La propuesta del presidente de la República al Congreso de la Unión de reformar la Constitución con el objetivo de cancelar las reformas que se hicieron en 2013 en el sector eléctrico para abrir el mercado al sector privado e impulsar la generación de energías limpias, es una iniciativa que amenaza con paralizar los motores del crecimiento del país, agravar aún más las dificultades económicas de las familias mexicanas e incumplir abiertamente la responsabilidad de evitar una mayor degradación del medio ambiente.
Hace unos días concluyó el Parlamento Abierto que convocó la Cámara de Diputados para analizar con especialistas y representantes de las partes interesadas la contrarreforma del Ejecutivo. Aún cuando los diputados de la mayoría oficialista y los funcionarios del Gobierno usaron los foros del Parlamento Abierto para calificar como “traidores a la patria” a quienes no están de acuerdo con la contrarreforma y “patriotas” a quienes aplauden la iniciativa presidencial, quedó claro que si se llegara a aprobar la propuesta de modificación constitucional, se provocaría un escenario verdaderamente catastrófico para la economía y el medio ambiente.
La iniciativa del Ejecutivo pretende convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un organismo de estado superpoderoso, un gran monopolio, que controla la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y que además se hace cargo de regular el mercado. O sea, sería juez y parte. Se cancelaría la competencia y con ella los incentivos para operar de manera más eficiente y a más bajos costos. Todo esto en detrimento de los consumidores.
Entre las repercusiones económicas más preocupantes que tendría la contrarreforma eléctrica están las siguientes:
– Alza de las tarifas eléctricas en detrimento de más de 46.2 millones de consumidores del país, en virtud de que se daría preferencia a la energía más cara que produce la CFE y quedarían relegadas las plantas privadas que son más baratas, incluidas las de energías renovables.
Si se pretendiera que las tarifas de bajo consumo residencial no aumentarán más que la inflación, sería necesario aplicar más subsidios y reducir los presupuestos de otros rubros prioritarios como salud, educación o seguridad, por mencionar algunos.
Para las tarifas de alto consumo, incluyendo las tarifas industriales, los aumentos en costos se tendrían que reflejar en mayores precios finales, mismos que afectarían a todos los precios generales de la economía y le darían un impulso adicional a la inflación que ya padecemos.
– Pérdida de inversiones privadas en el sector energético, lo cual se vería reflejada en un alto a la construcción de nueva infraestructura y a la generación de empleos.
– Freno a la inversión en nuevas plantas, por la situación de debilidad financiera de la CFE, y a la innovación y tecnificación del sector.
– Incumplimiento de tratados comerciales internacionales, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) o el Acuerdo Transpacífico (CPTPP), por favorecer a la CFE por encima de las inversiones extranjeras.
– Daño patrimonial al Estado Mexicano por tener que indemnizar a las cientos de centrales eléctricas del sector privado que demandarán al Gobierno Federal, cantidad que se estima entre 44,000 a 60,000 millones de dólares.
– Cancelación de inversiones privadas dirigidas a otros sectores económicos por la incertidumbre que provoca el cambio de reglas y las políticas gubernamentales.
Desde el punto de vista ambiental, el uso intensivo de las termoeléctricas de la CFE, muchas de ellas consumidoras de combustóleo, y el menor uso de las plantas generadores que utilizan fuentes renovables, pondrían en riesgo el derecho humano a vivir en un medioambiente sano. Evidentemente, sería imposible cumplir los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el cambio climático.
Las implicaciones de aprobar la iniciativa del Ejecutivo afectarán de manera profunda el desarrollo del país. De los resultados de esta batalla depende el futuro político inmediato. Si se divide al grupo de legisladores que pueden ser oposición en el Congreso -como es la intención del Ejecutivo-, no habrá manera de contener el retroceso en todos los ámbitos de nuestra vida pública.
Este es el tamaño de la responsabilidad que tenemos como ciudadanía y, en particular, los legisladores que no forman parte de la transformación regresiva.
Otra colaboración del autor: La calidad del gobierno
