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Filtración de nombres: así se complica el gobierno sus investigaciones
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Filtración de nombres: así se complica el gobierno sus investigaciones
Ayuda a la rendición de cuentas
01 Jun | 2020
Por: Carolina Ruiz
Muy Cierto
Filtración de nombres: así se complica el gobierno sus investigaciones
Ayuda a la rendición de cuentas
Jun 01, 2020
por: Carolina Ruiz
Muy Cierto
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Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen criterios que, de acuerdo con expertos, son poco claros cuando se trata del manejo de la información en los casos que investigan. 

Algunos nombres los dan a conocer antes de que terminen las averiguaciones, pero otros, los mantienen anónimos hasta que acaba el proceso o cuando ya tiene avances significativos. 

Lo anterior podría interpretarse como un problema dentro de un proceso judicial; sin embargo, la publicidad de estos casos también podría beneficiar a la sociedad pues se trata, de alguna manera, de un ejercicio de rendición de cuentas. Incluso, a veces, también podría ayudar en el avance mismo de las indagaciones.

La forma importa: el caso UAEH

“Parece que hay un doble criterio, porque hay investigaciones que están en trámite y de las que pueden dar datos y hay otras que no, es un manejo sesgado”, nos dijo Arturo Luis Cossío Zazueta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La publicidad, curiosamente, es también una forma no sólo de mostrar la actuación del Estado, sino también de rendir cuentas. La influencia que ésta tenga sobre una investigación depende de la forma en la que presentas esta información: siempre tienes que establecer que son sospechosos, que están siendo investigados”, explicó José Antonio Caballero, Investigador Titular de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a  Cuestione.

Un ejemplo que tomaron ambos especialistas en Derecho para explicar este mecanismo, es la reciente liberación de cuentas bancarias congeladas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El 21 de mayo un tribunal colegiado en Pachuca, Hidalgo, ordenó a la UIF, descongelar -de manera definitiva- seis cuentas de la UAEH con un monto total de 151 millones de dólares. 

El congelamiento de cuentas se realizó desde febrero del 2019, cuando Santiago Nieto, titular de la UIF, declaró públicamente que la universidad estaba involucrada en presunto lavado de dinero, pero no se presentaron pruebas que respaldaran la procedencia de los recursos, que de acuerdo con la Unidad, provenían de Suiza

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“Aparentemente, no había terminado el procedimiento, o no llegaron a ninguna declaratoria por parte de otras autoridades, entonces, (las indagatorias) pueden durar mucho y no sabemos cuántas (investigaciones) terminan en un procedimiento, ni cuántas terminan con una sentencia adversa para la persona investigada”, agregó Cossío Zazueta.

El especialista en derecho explicó que en el caso de las investigaciones de la UIF, puede haber implicaciones que no sólo se limitan a lo fiscal, sino que tocan los ámbitos penal y administrativo, por lo que, muchas veces, no se dan a conocer los resultados directamente. 

Al parecer, en el caso de la UAEH las consecuencias sólo fueron la falta de pago a maestros, trabajadores y directivos que dependían de estas cuentas congeladas. 

José Antonio Caballero explica que la falta de resultados en este caso, o la poca visibilidad de éstos, se debe más a las fallas estructurales en materia de investigación, carencia que tienen todas las instituciones en el país.

“El congelamiento de cuentas es público, se hace público y todo el mundo se entera una vez que se realiza. Lo que se tiene que ver es la rendición de cuentas de eso, si se le pregunta a la UIF respondería que otorgó cuentas a la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía no hizo nada, entonces, ¿a quién culpamos?”, detalló el investigador.

De acuerdo con Arturo Cossío Zazueta, la SFP también tiene este comportamiento: 

“Ha manejado algunas cuestiones en las que, a veces, no se puede dar más información porque la investigación se encuentra en trámite, entonces lo que llama la atención es que parece que hay un doble criterio”, comentó el abogado.

“Disminuir comportamientos”

Otro “adelanto” de investigación, fue la entrega de documentos a la revista Contralínea, que publicó una investigación en la que, supuestamente, la UIF facilitó documentos sobre el seguimiento de cuentas de la Agencia de Noticias del Estado mexicano (Notimex) y del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), en la que indaga a exdirectivos del organismo público y de la agrupación sindical, por su presunta responsabilidad en el desvío de montos millonarios. 

La investigación contiene elementos que ya habían sido expuestos en años anteriores por el propio director de Contralínea. 

