En los últimos años se han incrementado los casos de linchamientos en Puebla. El más reciente fue el de Daniel Picazo, abogado y asesor del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, ocurrido en la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, Puebla, el pasado 10 de junio.
Los linchamientos, nos dice Felipe Gaytán Alcalá, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle, tienen que ver con “la incapacidad del Estado y las autoridades de castigar a los responsables de un delito”.
Esa falta de castigo, explica Gaytán Alcalá, ha llevado a las personas a “tomar la justicia por su propia mano” aunque se esté fuera de todas las normas y se violenten los derechos humanos. En lo ocurrido con Daniel Picazo en Puebla, la gente manifestó “ese miedo a lo extraño” y esa agitación “colectiva que desata lo más salvaje de uno y rompe con las normas”.
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Se incrementan los casos en Puebla
El doctor en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Tadeo Luna de la Mora, precisa que “los linchamientos son producto de la descomposición de las estructuras sociales”.
Luna de la Mora ha documentado la preocupante situación en el estado de Puebla. De acuerdo con datos ofrecidos en la investigación, “Linchamientos. Violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos”, entre 2015 y 2019 los linchamientos se incrementaron en un 600%.
“Las víctimas mueren por los golpes, pero en 13 casos se recurrió al fuego”, mencionó el especialista. “En 54 municipios poblanos, de 217, registraron al menos un intento de linchamiento. Aunque Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Amozoc y Atlixco concentran 55% de los casos”.
Desde policías hasta asaltantes entre los linchamientos
Gaytán Alcalá nos habla también de la paradoja que encierran los linchamientos. “El caso de los policías federales en Tláhuac y que además fue televisado”, comenta el investigador. “Fue una barbarie televisada y nadie intervino”.
En 2004 los elementos de la Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles Barrera, Edgar Moreno Nolasco y Cristóbal Bonilla Martín fueron apresados y acusados de ser secuestradores. Los habitantes del pueblo de San Juan Ixtlayopan, en Tláhuac, los lincharon, dos murieron al ser quemados vivos.
“Uno empieza a hacer recuento de este tipo de cosas. Puede ver hacia atrás el caso de Tláhuac o en los 60 la referencia de Canoa en Puebla, cuando lincharon a unos universitarios”, señala el académico de La Salle.
Felipe López Veneroni, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tomó como ejemplo el caso de San Miguel Canoa, en Puebla, que llevó a la pantalla el cineasta Felipe Cazals en la cinta Canoa (1975). Cuando “un grupo de jóvenes universitarios fueron a escalar La Malinche y pasaron la noche en un pueblo. El cura empezó a incitar a la población a decir que eran comunistas, que iban a violar a sus hijas, a robar, a burlarse de ellos.
“Entonces se desató una respuesta de violencia contra estos jóvenes, incluso los lincharon y fueron mutilados a machetazos; uno sobrevivió. Este sería un ejemplo, sino de un discurso de odio como tal, sí de un miedo tan irracional, una postura irracional que condujo a una respuesta de odio” como parte del detonante para un linchaiento, nos dijo López Veneroni.
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El investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales mencionó lo que ocurrió en 2021 cuando a dos asaltantes que intentaron despojar de sus pertenencias a los pasajeros de una combi en Magdalena Atlicpac, en los Reyes La Paz, “los golpearon brutalmente y no lo tomaron como linchamiento, se tomó como justicia”.
En ciertas circunstancias, dice, “hasta la opinión pública lo celebra… Cuando se comprueba que son ladrones, entonces, se lo merecieron, pero si resulta que es una víctima inocente, ahí lo lamentamos. Es la paradoja de esto”.
PAN busca tipificarlos en el Código Penal
Este martes 21 de junio la senadora Josefina Vázquez Mota presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal. “¡No más impunidad! México necesita justicia”, señaló la legisladora en sus redes sociales.
En la iniciativa, Vázquez Mota señala que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha encontrado en los casos de linchamientos algunas constantes, entre las que destacan “falta de confianza en la policía y el sistema de justicia, además de la impunidad de la que disfrutarían los autores de crímenes”.
Ante la falta de cultura de la legalidad, expone la legisladora panista en el documento, de que se puede actuar impunemente bajo una pretendida justificación de que “aquí lo decide la gente”, y que no habrá penalización alguna.
Por lo que plantea implementar un capítulo y un artículo a los ya establecidos. Con lo que aquellos que en “forma tumultuaria” causen lesiones o asesinen a personas se le aplicarán penas por “homicidio calificado”.
Mientras que aquellos que inciten a actos violentos y obstaculicen la intervención de la autoridad se les “impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa”.
No es un fenómeno exclusivo en América Latina
Para el académico Gaytán Alcalá, los linchamientos no son exclusivos de Latinoamérica, “en Estados Unidos lo vimos cuando se dio el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump”.
“En mensajes y fake news instigaron los seguidores de Trump a que hubiera un linchamiento contra los congresistas que se encontraban en el Capitolio, entonces también se da en otras partes del mundo, por supuesto y en los países civilizados”, finalizó el experto.
