Con un presupuesto de 528 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral organizó y realizó la primera consulta popular a nivel nacional, solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace casi un año.
Aunque no es el primer ejercicio de este tipo, sí es el primero que organiza el Instituto Electoral, luego de que en 2014 el ahora expresidente Enrique Peña Nieto expidiera la Ley Federal de Consulta Popular con base en el artículo 35 de la Constitución mexicana.
Con un abstencionismo de 93%, la consulta popular quedó muy lejos de que sus resultados sean obligatorios para las autoridades. La ley requiere que participen al menos 37.4 millones personas de las 93.6 millones registradas en la lista nominal del padrón electoral para ser vinculante, es decir obligatoria.
También puedes leer: Domingo de barbacoa
En la jornada del domingo 1 de agosto apenas emitieron su voto alrededor de 7 millones de personas, un número muy por debajo de los 30 millones de electores que llevaron a López Obrador a la Presidencia en 2018.
Sin embargo, en su conferencia de prensa matutina del 2 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que de cualquier manera puede haber juicios en contra de los ex mandatarios, una de las promesas que impulsó la consulta popular.
“Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios; la autoridad tiene, en todo momento, derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y, de esa manera, vinculatoria. Pero, de todas maneras, es importante”, dijo.
Una consulta popular… del presidente
En la conferencia de prensa matutina del 15 de septiembre de 2020 Andrés Manuel López Obrador informó que enviaría al Senado la solicitud para la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que gobernaron México entre 1988 y 2018.
Ese día se hizo acompañar del consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien fue el encargado de entregar al Senado un documento en el que exponía los motivos por los que el mandatario mexicano consideraba que era necesario llevar a cabo este ejercicio.
Te puede interesar: Consulta ciudadana aprobada por la Corte: no queda claro qué fue lo que aprobaron
El presidente López Obrador leyó la pregunta que proponía para plantearle a la ciudadanía:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, dijo.
Y aunque la ley establece que la consulta popular se realiza el primer domingo de agosto, López Obrador propuso que la consulta se hiciera a la par que las elecciones federales del 6 de junio.
Tras recibir el documento de AMLO, la Mesa Directiva del Senado lo turnó a la Suprema Corte que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Federal de la Consulta Popular, tuvo 20 días para revisar si la solicitud del Presidente era o no constitucional.
Más información: Juicio a expresidentes: consulta es constitucional pero modificaron la pregunta: ¿qué pasó en la Corte?
El análisis de la solicitud lo hizo el ministro Luis María Aguilar quien presentó su proyecto. En este consideró que la consulta popular solicitada por AMLO era inconstitucional, pues atentaba contra los derechos humanos de los y las mexicanas y la presunción de inocencia.
“La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica, necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional. A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública”, sostuvo.
“El efecto que puede derivarse de la consulta popular en los términos ahora planteados podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia”.
También puedes leer: Rehén de las consultas
Sin embargo, con 6 votos a favor y 5 en contra, la Suprema Corte resolvió que la consulta popular era constitucional. Con 8 votos determinó cambiar la pregunta y hasta la redactó para que quedara así:
“¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Luego que la Corte dio luz verde a la consulta, el INE interpuso la controversia constitucional 203/2020 para solicitar más recursos para llevarla a cabo. La SCJN denegó la petición.
En noviembre de 2020, un grupo de ciudadanos entregó al Senado firmas de apoyo a la consulta ciudadana, pero tras revisarlas, el INE detectó que 5,530 firmas de las personas que supuestamente otorgaron su apoyo, en realidad habían sido dadas de baja de la Lista Nominal por defunción, algunos desde 1999.
Conoce más sobre el tema: Y después del 6 de junio: la consulta para enjuiciar a ex presidentes
A esto se sumaron reclamos por parte del presidente López Obrador de que la consulta se realizaría casi dos meses después de las elecciones de junio y acusaciones de escasa difusión en medios de comunicación.
Finalmente la consulta se realizó, y a pesar de la baja participación, AMLO la consideró como un éxito para este tipo de ejercicios.
“La democracia no fracasa”, dijo.
Otros ejercicios de democracia participativa
En Gran Bretaña, el Brexit fue un referendo que decidió la separación del resto de la Unión Europea; en Chile, el plebiscito de 1988 decidió terminar con el gobierno del dictador Augusto Pinochet; en Nueva Zelanda, otro referendo, en octubre de 2020 avaló la eutanasia.
En todos los casos, la consulta popular, el plebiscito y el referendo son mecanismos de democracia participativa y responden a problemas de índole nacional o hasta ontológicos, como en el caso de la eutanasia en Nueva Zelanda.
Te recomendamos leer: ¿Qué es el Brexit y por qué nos importa?
México tampoco es nuevo en este tipo de experiencias. Mediante un plebiscito en 1993 -en el que participaron 330,812 personas- se avaló la reforma política del Distrito Federal.
Esto permitió que los habitantes de la Ciudad de México pudieran elegir a su gobernante, lo que no ocurría, ya que en la capital el jefe de gobierno era un regente nombrado por el presidente en turno.
En aquella ocasión las preguntas fueron:
“1. ¿Está de acuerdo en que los gobernantes del D.F. sean elegidos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos? 2. ¿Está de acuerdo en que el D.F. cuente con un poder legislativo propio? y, 3. ¿Está de acuerdo en que el Distrito Federal se convierta en un estado de la federación?”
Te puede interesar: La consulta para perdonar ex presidentes
Votaron a favor 280 mil 499 personas, es decir el 84.8% de los sufragios.
Tras esta consulta el resultado inmediato fue que los capitalinos pudieron elegir a su gobernante en 1997. El primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México fue Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD.
Pero tras la consulta del domingo todavía queda la pregunta ¿cambiará algo?
