Si a los partidos políticos se les sancionara con quitarles presupuesto por incumplir sus compromisos y propuestas de campaña, “se lo pensarían varias veces” antes de firmar documentos ante notario o ciertas autoridades, los cuales al final son solo medidas electoreras y propagandísticas.
“No son compromisos serios ni vinculantes; como ya hemos visto en otros sexenios, tampoco tienen una referencia con la realidad”, nos explicó el politólogo Jorge Márquez al referirse a las firmas de compromisos que en años recientes han implementado aspirantes a cargos de elección popular como parte de sus campañas, en su afán por ganar votos.
En este sentido, hay que señalar que las y los notarios públicos no son autoridades que puedan sancionar a las y los candidatos en caso de incumplimiento de los compromisos firmados. Incluso -según expertos- a los notarios no se les considera autoridad en diversos órdenes en materia de amparo. De hecho, tras una declaración en un sentido, los firmantes podrían hacer otra en sentido opuesto sin ser sancionados.
Con este contexto, el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM se pronunció porque en la ley electoral se establezca que cada propuesta que hagan las y los candidatos detalle de dónde saldrá el dinero y cómo lo ejercerán, por ejemplo. “Porque eso es lo que sucede: las propuestas nunca van respaldadas del cómo, y eso hace muy fácil que se zafen de los compromisos”, criticó el académico.
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Asimismo, precisó Márquez, la ley electoral debería estipular sanciones para que esos compromisos firmados tengan sentido: “los partidos van a estar muy interesados en darles seguimiento y si hay sanciones para mi enemigo, pues claro que les voy a dar seguimiento para que cumplan y si no es así, denunciarlos”.
El doctor en Ciencia Política detalló que la sanción más común por parte del Instituto Nacional Electoral es reteniendo el presupuesto de los partidos. “Lo que se retenga se puede transparentar e ir a temas prioritarios como ciencia o salud; esto traería mucha aceptación de la ciudadanía y partidos en general. Si ya cuesta dinero, se lo pensarían varias veces (antes de andar prometiendo)”, abundó el especialista.
¿Prometer no empobrece?
Es de recordar que desde hace algunos años se puso de moda que candidatos y candidatas firmaran ante notario público sus promesas de campaña, como una manera de ganar credibilidad ante el electorado. Sin embargo, en los hechos tales firmas de compromisos no han garantizado su cabal cumplimiento por parte de las y los políticos cuando llegan al poder.
Uno de los precursores de esa estrategia mediática -la cual le dio buenos resultados- fue el priista Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña para gobernador del Estado de México en 2006 hizo famosa la frase “Te lo firmo y te lo cumplo”. Luego en 2012 para contender por la Presidencia también realizó la misma campaña. Otros políticos siguieron su ejemplo, como el ya fallecido ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle.
Según información periodística, de 266 compromisos firmados ante notario público, Peña Nieto incumplió el 60%, seis de cada 10 promesas. Mientras que Moreno Valle ofreció que no despediría a ningún trabajador del gobierno estatal, pero ya en el cargo 14,000 personas perdieron su empleo. En ninguno de los casos hubo acciones legales para obligarlos a cumplir sus compromisos, los cuales quedaron en “letra muerta”.
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En tanto, aunque no los firmó ante notario público, Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos en el Zócalo, el 1 de diciembre de 2018. De tales promesas, el mandatario afirmó en su Segundo Informe de Gobierno, en septiembre de 2020, que ya se habían cumplido 95 y que solo estaban pendientes “cinco compromisos o en proceso de que se cumplan”, sin precisar cuáles.
“Recuerdo que una de las grandes promesas de campaña de López Obrador era la desmilitarización de la seguridad (mediante la Guardia Nacional), pero ve lo que hizo en cuanto llegó al poder. Es decir, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente, porque inmediatamente que llegas al puesto te das cuenta de que todo es 10 veces más complejo de lo que habías pensado en campaña”, nos señaló Jorge Márquez sobre este tema.
Respecto al porcentaje de cumplimiento o no de las promesas firmadas por las y los aspirantes, el profesor de la UNAM nos aclaró que por lo general no hay un seguimiento de los compromisos de campaña adquiridos, salvo por la clase política interesada y algunos periodistas. “Entonces ni en lo legal y electoral (el incumplimiento) tiene alguna consecuencia. ¿Quién le da seguimiento a los compromisos? Muy pocos”, precisó.
Más y más compromisos firmados, pero… ¿sirven de algo?
Como parte del actual proceso electoral -el más grande en la historia de México, pues el próximo 2 de junio se votará por más de 19 mil cargos públicos en todo el país-, los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco firmaron siete compromisos “por la integridad” en marzo de 2024.
Los compromisos firmados por Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano), Claudia Delgadillo (Morena) y Laura Haro (PRI-PAN-PRD) tienen que ver con combate a la corrupción, transparencia en contratos de obras públicas y auditorías ciudadanas, entre otros temas.
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En tanto, a inicios de abril de 2024 la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) anunció que buscará la firma de compromisos contra la corrupción por parte de las dos candidatas y el candidato presidencial, Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM), Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD) y Jorge Álvarez Máynez (MC), así como de las y los aspirantes al Congreso de la Unión.
“Cuando el ganador firme, podremos tener una medición y nosotros tendremos un indicador para determinar si el candidato en funciones cumplió o no con la promesa de campaña, ya que actualmente no existe un indicador de cumplimiento de compromisos y promesas”, dijo al respecto el presidente de Concanaco, Octavio de la Torre.
Y recientemente los tres abanderados presidenciales firmaron el llamado “Compromiso por la Paz”, auspiciado por la Iglesia católica, a fin de generar estrategias efectivas contra la inseguridad en México. En este punto, el maestro en Estudios Políticos y Sociales Jorge Márquez nos explicó que tal acuerdo se puede incumplir, ya que se trata solo de un acto de buena fe por parte de los candidatos.
“La candidata oficialista (Sheinbaum) lo tachoneó todo y no le gustó; dijo que no aceptaba las premisas; entonces ella en los hechos no se comprometió, pero los otros candidatos sí. Pienso que será una medida de presión… aunque no jurídica, pues si en el mediano plazo van incumpliendo, se les saca una y otra vez el documento y se les muestra para presionarlos cuando sean gobierno”, resaltó el especialista.
Márquez finalizó que por el momento no hay nada que obligue a cumplir a las y los aspirantes a cargos de elección, “salvo la crítica de sus enemigos y el voto de castigo, pero no hay medidas serias para sancionar”.
