Poco antes de que asesinaran al alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, información extraída por el hackeo del colectivo Guacamaya hizo evidente que había vínculos entre políticos locales y el grupo delincuencial de Los Tequileros en esta región guerrerense de Tierra Caliente.
El asesinato de Mendoza Almeda muestra que “la espiral de violencia política ha escalado en los últimos cuatro años”, advierte el director general de Etellekt Consultores, Rubén Salazar Vázquez. Si bien es preocupante el homicidio de 60 ediles, 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo alarmante también está en el daño a la democracia.
La violencia política, nos dice Salazar Vázquez, se está “convirtiendo en un instrumento de competencia electoral que amenaza con dañar la equidad y certeza de los comicios, la confiabilidad de las autoridades electas y el futuro de la gobernabilidad democrática”.
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Datos contenidos en el informe Violencia Política en México, Proceso Electoral 2022 elaborado por Etellekt Consultores, indica que desde que se dio la alternancia en el poder con AMLO, los comicios de 2018 y 2021 “han sido los más violentos en cifras absolutas” con 1,840 crímenes hacia políticos, que van desde homicidios, amenazas, secuestros y asaltos.
Poco alentador resulta para el analista este contexto. “Es un fenómeno que no tiene todavía remedio alguno, ni siquiera con todos estos avances en materia democrática”, se resigna.
Desde que en la presidencia de Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico a la fecha la violencia política se ha recrudecido, llegando a crímenes donde conjugan la “narcopolítica” con la “impunidad” y se incrementa conforme se acercan procesos electorales.
“El poder en México no se está dirimiendo precisamente en las urnas, se está convirtiendo en un instrumento de violencia político electoral”, nos explica el analista y consultor.
Para él, el factor central es la misma violencia y alerta que “conforme se acerquen las elecciones del 23-24”, es muy probable que aumenten las agresiones contra los actores políticos.
Para Etellekt Consultores las filtraciones de documentos de inteligencia militar evidencian “un caudal muy importante de vínculos políticos” en los ámbitos municipal, estatal y federal con grupos delictivos. Salazar Vázquez comenta que en documentos a los que ha tenido acceso se relaciona a “elementos del Ejército con grupos delictivos en Jalisco. Es una situación que sí puede desatar una ola de represalias”.
Entre los correos hackeados a la Sedena se desvelan supuestos encuentros organizados por narcotraficantes y los pagos a funcionarios municipales, estatales y federales. Entre los gobernantes señalados se encuentran Enrique Alfaro, de Jalisco; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos y Cuitláhuac García, de Veracruz; así como funcionarios de Guerrero y el Estado de México, publicó el semanario Proceso.
Si bien estas filtraciones desnudan a alcaldes y a funcionarios municipales, también “pone en riesgo y hace muy vulnerable a las autoridades”, debido a que entre los documentos de SedenaLeaks se da cuenta de la relación de “policías de los tres niveles e incluso elementos de la Guardia Nacional”, lo que contribuye a la violencia política y mina la democracia.
Entre estos nombres aparece el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Siendo gobernador de Tabasco desestimó un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi), en que se refiere que Hernán Bermúdez Requeña, Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalos tendrían posibles nexos con La Barredora, una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a ello, el mandatario los ubicó en puestos estratégicos de seguridad, según recopiló InSight Crime.
Está claro que la violencia política daña a la democracia y a todos los partidos, pero una característica particular desde el año 2000 es que ataca más a ediles de oposición. Detalla el director de Etellekt Consultores que desde el fin del “régimen hegemónico del PRI” se otorgó mayor poder a los alcaldes y “ahí creció el problema”.
Los grupos delictivos sacaron tajada de esta situación y bajo amenazas, extorsiones, asesinatos se han posicionado y alcanzado acuerdos que les permiten explotar negocios lícitos e ilícitos.
“Ese autoritarismo que llegamos a ver a nivel federal y estatal se traspasó a los 2,471 alcaldes”. El asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, es muestra de la “incertidumbre entre los grupos delictivos hegemónicos ante las alternancias políticas”.
Salazar Vázquez dice que estas relaciones entre políticos y criminales “están construyendo, desde nuestro punto de vista, autoritarismos locales, a escala gradual” que no le dan paso a nuevos perfiles en esos municipios porque “ahí está un cacique, pero peor aún, ya estableció sus pactos con grupos delictivos y formó sus propias bandas para controlar el poder y las actividades económicas”.
Cuando hay candidatos de otro partido que amenazan con romper la hegemonía de estos caciques, “en algunos casos los han asesinado, en otros los amedrentan, los intimidan, los amenazan, ese competir por el poder a nivel local, en términos de igualdad y sobre todo sin el temor a ser objeto de atentados, es muy difícil si no formas parte de esos esquemas de poder a nivel local donde la delincuencia juega un papel importante porque opera como un brazo armado y también obtiene beneficios en la construcción de estos nuevos autoritarismos”, nos explica.
El director general de Etellekt Consultores, Rubén Salazar Vázquez estima que “el Estado de México va a ser un buen laboratorio, así como el 2023”; sin embargo, el panorama actual exhibe a “la violencia política en donde el propio Estado está buscando ejercer su poder anulando a la oposición”.
