Sin importar el incremento de la violencia en el país, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tuvo un retraso de 31% en los primeros cinco meses de 2022, cuando debió haber gastado $21,652 millones, pero solo gastó $14,926 millones, nos dijo Jorge Cano, investigador del Programa de gasto público y rendición de cuentas de la organización México Evalúa.
Aunque de enero a abril, la SSCP ya acumulaba un recorte de 33%, es decir $5,300 millones que no se gastaron y que estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 pero que la Secretaría no recibió.
Eso, pese a que los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, extorsión, lesiones dolosas, el robo en general y la violación no ceden, según lo revelan las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo.
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Pero estos retrasos en el gasto del presupuesto son una muestra de la política en seguridad pública que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eliminó el financiamiento de las estrategia de fortalecimiento de la policía civil, principalmente en las instancias municipales, para priorizar un mayor gasto en la Guardia Nacional.
Además, en 2021 la administración federal desapareció el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), “con el cual se desmantelaron las estrategias de fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen”, se señala en un análisis de México Evalúa sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022.
Seguridad pública en municipios la más afectada
Así para 2022, el gobierno federal no destinó ningún fondo extra para fortalecer la seguridad de los municipios con mayores índices delictivos.
Hasta 2020, 286 municipios fueron beneficiados con un subsidio de $4,300 millones, del Fortaseg. Dinero que fue destinado a la compra de patrullas, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de seguridad.
Adicionalmente, este dinero servía para “la homologación policial, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia”, según México Evalúa.
Actualmente, los municipios solo cuentan con el gasto de seguridad de los fondos que tienen garantizados por la Constitución. Y al perder el Fortaseg, los municipios se vieron obligados a mantener únicamente su gasto operativo de salarios y gasolina.
“Los municipios ya no tienen la capacidad para mejorar su infraestructura y esto los limita para poder mejorar sus capacidades de vigilancia y de mantenimiento del orden”, nos expuso Jorge Cano.
Al parecer, gran parte de los recursos recortados a los municipios se destinaron a la Guardia Nacional, consideró el investigador de México Evalúa.
De acuerdo con la organización Causa en Común, las fiscalías locales dedican “buena parte de sus recursos humanos y materiales a atender delitos patrimoniales”, como daño en propiedad ajena y robo de vehículo. Esto les deja pocos recursos libres para investigar delitos como feminicidio, homicidio doloso, desaparición forzada y trata de personas.
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Con AMLO, presupuesto para policía el peor en una década
Los recursos destinados a la policía ya venían disminuyendo desde el sexenio pasado, pero a inicios de la administración de López Obrador cayeron a su peor nivel en la última década, nos explicó Jorge Cano.
En 2021, el gasto para la policía solo fue de $41,000 millones, mientras que en 2012 el monto fue alrededor de $69,000 millones, precisó.
“El gasto en seguridad no ha crecido, no ha aumentado frente al PIB, ni por el tamaño poblacional, pero sí se ha focalizado en instituciones militarizadas”, enfatizó Cano.
Para 2022, el monto total presupuestado para seguridad pública fue de $315,700 millones. Sin embargo, esta cifra se encuentra en 3.0% y 3.8% por debajo de los máximos observados en 2015 y 2016, cuando llegó a $325,500 y $328,000 millones respectivamente.
Mientras que en 2021, a la Guardia Nacional se le aprobaron $37,000 millones y en 2022 se le asignaron $62,800 millones.
Recortes a la Guardia Nacional
La seguridad es uno de los rubros que ha sido sacrificado en lo que va de este año para priorizar otros gastos del gobierno del presidente López Obrador, sostuvo Jorge Cano.
El recorte también afectó a la Guardia Nacional, cuyo gasto al mes de mayo debió llegar a $11,563 millones, pero gastó solo $8,261 millones. De igual forma, la Fiscalía General de la República debió haber gastado $7,509 millones, pero solo gastó $5,548 millones, es decir, tuvo un retraso de 26%.
En tanto, a mayo de 2022, la Secretaría de Turismo tuvo un sobre gasto de 64% ($17,000 millones). Y la Secretaría de Energía gastó el doble de lo que tenía programado para este periodo, que son $45,000 millones más, señaló Cano.
“Se ve cómo han ido tomando recursos de aquí y de allá” para los programas y gastos prioritarios del gobierno, como el Tren Maya, las transferencias a Pemex y la Pensión para personas adultas mayores, consideró.
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Problema de 20 años atrás
Por su parte, Carlos Galindo, investigador de la organización Causa en Común, nos expuso que durante los últimos tres sexenios “el dinero que debimos de haber usado para fortalecer a las policías y para transformar la justicia en México, lo hemos destinado a la militarización del país”, contrario a lo que marcan las recomendaciones internacionales.
En 2003, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, en la cual recomendó “crear y formar cuerpos de policía que pudieran investigar delitos”.
Pero eso no ocurrió y desde hace casi 20 años la seguridad en el país se ha ido deteriorando. “En 2003, era algo relativamente sencillo de cambiar, porque teníamos un país más o menos pacífico. Pero con la guerra contra el narco que comenzó Calderón se desató una crisis de violencia que cada vez es peor y es más difícil de detener”, nos dijo Carlos Galindo.
“Al día de hoy, seguimos discutiendo si deberían o no los policías investigar por su propia cuenta los delitos. Ahora la situación va más allá, pues estamos despreciando a los policías para que la Guardia Nacional retome sus funciones”, añadió.
Para Carlos Galindo el foco de la atención de las administraciones pasadas y la actual, sobre la seguridad pública, “debió haber estado en las policías y en las fiscalías para que hicieran buenas investigaciones” y así lograr el acceso a la justicia.
Sin embargo, dijo Galindo, los gobiernos eligieron un enfoque que favoreció el “autoritarismo y la militarización”.