Además, fue publicada después de que Signa-Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con sede en Guadalajara y Artículo 19, la organización internacional que defiende los derechos de periodistas y de libertad de expresión, publicaran una investigación en el portal de Carmen Aristegui, en la que señala que, supuestamente, Sanjuana Martínez, directora de la agencia, habría ordenado ataques en redes sociales contra excolaboradores de Notimex

De acuerdo con exdirectivos de Notimex -no vinculados con las investigaciones- esta publicación de Contralínea solo busca distraer la atención de los problemas, señalamientos y acusaciones que enfrenta la actual directiva de Notimex, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Cuando estamos hablando de una investigación que apenas está iniciando, o que se percibe que apenas está iniciando (...) se entiende que están queriendo dar una especie de mensaje, para que se aplaque una crítica o la oposición disminuya cierto tipo de comportamiento, pues parece más amenazador que otra cosa”, detalló el experto.

“Mover hilos”

Sin embargo, también hay casos en los que la publicidad puede beneficiar a la investigación. 

“Entonces te conviene dar a conocer información para avanzar en la investigación, por las condiciones específicas que tiene. Vamos a suponer que a ti te interesa que algo ocurra y la manera en la que puedes lograr que eso ocurra es dando a conocer que estás indagando”, detalló el investigador del CIDE.

El ejemplo que Caballero pone para ilustrar este argumento es el amparo que solicitó Manlio Fabio Beltrones luego de que se anunció una investigación al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la presunta triangulación de recursos públicos a las campañas del PRI

“Ahí tienes un ejemplo interesante de cómo la publicidad de una investigación te puede ayudar a consolidar líneas de investigación”, detalló.

¿Esto es ilegal?

Antonio Caballero explica que los riesgos de hacer un anuncio tienen que ser evaluados de acuerdo el caso, se tiene que saber los resultados que se quieren obtener, como en el caso de Manlio Fabio Beltrones y César Duarte.

Pero Arturo Luis Cossío Zazueta advierte una característica sobre el criterio que se está siguiendo:

No sería ilegal sino incorrecto. Vamos a decirlo de alguna manera si hablamos del ámbito administrativo. Yo en lo penal diría que lo que se tiene durante una investigación, se tiene que mantener en sigilo de la misma y, solamente, tener acceso los sujetos interesados: el imputado, su defensor, la víctima, su asesor jurídico y obviamente el Ministerio Público como la autoridad”, detalló.

En opinión del abogado, todos los demás actores, así como los externos, no deberían de tener acceso a la información pública. Lo que se hace, en caso de ser un asunto de interés público y/o mediático, es hacer una versión pública con el fin de que se ocultan ciertos datos. 

“Digamos que en términos de divulgación de datos, tendrían que estar reservados, en caso contrario podría considerarse arbitrario, si no es que hasta ilegal. Pero no sé en materia administrativa cómo estén regulando ese tema”, detalló.

Cossío Zazueta concluyó que si estuviera prohibido dar a conocer estos datos estaría mal que se revelaran, pero que en el caso de no estar prohibidos, “estaría mal que ocultaran los nombres de los implicados en algunos casos y en otros no”.

¿Se está utilizando como escarnio público?

Ante la pregunta de si este tipo de investigaciones podrían ser utilizadas como una especie de “escarnio público” o exposición con fines de desacreditación y humillación, el académico de la UNAM dijo que: 

“De alguna manera, cuando se da el manejo político, si pensamos en la declaración de un funcionario en el que se percibe que lo que se quiere es mandar un mensaje,  ya sea a la sociedad o un ‘no estamos jugando y así vamos a proceder’; o que va dirigido a la persona a la que se está investigando, si se podría entender como una especie de advertencia velada”. 

“Si usas mal eso, claro que puede ser una herramienta para escarnio público. Y lo que tendrias que pedir entonces es un proceso de rendición de cuentas por esos excesos. Lo que tendrias que decir es: ‘esta información no conduce a ninguna parte, ¿cuál es la justificación de que se haga pública?’”, dijo al respecto el investigador del CIDE.

Antonio Caballero señaló que esto incluso puede ser usado como herramienta para avanzar en la investigación, ya que se “jalan hilos”.

“Como el presidente cuando en las mañaneras dice ya estamos investigando esto y vas a Transparencia (a través de una petición de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y no hay información alguna”.

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¿Cuántas de las investigaciones que han hecho terminaron en juicio? 

Como lo documentó Cuestione en esta nota, la UIF logró un récord de 161 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, pero sólo 51, es decir, 32%, se integraron en carpetas de investigación y en ninguna hubo personas vinculadas a proceso.

En el caso de la SFP, la investigación anunciada sobre los supuestos actos de corrupción de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sigue en curso y el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la UIF y a la SFP no adelantar avances sino hasta que se realice la denuncia ante la FGR.

Respecto a la investigación anunciada en contra del hijo de Manuel Bartlett Díaz (director general de la Comisión Federal de Electricidad), a causa de la compra de 20 ventiladores para pacientes con COVID-19 realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, sigue su curso sin haber dado detalles adicionales a los publicados el 13 de mayo. 

¿Continuarán los adelantos de investigaciones y la revelación de nombres de los implicados en las indagaciones? ¿Cuáles serán los próximos?



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