayoría votara por la revocación, finalmente quien nombraría al nuevo titular del Ejecutivo sería el Congreso, dominado por el partido oficialista. Una elección indirecta donde la ciudadanía ni opina. La violencia política y radicalización del nuevo Gobierno contra sus adversarios no tendría límites; sería el escenario de la extrema polarización e inestabilidad política.
La mejor prueba de que la revocación de mandato ha sido considerada como una anomalía en casi todos los países que tienen un sistema democrático y republicano es que la figura solo existe en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde ha sido utilizada para darle continuidad a regímenes autoritarios.
El verdadero propósito de que se realice la jornada de revocación de mandato es crear una plataforma política y mediática que fortalezca al Presidente para darle continuidad a su proyecto político y, en ese trayecto, debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE); su carácter ciudadano y autonomía son un estorbo para el populismo autoritario.
El hecho de que los únicos que han promovido la votación del 10 de abril sean el Presidente y su partido, no la ciudadanía como debería de esperarse, demuestra que solo se trata de alimentar el ego y de afianzar la posición política del oficialismo frente a las voces disidentes. El ejercicio de la revocación de mandato es absolutamente innecesario.
En cualquier escenario, el país no gana nada; pierde recursos que se podrían emplear en otras prioridades, pierde tiempo y esfuerzos del Gobierno que deberían enfocarse a resolver problemas urgentes y pierde la atención de los temas verdaderamente sustanciales para el país.
Más allá de la discusión de si se debe acudir o no a la consulta, es necesario pensar en que la revocación de mandato no aporta nada para mejorar nuestra democracia y que puede ser un escollo para llegar a tener un buen Gobierno. Participar en la consulta es legitimar la revocación de mandato, una figura que atenta contra la gobernabilidad democrática; es legitimar el proyecto de largo plazo del populismo autoritario y empobrecedor de México.
Otra colaboración del autor: La transformación energética
