¿Por qué es importante?
Convencido de que su llamada “Cuarta transformación” ya inició, Andrés Manuel López Obrador ofreció un discurso -a un año de su triunfo presidencial- en el Zócalo capitalino. En este, enlistó decenas de logros y un par de pendientes: violencia y salud, pero ¿sólo en eso es en lo que no se ha avanzado en estos siete meses?
Cuestione hace un recuento de los temas que López Obrador omitió en su mensaje del 1 de julio de 2019 pero que son clave para evaluar los primeros resultados de la nueva administración federal.
Empleo: mejores salarios pero para menos personas
Entre aplausos y consignas a favor de su gobierno, López Obrador informó que desde que asumió el cargo consiguió aumentar el salario mínimo en 16%, “algo que no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal”.
En efecto, desde enero de 2019 el salario mínimo de México pasó de 80 a 102 pesos, pero aún no se refleja en el ingreso real de las personas: al primer trimestre de 2019, sólo un millón 7 mil personas ganaban más de cinco salarios mínimos (510 pesos), esta cifra es menor que la del primer trimestre de 2018, cuando más de dos millones de personas percibían ese nivel de ingreso salarial, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.
Otra cosa que no mencionó el presidente en este rubro fue que el Congreso, y en concreto la bancada de Morena, rechazó eliminar el outsourcing como parte de su Reforma Laboral. El outsourcing es una forma de contratación que ha sido utilizada en México (principalmente en el servicio de limpia, sector que emplea a más mujeres) para que las empresas disminuyan sus obligaciones patronales.
López Obrador también evadió hablar de la informalidad laboral. En este año solo se han creado 303 mil 545 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apenas 60% de lo que se registró el año pasado.
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Esto es importante porque sólo las ocupaciones que son registradas en la seguridad social pueden considerarse empleos formales. ¿De qué sirven los logros que se hayan alcanzado con las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Trabajadores del Estado, si más de la mitad de la población trabajadora no puede beneficiarse de ellos?
Violencia contra las mujeres
En un discurso de aproximadamente hora y media, el mandatario federal pronunció sólo dos veces la palabra mujeres. Nunca hizo referencia, ni como logro ni como pendiente, a los resultados de la estrategia emergente que el pasado 6 de marzo presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y las niñas.
En la estrategia hay desde un registro nacional del sistema de transporte público concesionado hasta reformas legislativas. Acá no se informó ningún avance; sin embargo, según datos del Secretariado Ejecutivo, desde enero y hasta el 31 de mayo de 2019 se registraron más de 46 mil víctimas mujeres, 61% de los casos por lesiones dolosas.
Marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, fue el más violento para ellas, con 83 casos de feminicidios.
Durante los primeros cinco meses de 2019 ya se registró en el país 40% del total de asesinatos de mujeres que hubo en 2018 por razones de odio. Todo esto mientras que, por orden del presidente, permanecen suspendidos los recursos con los que operarían este año los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Despidos masivos y violaciones a los derechos laborales
Otra cosa de la que no habló el mandatario fue que su política de austeridad derivó en que 19 mil personas que trabajaban en el gobierno federal fueron orillados a firmar su renuncia –en pocos casos, despedidas– en los primeros seis meses de la actual administración, de acuerdo con datos obtenidos por Cuestione, vía transparencia, de la Secretaría de Función Pública (SFP).
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Derechos Humanos y asesinatos de periodistas y personas defensoras
Sobre este tema, el Ejecutivo federal dijo “se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten ataques ni masacres ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos; en vez de ello, se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes”.
Con esta frase, el presidente desconoce -como lo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa– que México continúa frente a una crisis de derechos humanos por casos de tortura, violencia sexual, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, despojos de tierra y territorio, desplazamientos forzados y otras violaciones a los derechos básicos de la población.
Asimismo, López Obrador expuso que su gobierno garantizaba mecanismos de seguridad para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, pero no reconoció que (aún con esas medidas de protección) en su sexenio ya se asesinaron a 10 periodistas y a 11 personas defensoras de derechos humanos.
Gastos por el avión presidencial
El mandatario señaló como un compromiso cumplido que puso en venta el avión presidencial, pero omitió que tenerlo varado en un hangar podría salir más caro que usarlo. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el gobierno federal ya pagó los 416.9 millones de pesos por la anualidad del avión presidencial que desde diciembre de 2018 permanece inactivo en un hangar de Estados Unidos.
Además, hay que agregar 720 mil dólares (casi 14 millones de pesos) que la actual administración pagó por la renta del hangar, una cifra que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer al diario Milenio, vía transparencia, luego de una impugnación.
