Exigen justicia en redes sociales
“La policía no nos cuida, nos matan, nos acosan, nos violan”, se lee en una de las cartulinas que porta una mujer en una de las múltiples manifestaciones que ha habido en Guadalajara, Jalisco para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López.
Giovanni fue detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por no usar cubrebocas. Luego lo golpearon por tres horas porque supuestamente intentó grabarlos con su celular. Al día siguiente, la familia de Giovanni lo encontró muerto en un hospital con golpes y un disparo en la pierna. Los policías lo mataron.
Los gritos de #JusticiaParaGiovanni también se escucharon en la Ciudad de México, donde se detectaron abusos de la autoridad. Durante la manifestación del 5 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana patearon a Melanie N, una adolescente de 16 años, quien protestaba por, al menos, dos homicidios cometidos por policías: el de Giovanni, en Jalisco, y el de George Floyd, en Estados Unidos.
Estos fenómenos, que mostraron la forma de actuar de los policías, ejemplifica por qué poco más de la mitad de la población mexicana –de 18 años y más– desconfiaba algo o mucho de la Policía Preventiva Municipal: 51.8% en Jalisco y 53.5% a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana de marzo de 2020.
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La policía más cercana a la ciudadanía –la municipal– debe encargarse de la prevención del delito, vialidad, tener proximidad con las y los habitantes, solucionar conflictos y ser la primera en reaccionar a los actos delictivos, no de ser parte de ellos, como sucedió en Jalisco y ahora, al parecer, también en otro estado: Oaxaca.
La noche del 9 de junio, Alexander y sus dos amigos salieron a comprar un refresco y a poner gasolina en su motocicleta, “cuando la patrulla se les atravesó, ellos la quisieron pasar por un lado –me imagino que para no pegarle–, pero la reacción de los policías fue empezar a dispararles a los que iban en la moto. Les dispararon a dos”, dijo el hermano de Alexander al portal de noticias Sin Embargo.
Los policías del municipio de Acatlán de Pérez, Oaxaca, supuestamente confundieron al chico de 16 años y a sus acompañantes con delincuentes.
El policía mató a Chander, como le decían sus seres queridos, e hirió a uno de sus amigos, quien se encuentra hospitalizado. Hoy los familiares, amigos y conocidos de Chander claman #JusticiaParaAlexander.
Actualmente, 42.8% de la población encuestada en Oaxaca, por el INEGI, desconfía algo o mucho de los uniformados municipales de esa entidad.
En México, la población de 18 años y más le tiene más desconfianza a la Policía Preventiva Municipal que al resto de las instituciones de seguridad:
Además, casi seis de cada 10 personas encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considera que la Policía Preventiva Municipal es poco o nada efectiva; cifra que prácticamente no ha cambiado en los últimos cuatro años.
¿Qué se está haciendo para mejorar el desempeño policial?
En mayo de 2019 se aprobó una Estrategia Nacional de Seguridad Pública “para recuperar la seguridad, pacificar el país y consolidar el Estado de Derecho”; donde se contemplan varias estrategias específicas, entre ellas un Nuevo Modelo Policial.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica tiene el objetivo de fortalecer a la policía municipal y estatal y su articulación efectiva con la Guardia Nacional para prevenir y reducir los delitos, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad, de lo que aún no se conocen resultados.
“Es la primera vez que se pone sobre la mesa un plan que busca tomar en serio de los policías y mejorar distintos aspectos, el problema es que esa propuesta, que surgió en el Gobierno Federal, no es prioritario para ellos”, mencionó David Ramírez-de-Garay, Coordinador del Programa en Seguridad de la organización México Evalúa, en entrevista con este medio.
Ramírez-de-Garay agregó que “el plan se quedó sin empuje (federal) y empezó a fragmentarse o a trabajarse desde donde se podía, cumpliendo algunos pasos pero sin un esfuerzo coordinado y unificado para echarlo adelante. Con apoyo de la sociedad civil se han tenido que buscar apoyos locales, estatales o municipales interesados”.
En el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) “estamos realizando un diagnóstico de la situación actual de las policías municipales, desde noviembre de 2019, a través de visitas. Hasta ahora llevamos dos y mañana a penas iniciamos la tercera, en León, porque nos interrumpió la emergencia sanitaria”, dijo Miguel Garza, director de Investigación aplicada en Policía del Insyde, a Cuestione.
Miguel Garza afirmó que de los 252 municipios que cuentan con subsidio Fortaseg (Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública), sólo podrán analizar 35, por falta de presupuesto. El Instituto presentará los resultados en febrero de 2021 y realizará sus recomendaciones.
Garza adelantó que “se necesita (entre otras cosas) un mecanismo de supervisión civil especializada, para que esos grupos revisen las actuaciones de los policías y acompañen las investigaciones de las detenciones”.
En el Modelo Nacional de policía y Justicia Cívica se contempla que “el 50% del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) se destine al fortalecimiento de las policías municipales, pero con la contingencia ese gasto se irá a insumos médicos y protección sanitaria, lo que quizá haga que este año no pueda implementarse”, aseveró Garza.
En el Insyde están acompañando la puesta en marcha del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica de la mano con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), gracias al financiamiento otorgado por la cooperación alemana (GIZ por sus siglas en alemán).
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Otros esfuerzos
La academia y la sociedad civil han realizado diversas propuestas de cambio y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó al menos diez:
1.-Registro de detenciones que permitan conocer momento a momento quiénes están a cargo de la persona detenida. Lo que aún no es plenamente público.
2.-Controles externos depositados en personas ajenas a las instituciones de seguridad; lo que han pedido especialistas, como Ernesto López Portillo, durante años y no se ha hecho.
“El grado de desviación de la policía depende de qué tanto se le vigila y controla, simultáneamente, desde adentro y desde afuera. Lejana y opaca, como es la inmensa mayoría de la policía en el mundo -sin duda en México-, las oportunidades para el abuso y la brutalidad siempre serán interminables”, escribió Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, en el portal de noticias Animal Político.
3.-Tecnología en las manos correctas para seguir la labor de las policías y evitar violaciones a derechos humanos.
4.-Rendición de cuentas. Muchas fiscalías siguen careciendo de instancias especializadas en derechos humanos o cuando se tienen, pocos casos culminan en sentencias.
5.-Desmilitarización de las policías municipales.
6.-No solo discutir la política de seguridad en el ámbito federal, también local (municipal).
7.-Regulación de uso de la fuerza, ya que se sigue realizando sin marco regulatorio.
8.-Todos los asesinatos deberían investigarse y esclarecerse y si ocurre por uso de la fuerza pública o bajo custodia, la investigación debe ser exhaustiva.
9.-Participación Ciudadana, incluyendo respetar las protestas y a los actores que documentan las acciones que inhiben su legitimidad.
10.-Que los actores políticos se responsabilicen por sus declaraciones públicas.
Mientras tanto, en julio –cuando el INEGI publique los resultados de junio– sabremos qué tanto aumentó o disminuyó la confianza en la policía municipal y la efectividad de su desempeño. Y en febrero del próximo año, las condiciones en las que operan, al menos, 35 de ellas, cuando el Insyde publique sus resultados.
