En lo que va del año 2022, según el reporte mensual de la población privada de la libertad, sólo el 52% tiene sentencia.
El año pasado, eran 4 de cada 10 personas privadas de la libertad las que no tenían una sentencia, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2021 del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Esto quiere decir que vamos empeorando.
Casi la mitad de las cárceles en México tienen un problema de sobrepoblación y aún así, los procesos jurídicos son tan lentos, que más de la mitad están en un limbo.
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Reformas al artículo 19 constitucional
En mayo de 2019, el Congreso aprobó una reforma al artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de delitos considerados como ‘graves’ y acreedores a una medida de prisión automática.
Esta reforma tuvo un impacto fuerte en la cantidad de personas privadas de su libertad y en los tiempos que estas personas esperan para obtener un proceso jurídico que regule su situación.
La ley se modificó de tal forma que un juez puede ordenar la prisión preventiva oficiosa para todos estos casos: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
La prisión preventiva no puede ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si pasan 24 meses y no hay sentencia, el imputado tiene que ser puesto en libertad mientras se sigue el proceso.
Aún así, se puede estar en prisión dos años y acabar teniendo una sentencia en favor del acusado.
¿Bajó el crimen con más prisión preventiva?
No, e incluso sigue en aumento.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con excepción de 2020, año en que inició la pandemia, de 2015 a 2021 la incidencia delictiva nacional ha registrado una tendencia creciente.
Esto ocurre en delitos incorporados en el listado de prisión automática, como la violencia familiar y la violación, que han mostrado incrementos de 15% y 28%, respectivamente.
Sobrepoblación de las cárceles
Desde la reforma, el incremento de la prisión preventiva fue de un 27%. Esto significa que casi se ha triplicado el número de personas privadas de libertad y que, muy probablemente, apenas estén esperando condena.
Según los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en el país hay 289 centros penitenciarios: 14 del gobierno federal, 13 de la Ciudad de México y 262 estatales. De estos, 126 son considerados centros penitenciarios con sobrepoblación.
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Diferencia entre hombres y mujeres
Cuando comenzó a darse esta sobrepoblación, se confirmó que el aumento se dio en la población de personas sujetas a prisión preventiva.
De 2019 a 2020 pasaron de 75,287 a 89,067 en 2020. Esto es un incremento de 18.3% de presos que esperan a que se decida si son culpables o no.
Ahora bien, los datos anuales del INEGI establecen que mientras que el 60% de la población masculina ya tenía sentencia, en el caso de las mujeres este no es el caso.
En mujeres, la proporción es uno a uno. Mientras que el incremento de hombres en prisión preventiva oficiosa, de 2019 a agosto de 2020, fue de 17.9%, el número de mujeres creció en 24.6% en el mismo periodo.
Tal parece que aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva no sólo no ha sido muy eficiente sino que ha generado nuevos problemas en el sistema penitenciario mexicano, tales como sobrepoblación e incertidumbre jurídica para casi la mitad de las personas privadas de su libertad.
