Imagínate, sólo por un momento, ser criado por la persona que asesinó a tu madre. Suena a historia de terror, ¿verdad? Pues justamente eso es lo que está tratando de impedir la Ley Monzón nombrada así en honor a la abogada y activista poblana Cecilia Monzón quien fue asesinada en 2022 y el principal autor del delito resultó ser el padre de su hijo.
El Congreso de su estado, Puebla, le hizo justicia a Cecilia Monzón creando una ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla para quienes están siendo investigados por feminicidio.
Recientemente en Guanajuato la bancada feminista del Congreso del estado presentó la iniciativa para incorporar la Ley Monzón en la legislación local y en marzo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció que pediría su aprobación en el Congreso.
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Otros estados que están en la misma sintonía son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.
Incluso la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado de Puebla, Mónica Silva Ruiz se aventuró a anunciar que la Ley Monzón podría llegar a nivel federal, ya que su objetivo es proteger a las infancias y adolescencias.
Esto es una posibilidad ya que se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por el Senado de la República. El Código busca homologar los procedimientos en los estados, como pasó con el Código Penal en 2011, nos dijo la abogada feminista Julia Escalante.
Sin embargo, la abogada nos explicó que antes de que entre en vigor el nuevo Código Nacional y para todos los procesos anteriores, sigue habiendo una disparidad en las leyes estatales para la tipificación del feminicidio, de violencia familiar y de regulación de la patria potestad, por lo que la Ley Monzón es necesaria en nuestro sistema de justicia.
Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia es el objetivo
Es importante señalar que la tipificación de la violencia intrafamiliar considera que si el progenitor genera violencia contra el o la menor, esa es una causal de pérdida de la patria potestad.
“¿Qué más violencia que el homicidio o el feminicidio de la madre? Esa es violencia sí misma. Las personas que se quedan con la custodia de esos menores -la familia de la madre, por ejemplo- después de un feminicidio tienen que hacer el proceso de pérdida de la patria potestad, cosa que no es tan sencilla, aunque se pueda pensar que es muy rápido”, destacó la abogada Julia Escalante.
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La especialista detalló que por la vía familiar la violencia contra el menor se tiene que probar, lo que implica someter a las y los hijos a procesos de peritaje para demostrar que efectivamente vivieron violencia.
Los jueces tienen resistencias a quitarle la patria potestad a los progenitores incluso cuando hay violencia contra las y los hijos o incumplimiento de la obligación alimentaria, acusó la entrevistada.
“Si tú te imaginas a una familia que perdió a su hija y que está buscando el acceso a la justicia por la vía penal y luego tiene que hacer por la vía familiar el juicio de la pérdida de la patria potestad… es una carga extra para la familia en lo económico y en lo emocional”, resaltó.
Se pierde la patria potestad, pero no las obligaciones del padre
Es importante destacar que la pérdida de la patria potestad no le exime a la persona del cumplimiento de las obligaciones como la pensión alimenticia, destacó Julia Escalante. “No es un tema de venganza contra el progenitor que cometió el delito, es un tema de protección y de garantía de derechos de las y los menores”, puntualizó.
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La especialista nos explicó que con la Ley Monzón inmediatamente que se inicia la carpeta investigación por el presunto feminicidio de una mujer se puede suspender la patria potestad si el progenitor está como presunto autor del delito y se puede declarar definitiva con la sentencia penal en ese mismo momento.
Esta ley que afortunadamente están tratando de implementar cada vez más estados se asegura de que las niñas, niños, adolescentes y sus familiares no tengan que sufrir un viacrucis para garantizar su bienestar. Y sobre todo, que no quepa la posibilidad de que esos hijos e hijas queden a cargo de un asesino.
