Desabasto de medicamentos: dos años de incompetencia letal

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El desabasto de medicamentos es un problema público que se agudizó a finales de 2019, tanto por las reformas para trasladar facultades de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP o Hacienda), como por la llegada de la pandemia de la COVID-19. 

Esta crisis ha afectado a muchos mexicanos y principalmente a los que padecen de enfermedades degenerativas, pero ¿es culpa de farmacéuticas “monopólicas”, como han dicho diferentes funcionarios en sus declaraciones, o es culpa de Hacienda? 

Error tras error: inicios de la crisis

En marzo 2019, la oficina de la Presidencia de la República sacó un memorándum para la SHCP en el cual vetaban a las tres farmacéuticas que fungían como principales proveedoras del gobierno (Grufesa, Dimesa y Maypo) de participar en licitaciones porque por años surtieron al gobierno con contratos “monopólicos, millonarios y corruptos.” 

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Poco después del veto, el gobierno anunció nuevas licitaciones. Con base en esto pronosticaba recibir y surtir medicinas en julio de 2019 porque supuestamente las licitaciones serían entre el 26 de abril y el 13 de mayo de aquel año. 

Según el cronograma, el gobierno iba a realizar la junta de aclaraciones al concurso a finales de mayo, la apertura de ofertas el 6 de junio, se haría la evaluación técnica y se recibirían los productos en julio. 

Esta adquisición iba a ser la primera con las nuevas reformas del gobierno de AMLO a los procesos de compras. Antes de las reformas, cada organismo tenía una dependencia encargada de las compras de medicinas e insumos, y ahora la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda se encargaba de esto. Así lo explicó Angélica Ivonne Cisneros Luján, comisionada de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en entrevista para El Economista.

Desde el veto y ante la tardanza de las licitaciones, integrantes de la sociedad civil (sobre todo de organizaciones en defensa de pacientes de VIH y cáncer) comenzaron a manifestarse por su preocupación ante el posible desabasto de medicamentos ante la CNDH. 

Como respuesta, el 23 de abril de 2019, el subdirector de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, envió un escrito a Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH, donde negaba que hubiera escasez, aseguró que habría dotación para inicios de junio e incluso dijo que en abril se haría la primera entrega de fármacos adquiridos bajo adjudicación directa. 

Sin embargo, el 25 de abril, tan sólo dos días después, López-Gatell, envió un oficio (SPPS-1063-2019) a Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Salud, en el que le advertía del “riesgo inminente de desabasto” de antirretrovirales a partir de los primeros días de mayo. Lo anterior implicaba “limitar el acceso” a los más de 97 mil pacientes atendidos por la SS, como documentó la revista Proceso

En mayo de 2019 se supo que López-Gatell había mentido y explotó la crisis de los medicamentos: las licitaciones aún no eran publicadas y había renunciado Germán Martínez, titular del IMSS, por los recortes, las fallas en el presupuesto y el mal funcionamiento de Hacienda.

La respuesta de la SHCP fue sacar la licitación para medicinas en junio y comprometerse a que todo el proceso sería mucho más rápido para abastecer en julio, pero todo se atrasó porque los 311 laboratorios participantes sumaban más de seis mil comentarios porque consideraban que la licitación estaba mal hecha

A finales de junio, tanto Gobernación como Hacienda emitieron un comunicado donde afirman que el gobierno había realizado las compras y ahorrado mil millones en el proceso, pero no mencionaron que la licitación se había declarado desierta para 62% del total de lo que se necesitaba (faltaban 1,923 productos de proveedor, entre ellos, 655 medicinas).

Sin resolverse el primer desabasto, en diciembre se dio la segunda licitación del año para asegurar los productos de 2020. El gobierno volvió a tener de proveedores a las empresas vetadas a principios del año, pero seguían arrastrando un problema grave de desabasto, la pandemia de la COVID-19 ya estaba en puerta y los proveedores de esta licitación tendrían que surtir hasta marzo de 2020.

A principios de 2020, una de las propuestas del gobierno federal fue modificar la ley para comprar medicamentos más rápido que no necesariamente contaran con el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Pero ¿esta medida fue suficiente?

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Recetas no surtidas

La organización civil Nosotrxs realizó un reporte donde mapea el desabasto entre 2019 y 2020 con base en más de 360 solicitudes de información sobre la metodología de control y monitoreo de recetas, surtimiento de las mismas y canje de vales de medicamentos. Descubrió que las medidas para acelerar la compra de medicamentos no han sido suficientes y han incrementado el problema.

Según la información proporcionada por el IMSS a Nosotrxs, en 2019 la institución emitió 227 millones recetas, en 2020, 203 millones, o sea, 24 millones menos. En el primer año, 98% fueron surtidas de forma efectiva, mientras que en el siguiente esa cifra cayó a 92%, aún cuando hubo una menor cantidad de recetas emitidas. 

Es decir, aún con menos recetas emitidas en 2020, la falta de acceso a medicinas aumentó de forma considerable y la falta de acceso a medicamentos se agravó: las recetas no eran surtidas con todos los medicamentos de la receta o eran negadas por falta de medicinas.

En el caso de las farmacias del ISSSTE, una de cada cinco recetas no es surtida de forma completa. La mayoría de las recetas fueron surtidas de forma parcial, es decir, que uno o dos de los medicamentos de la receta no pudieron ser entregados mientras que los otros sí. Sin embargo, solamente el 8.8% de la población mexicana es derechohabiente de esta institución (INEGI, 2020) y el porcentaje de recetas no surtidas efectivamente es el 22% del total de las que se emiten.

La actual crisis por desabasto de medicamentos en México tiene sus orígenes en una deficiente gestión en salud. Además, la pandemia debilitó el sistema de salud pública, ya de por sí frágil. 

A partir de marzo de 2020 la atención se concentró en la atención de personas enfermas de COVID-19, pese a los múltiples problemas en el tratamiento de enfermedades preexistentes. Esta situación afectó a pacientes que, previo a la pandemia, ya enfrentaban una situación de desabasto en las farmacias públicas.

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