Libertad Reyes estaba anotando las placas de una patrulla en la que llegaron cinco mujeres policías cuando “por atrás de mi llega una oficial, me ahorca hacia atrás, me somete y junto con otras dos chicas, también oficiales, me avientan a la patrulla y me esposan”, dijo la joven en una conferencia de prensa virtual.
Libertad no fue a la manifestación que se realizó el 22 de agosto en León, Guanajuato para exigir justicia por Evelyn, una chica agredida sexualmente por policías de la entidad. Sin embargo, ella acudió al lugar de la protesta ese mismo día, cuando supo que había una mujer detenida y otra herida.
A Libertad y a 21 mujeres más las detuvieron violentamente y las tuvieron incomunicadas.
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“Nos tomaron fotos con sus celulares. Nos decían que nos iban a desnudar, que nos iban a golpear e infinidad de cosas violentas. En particular, recibí una amenaza directa y violenta. No sabíamos si íbamos a salir vivas de ahí. Después de muchas horas salimos, en la madrugada”,
Libertad Reyes en conferencia de prensa virtual.
Pero las agresiones por parte de las policías y las detenciones arbitrarias de las que fueron víctimas las 22 mujeres, incluyendo a Libertad, no son casos aislados.
Violencia sistemática
Amnistía Internacional México documentó, en su informe La era de las mujeres, cómo distintas autoridades del país han respondido a las manifestaciones, con participantes mujeres mayoritariamente, con violencia y vulneración de derechos humanos.
A pesar de que las manifestaciones están protegidas por el derecho humano de asociarse y reunirse de manera pacífica, “las autoridades responden con excesivo e innecesario uso de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias, abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”.
La sociedad civil contabilizó más de 10 protestas, en 2020, en las que se exigía justicia por algún tipo de violencia contra mujeres.
Amnistía analizó cinco de esas protestas, incluyendo la de León, Guanajuato, luego de recibir información de que en esos cinco casos hubo violencia de género o de derechos humanos que solo afectaron a las mujeres.
Las cuatro manifestaciones restantes, estudiadas por Amnistía Internacional, ocurrieron en el Estado de México, la Ciudad de México, Quintana Roo y Sinaloa.
La manifestación que no ocurrió
La policía municipal de Culiacán, Sinaloa, “detuvo preventivamente” a tres mujeres que pretendían manifestarse el 10 de septiembre de 2020, porque sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad.
Priscila y sus compañeras vieron que los policías “tenían mala actitud” así que decidieron regresar a sus casas. Ellas no gritaron consignas, ni tenían pancartas, ni hicieron pintas, ni nada; solo caminaban.
”Una patrulla se detuvo. Nos dijeron groserías. Se pararon frente a nosotras de manera retadora. Nos incriminan, nos esposaron. No se identificaron. No permitieron que habláramos con nuestra familia”,
Priscila Salas, en conferencia de prensa virtual.
Un juez cívico les impuso una multa por “escandalizar en la vía pública”, a pesar de que no especificó la conducta concreta que consideraba un escándalo contrario al orden público.
La manifestación que no ocurrió hubiera sido en contra de las declaraciones de Liliana Pimentel, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF, quien llamó “niñas ingobernables” a dos menores de edad que fueron calcinadas.
¿Quieren “aleccionar” a las mujeres que protestan?
Una de las preocupaciones de Amnistía es que la policía use violencia sexual contra las manifestantes “como una táctica para aleccionar a las manifestantes por, supuestamente, estar comportándose de forma contraria al orden público”.
Las mujeres detenidas tuvieron miedo de ser víctimas de desaparición forzada, recibieron insultos y amenazas de índole sexual y algunas fueron sometidas a exámenes médicos en presencia de personal distinto al de salud.
Amnistía registró al menos cuatro casos de tocamientos sexuales contra manifestantes cometidos por personal policiaco: dos en Guanajuato y dos en Ecatepec, Estado de México. Además de dos mujeres víctimas de violación sexual en Quintana Roo.
Las agresiones sexuales en contra de las mujeres parecen ser una práctica común entre los policías. Tan solo en los primeros seis meses de 2020 se registraron 93 carpetas de investigación en contra de elementos de instituciones policiales de la Ciudad de México por estos delitos.
No son manifestantes violentas
Pintas en paredes, pisos y monumentos públicos o lanzar diamantina y harina en las calles y hacía funcionarias o funcionarios públicos “no pone en riesgo la integridad de las personas y, por lo tanto, no pueden ser clasificadas como violentas”, señaló Amnistía Internacional.
Las expresiones como pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales “están protegidas por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión”, según el informe La era de las mujeres.
“Si les molesta que salgamos las chicas a marchar, que hagan su trabajo, que realmente nos cuiden porque no saldríamos a gritar que nos están matando si hicieran algo para que no nos mataran”,
Naomi Quetzaly Rojas Domínguez, feminista manifestante en Quintana Roo.
Y es que en México se asesinan a entre 10 y 11 mujeres al día, en promedio.
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La protesta más reciente
“¡Un violador no será gobernador! ¡Un violador no será gobernador!”, gritaban las mujeres que protestaban afuera de Palacio Nacional en contra de las últimas declaraciones del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, del partido Morena.
Salgado Macedonio, quien tiene denuncias por violación y abuso sexual, dijo estar listo para participar nuevamente en la encuesta que va a realizar su partido, Morena, para que elijan a su nuevo o nueva candidata a la gubernatura de Guerrero.
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El grupo de manifestantes fue encapsulado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre la calle 20 de noviembre, en la colonia Centro de la capital.
Luego las mujeres policías las presionaron para que se retiraran hacia el metro Pino Suárez, donde realizaron pintas.
Amnistía Internacional hizo algunas recomendaciones a todas las autoridades del país; entre ellas:
- Dejar de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes.
- Reconocer que pintar consignas o modificar monumentos no pueden ser considerados actos violentos que den lugar al uso de la fuerza o detenciones.
- Garantizar el derecho de reunión de forma anónima.
- Adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
- Garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada de quienes han sufrido violencia de género.
- Fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, asignando los recursos necesarios y garantizando que exista coordinación interinstitucional en su implementación.
- Garantizar que ninguna persona sea detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión o de reunión pacífica.
Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se esperan manifestaciones en México y en el mundo. ¿Podrán las autoridades gubernamentales mexicanas seguir las recomendaciones de Amnistía Internacional?
