El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lamentó que a pesar de algunos avances por parte de las autoridades, las desapariciones siguen siendo un problema “generalizado” en México y la impunidad es “casi absoluta”.
Según el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada, en nuestro país hay más de 111,000 personas desaparecidas desde 1962 y más de 53,000 cuerpos o restos humanos sin identificar.
Asimismo, la instancia de Naciones Unidas destacó que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende a un promedio de 400 personas al mes, aunque -advirtió- “la deficiente investigación tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
El Comité criticó que hay una “falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales” en las desapariciones forzadas en México. También indicó “la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”.
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“Investigación no es prioridad”
En su informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU explicó que la investigación y persecución penal de este delito y de la desaparición cometida por particulares “continúan sin ser priorizadas”.
Asimismo, el mecanismo lamentó la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. Igualmente, expresó su preocupación por la publicación del decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y la falta de controles civiles eficaces.
Los expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas alertaron sobre el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, y señalaron que el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero son los estados con los registros más altos en la materia.
En el informe también se habla del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses mexicanos, los cuales quedan desbordados y son incapaces de su adecuada identificación y conservación.
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Al respecto, la información recibida por el gobierno de México indica que el 89% de los 53,347 cuerpos o restos humanos almacenados no se identificó durante 2022.
Tomar en cuenta a las familias
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomendó al gobierno mexicano que apruebe en breve el Reglamento de la Ley General y de la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar un proceso abierto “que incluya a los familiares de personas desaparecidas”.
Las y los expertos criticaron que “los familiares y allegados de las personas desaparecidas continúan encargándose de la búsqueda, (cuando es) una investigación que le compete al Estado”. Además, se señalaron las dificultades de acceso de las familias y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y el cierre de espacios de participación en asuntos que les conciernen.
“Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares” acusados de “ocultar el paradero de sus seres queridos”, se agregó en el informe.
Entre otras fallas detectadas en la búsqueda de personas desaparecidas está “la poca claridad sobre las competencias de las instituciones que participan en la búsqueda”. Finalmente, otro obstáculo es la exigencia de algunas autoridades de que pasen hasta 72 horas después de una desaparición para poder denunciar, “impidiendo la búsqueda inmediata”, indicó el Comité.
